SE ACLARA LÍO CON LAS PENSIONES

SE ACLARA LÍO CON LAS PENSIONES

Las directivas de la Universidad Distrital dieron a conocer ayer el fallo del tribunal Contencioso Administrativo de Arauca que declaró nulos los acuerdos por los cuales el Consejo Superior de la institución había fijado internamente requisitos para que los docentes y empleados públicos obtuvieran la pensión de jubilación.

08 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Las directivas de la Universidad Distrital dieron a conocer ayer el fallo del tribunal Contencioso Administrativo de Arauca que declaró nulos los acuerdos por los cuales el Consejo Superior de la institución había fijado internamente requisitos para que los docentes y empleados públicos obtuvieran la pensión de jubilación.

Según el Acuerdo 006 del 92 y el artículo sexto del Acuerdo 24 del 89, los beneficios de la convención colectiva eran extensivos a los empleados públicos y a los docentes. Esto quiere decir, que los trabajadores de la Universidad Distrital tenían derecho, entre otros privilegios, a pensionarse a los 20 años de trabajo, sin tope y sin importar la edad. El promedio de las pensiones para los docentes es de 5 millones de pesos al mes y en un caso llega a los 14 millones.

Esta situación, que beneficiaba a los 580 pensionados con que cuenta la institución, ha llevado a que la universidad tenga un gasto pensional de 43 mil millones de pesos al año y un pasivo de 580 mil millones.

Según el fallo, el Consejo Superior de la Universidad desbordó el ámbito de sus atribuciones pues no se le ha otorgado competencia para expedir Acuerdos de esta naturaleza. El fallo aclara que solo la Constitución puede precisar las normas que determinan la estructura y el funcionamiento del Estado.

En ese sentido, solo el 26 por ciento de los pensionados de la Distrital (los trabajadores oficiales que se dedicaron a labores de mantenimiento y construcción) conservarán los beneficios de la convención colectiva. Los demás, los docentes y empleados públicos, deberán regirse por lo establecido en la Ley 100.

El rector Ricardo García, quien desde que asumió su mandato hace siete meses había rechazado todas las solicitudes de pensión, se mostró satisfecho con el fallo.

"Con esta determinación se salva la sostenibilidad de la Universidad, es claro que si no se hacía algo la institución era inviable -dice-. Esta es la posibilidad de reestructurarla financiera y administrativamente despejando el horizonte económico. Ahora tenemos que cambiar el modelo y hacer énfasis en lo académico".

El siguiente paso, el de demandar las pensiones, ya se está dando. A finales de abril, se demandó el primer bloque de 40 pensiones, de las 350 que son demandables. Es un proceso largo, que según el rector puede demorar en los tribunales más de dos años, pero era un requisito fundamental para poder suscribir el pacto de concurrencia que permitirá que la Secretaría de Hacienda gire la plata de la estampilla (alrededor de 11 mil millones de pesos). Recursos que se utilizarán para hacer una reforma curricular, construir tres institutos de investigación y adelantar un proyecto territorial que involucre el entorno de las sedes.

Según las directivas, con este fallo las pensiones podrían bajar en un 40 por ciento, lo que significaría un ahorro de alrededor de 12 mil millones de pesos al año.

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