CHIQUITA, EN EL OJO DEL HURACÁN

CHIQUITA, EN EL OJO DEL HURACÁN

El anuncio de Chiquita Brands International en el que admitió que en abril del año pasado su subsidiaria colombiana realizó pagos a grupos al margen de la ley no solo provocó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia le abrieran investigaciones por financiar a organizaciones calificadas como terroristas, sino que además afectó inmediatamente el precio de su acción y la pone en riesgo de perder clientes.

13 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

El anuncio de Chiquita Brands International en el que admitió que en abril del año pasado su subsidiaria colombiana realizó pagos a grupos al margen de la ley no solo provocó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia le abrieran investigaciones por financiar a organizaciones calificadas como terroristas, sino que además afectó inmediatamente el precio de su acción y la pone en riesgo de perder clientes.

Chiquita se dedica a la comercialización de frutas frescas y en Colombia trabaja con banano. Su subsidiaria es Banadex y, según la compañía, los pagos se hicieron bajo presión para garantizar la seguridad de sus empleados. No obstante, la multinacional se abstuvo de revelar la cantidad de dinero entregado a los destinatarios.

Banadex cuenta con 4.400 empleados y provee el 9 por ciento de las 130 millones de cajas anuales de banano que vende Chiquita alrededor del mundo. Su principal centro de operaciones está en el Urabá y Magdalena, zona que ha sido afectada por las presiones tanto de guerrilleros, como de paramilitares.

Fernando Aguirre, presidente de la multinacional, se negó a decir cuáles fueron las amenazas por las que la empresa aceptó a realizar los pagos y dijo que ahora están concentrados en colaborarle al Departamento de Justicia.

En Colombia sus directivos tampoco hablaron, mientras que Oswaldo Cuadrado, presidente de Sintrainagro, explicó que desde 1993 las fincas bananeras de la región de Urabá no tienen presión de grupos armados.

No sabemos si Chiquita se refería a presiones de pagos generados por grupos que actuaban en Urabá o en Magdalena , explicó el dirigente sindical.

La investigación en Estados Unidos se origina en el hecho de que el apoyo financiero a los grupos terroristas es considerado como un acto criminal. Por su parte, la Fiscalía colombiana tratará de determinar si Chiquita fue víctima de una extorsión o si en realidad está respaldando económicamente a grupos armados para obtener seguridad.

Otros casos.

De acuerdo con los expertos, el caso de Chiquita vuelve a poner sobre el tapete el tema de las vacunas y la extorsión como uno de los costos de hacer negocios en el país. Se calcula que, después del narcotráfico y el secuestro, la extorsión es la tercera fuente de ingresos para los grupos armados ilegales.

En el 2001, la compañía estadounidense Sector Resources, basada en New Hampshire, se abstuvo de empezar a explorar una mina en Colombia, cuya construcción le costó 5 millones de dólares, porque las Farc le exigieron pagos equivalentes al 10 por ciento de las utilidades de la empresa, la cual se negó a pagar.

En general, los intentos de extorsión están relacionados con las compañías mineras y petroleras, así como con sus contratistas. Empresas estadounidenses como Occidental Petroleum Company y Drummond han rechazado públicamente los pagos a la guerrilla, pero les ha implicado ataques dinamiteros contra su infraestructura de producción y transporte.

Como resultado de las revelaciones de Chiquita, el precio de su acción se cayó en Wall Street, al tiempo que se prevé un rechazo por parte de comercializadores y compradores de banano como castigo por los pagos realizados. La empresa también informó que en el primer trimestre del año sus utilidades se redujeron en 20 por ciento.

Sintrainagro anunció que hoy a las 6 de la mañana cerca de 16 mil trabajadores de 320 fincas bananeras de Urabá comenzarán a votar la huelga, debido a que no llegaron a ningún acuerdo con los empresarios agremiados en Augura.

Mientras se define si los trabajadores aceptan o no la huelga, para lo cual tienen un plazo de 10 días, esta semana las labores continuarán en las fincas.

Contodo, en enero Chiquita anunció que está negociando la venta de su subsidiaria colombiana. Algunas voces de la región de Urabá dicen que la decisión de salir de Colombia se debe precisamente a las presiones de los grupos armados, pero voceros de Chiquita se abstuvieron de dar cualquier explicación al respecto.

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