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OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA LA SALUD

El Proyecto de Ley 180, por el cual se introducen modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud , presentado al Congreso de la República por el senador Germán Vargas Ll., es una oportunidad histórica para la salud. Por primera vez, en el decenio de la Ley 100, se logra plasmar un articulado que les da estructura jurídica a las trascendentales modificaciones que requiere dicha Ley, para corregir, definitivamente, las perniciosas desviaciones que los poderes del Estado han tolerado en el sistema de salud que nos rige a los colombianos.

El Proyecto de Ley 180, por el cual se introducen modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud , presentado al Congreso de la República por el senador Germán Vargas Ll., es una oportunidad histórica para la salud. Por primera vez, en el decenio de la Ley 100, se logra plasmar un articulado que les da estructura jurídica a las trascendentales modificaciones que requiere dicha Ley, para corregir, definitivamente, las perniciosas desviaciones que los poderes del Estado han tolerado en el sistema de salud que nos rige a los colombianos.
Aunque la agenda legislativa está congestionada con proyectos de alta complejidad política, los parlamentarios reconocen que la reforma del sistema de salud es una necesidad sentida e impostergable de la población. Con esa disposición afrontarán el trámite del proyecto en las comisiones y en las plenarias. El debate no será fácil, por las presiones que seguramente ejercerán quienes están empeñados en mantener inmodificable el negocio de la salud .
No obstante, el Congreso ha demostrado sensatez y compromiso con el bien común de la sociedad y en este contexto se enmarca la iniciativa legislativa comentada. Así lo han expresado los senadores Germán Vargas, presidente del Congreso, Alfonso Angarita, Eduardo Benítez y Gustavo Sosa, ponentes de dicho proyecto dentro de la Comisión Séptima, en las reuniones de trabajo realizadas en la Academia Nacional de Medicina.
También han asistido a estas reuniones los senadores Rafael Pardo, Dilian Francisca Toro y Bernardo Alejandro Guerra, integrantes de la Comisión Accidental del Congreso, designada para analizar a profundidad la problemática de la salud.
A la primera de estas sesiones en la Academia asistió el ministro de Protección Social, Diego Palacio, avalando con su presencia el interés del Ejecutivo por resolver las dificultades del sector. No en vano, desde diversos escenarios durante el desarrollo de la campaña presidencial, el doctor Alvaro Uribe Vélez identificó las perversiones sufridas en el sistema de salud durante la vigencia de la Ley 100, de la que fue ponente en 1993. El análisis más categórico lo formuló el 21 de marzo de 2002, en el discurso del lanzamiento de su candidatura, al referirse a la población carente de aseguramiento en salud; a la politiquería en la asignación de los carnés del Sisbén; a la distorsión de las empresas solidarias de salud por la misma causa; a la protección estatal de los hospitales públicos; al control y vigilancia de los intermediarios; al abuso contra los profesionales de la salud, por parte de las entidades promotoras y aseguradoras.
A tan certero diagnóstico esbozado por quien a la postre fue elegido como Primer Mandatario de la Nación, responde precisamente el articulado del proyecto 180, razón por la cual se augura el concurso del Gobierno en la discusión del mismo.
Las organizaciones que representan a las diversas profesiones y especialidades de la salud deben testimoniar su apoyo activo y solidario a esta iniciativa, participando en las audiencias que los ponentes de la Comisión Séptima han programado en varias regiones del país. El cabildeo puede contribuir al éxito del proyecto de ley, en la medida en que los parlamentarios reciban la información adecuada para que su decisión legislativa enderece el rumbo del sistema de salud.
Para las empresas promotoras y aseguradoras del sector, el proyecto 180 es un instrumento de concertación que permitirá dar cumplimiento cabal a la función constitucional que consagra a la salud como un servicio público a cargo del Estado, acogiendo las políticas que se decidan en la reglamentación de los servicios y en la separación definida entre aquellas y las entidades prestadoras, aceptando los mecanismos de vigilancia y control, en el desempeño de su actividad económica.
Los usuarios y pacientes, razón cardinal y última que inspiró esta reforma, deben hacerse escuchar de los congresistas para que se les garantice el bienestar de su salud y se les surta el derecho de escoger libremente a los prestadores de los servicios.
fergalin@etb.net.co
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