SIGUE LÍO POR BONIFICACIONES A MAGISTRADOS

SIGUE LÍO POR BONIFICACIONES A MAGISTRADOS

Una semana después de que un grupo de organismos estatales anunció una batalla jurídica para evitar que la Nación pague más de 350 mil millones de pesos por bonificaciones, los magistrados que se benefician con ese derecho contraatacaron.

13 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Una semana después de que un grupo de organismos estatales anunció una batalla jurídica para evitar que la Nación pague más de 350 mil millones de pesos por bonificaciones, los magistrados que se benefician con ese derecho contraatacaron.

Para los juristas, los anuncios del Ejecutivo constituyen un acto de rebeldía contra decisiones judiciales y un mensaje intimidatorio contra los jueces .

El 6 de mayo pasado, los ministerios de Hacienda e Interior, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que interpondrían una acción popular para evitar un detrimento patrimonial del erario público por el pago de esa deuda.

Ayer, los representantes de los magistrados, con la vocería de Edgar Sanabria y Julio Roberto Lancheros, cuestionaron el comunicado del Gobierno y advirtieron que había incurrido en al menos seis inexactitudes.

Dijeron que esa actitud pone de presente un acto de rebeldía contra las sentencias judiciales , y agregaron que los anuncios del Gobierno, de que pedirán investigaciones para aquellos conjueces que concedan las demandas, producen un mensaje intimidatorio en el juez que decida contra los dictados del Gobierno.

Si persiste el desconocimiento de los fallos judiciales, nos veremos avocados a acudir a los organismos internacionales para el correspondiente juicio de responsabilidades , dijo Sanabria, quien afirmó que están dispuestos a negociar parte de sus deudas que hoy llegan a 380 mil millones de pesos.

La Judicatura, que en principio apareció respaldando la cruzada, dijo en un comunicado que ese organismo no participa en procesos orientados a impedir el pago de los reajustes.

Ayer se conoció que jueces de Popayán embargaron cuentas del Estado e incluso otros, como en Cúcuta, denunciaron penalmente al Ministro de Hacienda por prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial y peculado.

Así mismo, representantes de los ministerios del Interior y de Hacienda, la Procuraduría y la Fiscalía radicaron una acción popular en la que advierten que a los magistrados se les pagó lo que ordenaban los decretos y que los aumentos no fueron decretados.

La disputa comenzó en 1998 cuando el gobierno Pastrana derogó los decretos 610 y 1239 de 1998, en los que la administración Samper reconoce una bonificación a magistrados de tribunales, procuradores y fiscales delegados.

El beneficio consistía en que cada funcionario devengaría el equivalente a 80 por ciento del sueldo de un magistrado de alta corte. Por ejemplo, si un magistrado de la Corte Suprema gana 16 millones de pesos, uno de un tribunal, un procurador delegado, un fiscal o un secretario general tendría que recibir 12 millones.

Ante la decisión del Gobierno Pastrana las demandas no se hicieron esperar y más de 30 fallos de salas de conjueces de Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado les han dado la razón a los funcionarios.

Pero hasta el momento a muchos de ellos no les han dado las bonificaciones.

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