Y DÓNDE ESTÁ LA FRONTERA

Y DÓNDE ESTÁ LA FRONTERA

Un lío de tierras entre particulares amenaza con enredar los límites territoriales entre los departamentos de Cundinamarca y Meta, que años atrás han afrontado situaciones similares.

12 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Un lío de tierras entre particulares amenaza con enredar los límites territoriales entre los departamentos de Cundinamarca y Meta, que años atrás han afrontado situaciones similares.

Por el terreno de 7 hectáreas (equivalente a 9,5 veces la cancha del estadio el Campín de Bogotá) se enfrentan una familia de Cumaral (Meta) y una de Medina (Cundinamarca), que se acusan mutuamente de alterar los linderos acudiendo a prácticas ilegales que incluyen hasta intentos por defraudar al Estado.

Para demostrar que tienen la razón, las partes en conflicto han acudido a querellas policiales, tutelas, procesos en el Tribunal Contencioso del Meta y denuncias penales que salpican, incluso, a ex servidores públicos.

El lío comenzó el 16 de junio de 1994, cuando la Secretaría de Obras del Meta ordenó a uno de sus maquinistas hacer una especie de jarillón (una muralla) de unos 300 metros para controlar el curso del río Guacavía, que divide a los dos departamentos.

Cambio de cauce.

Mario Restrepo Echeverry, propietario de la finca Villa Cristina, en Cumaral, denunció ese día ante un juez de Villavicencio que por cuenta de la obra, las aguas se metieron en sus predios, anegaron sus pastos y, además, favorecieron territorialmente a Cundinamarca.

Al desviar el río se secaron tierras en predios de Cundinamarca que pertenecen a Urías Rojas Acosta -denunció Restrepo-. Con ello, se favoreció a Rojas, quien además se aprovechó de su cargo de gerente de Telecom en el Meta para que la obra se hiciera .

El abogado de Restrepo, Marconi Arenas, argumenta que Urías Rojas no solo desvió el río sino que se adueñó de las tierras. Además, lo acusa de haber cometido tráfico de influencias, dada la investidura que ostentaba en la época, y peculado, por usar maquinaria oficial para trabajos particulares. Pero esas conductas nunca fueron investigadas y ya no pueden ser falladas porque vencieron los términos , dice Arenas.

Mediante una tutela, Restrepo pidió que se protegiera su derecho a la propiedad y dijo que el río partió en dos su finca y, de paso, dejó zonas de playa que luego fueron ocupadas por colonos.

Por este pleito, en noviembre de 1998 el Tribunal de Meta falló a favor de Restrepo e impartió la orden de indemnizarlo con 140 millones de pesos. El caso hoy está en apelación en el Consejo de Estado.

Rojas, por su parte, armado de carpetas repletas de documentos notariales, certificados de tradición, planos catastrales y fotografías refuta las acusaciones: Yo nunca cambié el curso del río; lo único que he hecho es proteger lo que es mío. Mis títulos son justos y legales .

Según él, el hecho de que el Guacavía haya cambiado de cauce hacia el Meta no es culpa suya e insiste en que el lecho del río es la frontera entre los dos departamentos.

El hombre acepta que sí acudió a Obras Públicas del Meta para que se levantara el muro, por solicitud de varias familias afectadas por el invierno y, también, para evitar que el río siguiera destruyendo sus tierras. De hecho, declaró ante un juez, que a causa de ese fenómeno sus predios se redujeron de 24 hectáreas a 5.

Además, acusa a Restrepo de querer apoderarse de 12 hectáreas de su propiedad y de otras 9 del cauce seco del río que, en su criterio, son de Cumaral, debido a que las playas (marítimas y fluviales) son de utilidad pública por orden de ley.

Restrepo le quiere hacer un tumbe al departamento de 140 millones de pesos más intereses con un registro catastral provisional que le anexó 7 hectáreas -dice-. Pero el Instituto Agustín Codazzi (Igac) revocó el registro que le entregó la tierra luego de comprobar que no era de la finca de él sino zona de playa del río Guacavía.

Incluso -agrega-, con los documentos que le he entregado a las autoridades, la Procuraduría advirtió a la justicia sobre las dudas en torno a la propiedad que reclama Restrepo y sobre los daños que dice haber sufrido por el Guacavía y que derivaron en el fallo que ordenó indemnizarlo .

Se modificaron los límites entre los dos departamentos como aseguran los dos hombres que se disputan la tierra?.

Ni la gobernación de Meta ni la de Cundinamarca admiten tener pleitos de límites y agregan que no es un asunto de gobierno. Reconocen que el caso se circunscribe a un litigio particular de tierras.

El curso del río es cambiante pero las coordenadas quedan plenamente establecidas y no las puede cambiar nadie explica un funcionario cundinamarqués.

Hasta donde sé es un caso entre particulares que no ha trascendido a las gobernaciones, pero no es raro que por argumentar algún daño, un particular busque que lo indemnicen , dice el jefe de planeación llanero, Orlando Barbosa.

Miguel Antonio Caro, alcalde de Cumaral, sostiene que el problema es el río y que eso es asunto de particulares. El río se está desplazando hasta un kilómetro de un punto a otro, cuando se aleja cada uno de los implicados corre las cercas para ganar terreno. Ya no peleamos por eso sino que lo consideramos una playa del río .

Lo mismo cree el alcalde de Medina, Miguel Martínez.día el río está a un lado y luego amanece al otro; el lío no tiene nada que ver con el municipio, es entre particularessostiene.

La fuente de la verdad, reconoce Rojas, está en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Por solicitud de la Fiscalía 10 de Restrepo (Meta), que dirime una supuesta invasión de tierras en su contra, el Igac se armó de un GPL (instrumento de posicionamiento por satélite), fotografías aéreas y mapas catastrales para aclarar la propiedad de los predios y de paso, si hubo o no modificaciones que afecten el área territorial de los dos departamentos. El dictamen está siendo analizado por expertos de la división de deslindes.

Así las cosas, quizá ninguno de los implicados tenga razón. Puede ocurrir, como sentencian vecinos de Cumaral, que en su sabia naturaleza el río retome el viejo cauce y restablezca las cosas a su estado original de hace más de una década o que caprichosamente tome un rumbo nuevo.

También puede ser que, para evitarse problemas, alguna de las alcaldías decida echar mano del Código de Recursos Naturales y determine que las zonas de playa dejadas por los vaivenes del Guacavía son de uso público y, por ende, de protección.

carfor@eltiempo.com.co.

FOTO/Milton Díaz EL TIEMPO.

El río Guacavía se ha movido varias veces en los últimos 10 años, lo cual ha generado un alegato jurídico por linderos entre dos familias. En la foto, uno de los cuidanderos .

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