APROVECHAR LA DIVISIÓN

APROVECHAR LA DIVISIÓN

La desaparición de Carlos Castaño es al mismo tiempo el punto culminante de un proceso de relevo en la dirección de los paramilitares que ya venía de tiempo atrás, y el punto de inflexión en las conversaciones que estos grupos realizan con el Gobierno. Lo uno y lo otro tendrá consecuencias serias tanto en la dinámica de estas bandas ilegales como en las posibilidades de su desmovilización.

07 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La desaparición de Carlos Castaño es al mismo tiempo el punto culminante de un proceso de relevo en la dirección de los paramilitares que ya venía de tiempo atrás, y el punto de inflexión en las conversaciones que estos grupos realizan con el Gobierno. Lo uno y lo otro tendrá consecuencias serias tanto en la dinámica de estas bandas ilegales como en las posibilidades de su desmovilización.

La violenta salida de Castaño del escenario formalizó el estruendoso fracaso de su proyecto iniciado hace cerca de ocho años, que pretendía construir un proyecto político militar contrainsurgente, de alcance nacional, centralizado, de carácter civil y autónomo del Estado. Castaño intentó sin éxito unificar lo que no era unificable: grupos regionales disímiles, cada uno con su propio financiamiento, defendiendo intereses económicos muy distintos, con apoyos sociales y políticos diferentes, etc. Jamás hubo allí un proyecto político colectivo, solo la defensa de intereses particulares contra la depredación de la guerrilla y ante la impotencia del Estado.

El declive de Castaño como líder corrió parejo con el fortalecimiento de varios grupos regionales, el fracaso de su intento de unificarlos y el surgimiento de otros liderazgos con ópticas y propósitos distintos. La división era inevitable y la salida de escena de Castaño solo cuestión de tiempo.

Frente a un enemigo común y en aras de la supervivencia, la gente se une. Pero cuando la lucha cesa y se trata de negociar y decidir las condiciones en que cada uno va a vivir en la postguerra, las tensiones y las pugnas dentro de cada bando se exacerban. En el caso de los paramilitares, las pugnas ya eran críticas aun en los momentos más álgidos de confrontación con la guerrilla, lo que llevó a Castaño a renunciar a la dirección operativa de las Auc en junio de 2001. Dijimos entonces que los paramilitares se iban a dividir y que se iba a imponer la lógica mafiosa sobre la lógica política. Pero lo que profundizó sin remedio las disputas fue, paradójicamente, el inicio de las conversaciones con el gobierno de Uribe. Sobre todo cuando se hizo público el proyecto de alternatividad penal que establecerá las condiciones jurídicas en que se desmovilizarán los paramilitares.

Al parecer, Castaño estaba inclinado a aceptar las condiciones del Gobierno, que incluyen penas de cárcel, confesión de delitos y reparación a las víctimas, pero los otros dirigentes las rechazan en su totalidad. Adicionalmente, la colaboración con las autoridades -delaciones y entregas de bienes incluidas- para evitar la extradición habría sido otro punto crítico. Ante la radicalización de las posiciones, la aparente intención de Castaño de entregarse a las autoridades estadounidenses precipitó su desaparición.

Como consecuencia, el sector más duro de los paramilitares se ha consolidado en la mesa de negociación y la desaparición de Castaño es una advertencia para los sectores más blandos, propensos a aceptar las condiciones del Gobierno. Por esto los duros abogan por una mesa única de conversaciones con el Gobierno que les permita mantener el control de todo el proceso. Tienen la sartén por el mango y quieren que todos los grupos hagan parte de su fritura.

Ante esta situación, el Gobierno hizo una advertencia, pero a medias: si no hay tregua ni concentración, el proceso no avanzará. Pero esto se sabía desde hace más de un año. Otra cosa hubiera sido que el Presidente hubiera presionado el cumplimiento de esos compromisos mediante un ultimátum perentorio: dos o tres meses para cumplir con la tregua y la concentración... o se suspende el proceso. Si el Gobierno en algún momento no pone límites y plazos, seguirá debilitando su posición y restándoles credibilidad a los acercamientos. Al concederles gratuitamente el factor tiempo, la nueva dirigencia de los paramilitares está cada vez más envalentonada y prepotente.

Pero también hay otra cosa que debilita al Gobierno y es apostar a todo o nada en una mesa única de negociación. Esto no solo refuerza la posición de los más duros en su contra, sino que le impide justamente aprovechar las divisiones internas para inducir a desmovilizarse a los más proclives a negociar, e ir avanzando gradualmente en varias mesas y en varios frentes regionales. El Gobierno no tiene por qué darse a la tarea de unificar a su adversario, cuando precisamente podría aprovechar su división. Al Comisionado Restrepo no habría por qué seguirle exigiendo lo que Castaño no pudo hacer: unificar en la paz a los que no se unieron en la guerra.

El proceso debe continuar, pero solamente con aquellos grupos que acepten las condiciones de desmovilización que ofrece el Gobierno y que, además, se concentren en un plazo prudencial y hagan efectiva una tregua con la verificación de la OEA. Al resto se le debería aplicar su respectivo Plan Patriota.

alfredorangelsuarez@yahoo.com.

* Director de la Fundación Seguridad y Democracia

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