LA DEUDA PÚBLICA

LA DEUDA PÚBLICA

El jueves pasado se celebró un Foro en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes convocado por el Congreso y por la Contraloría General de la República, que contó además con la participación del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Sindicatos y Gremios, para determinar la calidad del control existente sobre la deuda pública. Lo que aflora de las diversas intervenciones es que el diagnóstico sobre las razones del crecimiento de la deuda es compartido, así como las recomendaciones sobre la salida a esta encrucijada.

03 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

El jueves pasado se celebró un Foro en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes convocado por el Congreso y por la Contraloría General de la República, que contó además con la participación del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Sindicatos y Gremios, para determinar la calidad del control existente sobre la deuda pública. Lo que aflora de las diversas intervenciones es que el diagnóstico sobre las razones del crecimiento de la deuda es compartido, así como las recomendaciones sobre la salida a esta encrucijada.

La primera convergencia es que hay un serio problema de metodologías entre quienes tienen la función de medir el tamaño de la deuda. No se trata sólo de si se acepta la deuda bruta o la neta, o la neta con activos financieros como criterio para iniciar la discusión sobre el tamaño del ajuste, sino de los distintos tamaños de la deuda en los mismos conceptos.

La segunda convergencia del Congreso, la Contraloría y el Banco Central es que la tasa de cambio y el nivel de crecimiento determinan el tamaño de la deuda. Algo que parece obvio y elemental, pero que es necesario tener presente a la hora de establecer si el ajuste se está haciendo bien o no. No es lo mismo decir que la deuda está controlada por efecto de un mayor ahorro propio, a que lo está por consideraciones macroeconómicas. Eso es celebrar como propio el gol de otros.

La tercera convergencia y principal recomendación es que el ajuste es un proceso que ha venido dándose durante los últimos cuatro años, y que es necesario continuar. Las cifras demuestran que se está recortando cada vez más la distancia entre gastos e ingresos. Es claro que la ecuación fiscal debe equilibrarse con los ingresos corrientes, y no por vía del endeudamiento. Este es un asunto de mucho fundamento. No se puede aceptar un relajamiento en la marcha, o un compás de espera para reconsiderar prioridades; es necesario restablecer el cronograma y determinar con precisión el rumbo y alcance de las reformas. El actual tiempo favorable debe ser el nuevo punto de partida para completar las reformas.

Lo que tienen en común un Acto Legislativo de Pensiones y una Ley General de Pensiones, una Reforma Tributaria Estructural, una revisión al Administrador Tributario, un Estatuto Orgánico de Presupuesto, una Ley de Salarios Públicos, una Ley Marco de Mercado de Capitales y una Reforma Tributaria Territorial, es que todas están por discutir y aprobar en el Congreso.

La cuarta consideración es que las entidades territoriales están hoy en un área de seguridad gracias al freno en la tendencia de su endeudamiento, y esto revierte en unas mejores cifras consolidadas para el Gobierno Nacional. Es indiscutible que esto se debe a las reformas que se han adelantado. Sin embargo, falta resolver problemas sistémicos en el sector descentralizado territorial, como los de muchas loterías, hospitales y universidades.

Podemos concluir que, a pesar de la mejora en el crecimiento económico y de los procesos de ajuste, el panorama de las finanzas públicas sigue siendo complejo. Y que con lo poco que tenemos podemos y debemos hacer más para mejorar nuestros servicios sociales e impulsar e proceso de consolidación del Estado Social de Derecho.

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