ORDENAN A GENERAL VELAR POR COMUNIDAD DE PAZ

ORDENAN A GENERAL VELAR POR COMUNIDAD DE PAZ

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno y al Ejército que cumplan sin dilaciones con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado colombiano a adoptar medidas provisionales de protecciónen favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia).

06 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno y al Ejército que cumplan sin dilaciones con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado colombiano a adoptar medidas provisionales de protecciónen favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia).

El alto tribunal colombiano emitió la orden luego de analizar una acción de tutela interpuesta por 12 integrantes de esa comunidad, quienes señalan que derechos como la vida, integridad, seguridad, libertad de locomoción, entre otros, están amenazados, según ellos, por acciones de actores armados ilegales y de agentes del Estado.

Los cerca de 3.000 habitantes de San José de Apartadó se declararon comunidad de paz el 23 de marzo de 1997 con el propósito de vivir en un territorio neutral y exigiendo el respeto de guerrilla y paras .

Sin embargo, siete años después, sus habitantes denuncian que ya son 130 los muertos por la confrontación armada y persisten graves amenazas de muerte.

Ante esta situación, el sacerdote jesuita Javier Giraldo con el respaldo de la Defensoría del Pueblo presentó una tutela para proteger la vida de 12 personas de la comunidad, que sienten particularmente amenazadas sus vidas.

En su escrito, Giraldo acusa a la Brigada 17 de adelantar un plan encaminado a desprestigiar y eliminar a integrantes de la comunidad.

Como pruebas adjuntó dos denuncias en las que señala que en febrero del 2003 una persona de la comunidad fue abordada por un general y un teniente , con la promesa de sacarlo de una lista de milicianos si denunciaba a los líderes de la congregación.

La otra denuncia es de una mujer, también de la comunidad, que fue detenida por el Ejército cuando iba como pasajera hacia Apartadó con una bolsa llena de armas y explosivos, que, según la solicitud de tutela, se la habrían puesto como señuelo.

Ante las dos denuncias, el general en cuestión negó a la Corte conocer al supuesto miliciano y dijo que nunca se ha reunido con nadie para llegar a ese tipo de arreglos.

En cuanto a la señora, señaló, fue detenida en un retén oficial y fue puesta a órdenes de la Fiscalía.

La decisión de la CIDH sobre el caso de San José de Apartadó se produjo en junio del 2002 y dictó una resolución en la cual ordena tomar medidas provisionales para proteger a la comunidad.

En cuanto a esta tutela, fue negada en doble instancia por un juzgado penal de Apartadó y por el Tribunal Superior de Antioquia.

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