ESTADO CONTRAATACA A MAGISTRADOS

ESTADO CONTRAATACA A MAGISTRADOS

Un pool de instituciones del Estado anunció ayer el comienzo de una batalla jurídica para impedir el pago de más de 400 mil millones de pesos a 1.300 funcionarios judiciales del país -entre magistrados, procuradores y fiscales delegados-, que alegan que se les deben bonificaciones de los últimos cuatro años.

06 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Un pool de instituciones del Estado anunció ayer el comienzo de una batalla jurídica para impedir el pago de más de 400 mil millones de pesos a 1.300 funcionarios judiciales del país -entre magistrados, procuradores y fiscales delegados-, que alegan que se les deben bonificaciones de los últimos cuatro años.

Ese dinero representa más del doble del presupuesto que el Gobierno tiene previsto invertir (250.000 millones) para implantar el nuevo sistema acusatorio que debe comenzar a regir a partir del 2005.

En la inusual iniciativa, que se debe concretar en una acción popular, participan los ministerios de Hacienda y del Interior y de Justicia, así como la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento de la Función Pública.

EL TIEMPO reveló el pasado en noviembre del año pasado que la deuda comenzó con una ley de 1988, la cual determinó que el salario de los magistrados de tribunales debía equivaler, por lo menos, al 80 por ciento de la remuneración de cada magistrado de la Corte Suprema. Sin embargo, los afectados con la medida afirmaron que en realidad la norma disminuyó su sueldo en más de 41 por ciento.

Para subsanar la brecha, en 1998, el entonces presidente Ernesto Samper expidió un decreto (el 610) de acuerdo con el cual a cada uno de los funcionarios afectados -1.339 en todo el país- se les otorgaba una bonificación permanente, de tal manera que sus salarios debían aumentar progresivamente hasta llegar en el 2001 al ya mencionado 80 por ciento de lo que devengan los magistrados de las altas cortes.

Es decir, si un titular de alta corte gana actualmente casi 16 millones de pesos, los salarios de ese grupo de funcionarios, con compensación y todo, deben llegar a los 10 millones de pesos. Actualmente perciben un promedio de 8 millones de pesos.

Sin embargo, esa bonificación que debía empezar a regir el primero de enero de 1999 fue suspendida -antes de entrar en vigencia- el 31 de diciembre de 1998 por el entonces presidente Andrés Pastrana, por considerar que vulneraba las metas macroeconómicas.

Los servidores judiciales demandaron la suspensión y el Consejo de Estado, en septiembre del 2001 en una sala de conjueces -porque los magistrados se declararon impedidos-, anuló el decreto del gobierno de Pastrana.

Con base en esa sentencia, la casi totalidad de los 1.339 funcionarios demandaron a la Nación para que se les reconociera retroactivamente el aumento decretado en 1999.

Sin embargo, ayer el Gobierno y los organismos de control anunciaron, a través de un comunicado de prensa conjunto, que presentarán una acción popular para defender el patrimonio público argumentando que el Consejo de Estado en -dos sentencias del 2002 y del 2001- estableció que esas normas no tienen eficacia jurídica y por lo tanto no pueden servir de fundamento para el reconocimiento de la prima de bonificación.

También indicaron que presentarán tutelas contra varios fallos judiciales -cuya cantidad no se ha precisado- que ya han sido fallados a favor de los demandantes por jueces de la República.

Incluso, la Procuraduría estudia la posibilidad de presentar denuncias penales contra los funcionarios públicos que hayan fallado.

FOTO/Mauricio Moreno EL TIEMPO.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lidera el reclamo contra los magistrados.

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