UN DEBATE DEMOCRÁTICO O AUTORITARIO

UN DEBATE DEMOCRÁTICO O AUTORITARIO

Norberto Bobbio decía que las verdaderas democracias se distinguen de los regímenes autoritarios porque en las primeras la política se practica dentro de reglas de juego claras, mientras que en los segundos no. Esta reflexión debemos tenerla muy en cuenta ahora que ha comenzado el debate de la reelección en Colombia.

05 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Norberto Bobbio decía que las verdaderas democracias se distinguen de los regímenes autoritarios porque en las primeras la política se practica dentro de reglas de juego claras, mientras que en los segundos no. Esta reflexión debemos tenerla muy en cuenta ahora que ha comenzado el debate de la reelección en Colombia.

Cuáles serán esas reglas de juego que deben asegurar que el debate de la reelección se adelantará dentro de cauces democráticos y no autoritarios? Esta es una inmensa pregunta que adquiere plena vigencia ahora que el Gobierno ha salido de la ambiguedad y ha aceptado francamente que busca y promueve la reelección del Primer Mandatario en el 2006.

La regla de oro que había presidido los debates electorales en Colombia era la de que el Gobierno debía ser imparcial, y, además, como la mujer del César, parecerlo. No siempre fue así, por supuesto. Pero cuando no lo fue era porque se estaba infringiendo la ley y no porque esta lo permitiera.

Por esa razón, ningún gobierno podía promover candidatos oficiales; ningún funcionario público podía participar en eventos proselitistas; los mecanismos presupuestales, burocráticos o contractuales del Estado que (así este sea pobre) son inmensos, no podían ponerse al servicio de una candidatura o de un partido determinado; los medios de comunicación públicos ( que son del Estado y no del gobierno de turno !) no podían asignarse tampoco al servicio exclusivo de una candidatura. Tal era el conjunto de reglas que regían la manera como se hacía hasta ahora la política en Colombia.

Con la reelección (y sobre todo con una reelección como esta, que cambia abruptamente, en mitad de camino, las reglas que estaban preestablecidas), la situación varía radicalmente. El Gobierno ya no podrá ser imparcial. Por una razón muy simple: de árbitro pasa a ser juez y parte. Ahora litigará en causa electoral propia.

Ahora bien: el problema es que para este nuevo escenario no existen reglas claras que digan cómo debe comportarse un Gobierno en trance de reelección para que, al mismo tiempo, el debate pueda seguir siendo democrático y no degenere en uno de corte autoritario, de acuerdo con la observación de Bobbio.

Las nuevas reglas no podría fijarlas el mismo Gobierno, que se convirtió en parte interesada. Pero alguien debe trazarlas, y rápido. El Congreso podría hacerlo, por supuesto, mediante ley. Pero infortunadamente tales leyes no se expedirán en la práctica sino dentro de varios meses, cuando ya la campaña reeleccionista esté próxima a concluir. Tal vez la Procuraduría -mientras tanto- podría sacar rápidamente una resolución trazando los límites que el Gobierno, a todos los niveles, debe observar perentoriamente.

De lo contrario, entraremos durante los meses venideros en el reino del permanente abuso de autoridad o en el de la constante suspicacia. Hoy existen, desde luego, normas vigentes que prohíben la intervención del Gobierno en los procesos electorales. Pero fueron normas dictadas para un contexto político diferente: cuando se suponía que no había un Presidente en ejercicio promoviendo su reelección.

Cuáles son los límites que los funcionarios públicos deberán observar en el debate reeleccionista? Qué puede hacer y qué no debe hacer el Presidente de la República en la promoción de su propia candidatura? Qué los embajadores, que hasta hace poco se creía que eran sus agentes para defender los intereses del país en el exterior y no para terciar en asuntos de política interna? Qué los mandatarios locales en los departamentos y en los municipios, cuya reelección comenzó a discutirse también la semana pasada en la comisión primera del Senado? Nada de esto está definido y es urgente precisarlo.

Quién definirá, por ejemplo, qué se entiende por interés público en las transmisiones de los medios de comunicación del Estado? La transmisión de un consejo comunal todo un sábado por los canales estatales de la televisión podría justificarse como un asunto de interés público en circunstancias normales. Pero, puede alegarse lo mismo cuando de lo que se tratará ahora es de promover directa o subliminalmente una reelección presidencial, de la misma manera que aconteció durante el Referendo?.

Estos interrogantes no son de poca monta. De su respuesta lúcida y rápida dependerá que el debate de la reelección -que ya arrancó- se desarrolle o por senderos democráticos o por caminos autoritarios.

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