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DE ESPALDAS A LA REALIDAD

DE ESPALDAS A LA REALIDAD

No fue afortunada la decisión de la Cámara de Representantes de incluir en un proyecto de ley, sobre los departamentos y funciones de los gobernadores, una norma que, además de invadir la órbita constitucional del jefe del Estado es altamente inconveniente para el manejo del orden público. En efecto, la Constitución, después de señalar que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional, determina las responsabilidades que le competen como jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa . Entre ellas, la del orden público, que además es indelegable como bien lo ha dicho el ministro de Gobierno. Si es así, mal puede el legislador atribuir a los mandatarios seccionales el cumplimiento de tareas que tocan, en su esencia, con el mantenimiento de la paz pública. Para curar el proyecto del vicio de inconstitucionalidad, no es suficiente, a manera de toque de legitimidad, decir que se procederá sobre aspectos concretos, previamente definidos por el Presidente de la Repúbli

Adicionalmente, inquieta el afán por crearles a los violentos escenarios dentro de los cuales puedan maniobrar políticamente, para enervar la acción que con éxito está cumpliendo el Gobierno en la lucha contra la delincuencia subversiva. No es bueno dar lugar, con instrumentos legales, a que incrementen las presiones sobre la población para que ésta, bajo los efectos del terror, a su vez, demande del Gobierno la aceptación de medidas que se acomoden a las pretensiones de la guerrilla.

No son meras especulaciones. Los martirizados habitantes de zonas en los Santanderes, Antioquia o Meta, pueden dar testimonio irrecusable de la sangre que se ha derramado cada vez que la guerrilla resuelve inventarse un programa publicitario, como el de los diálogos regionales, en el ánimo de ablandar la posición oficial, en torno de algo que no puede tener ningún efecto práctico para la solución del conflicto. O es que aún hay gentes tan ingenuas como para pensar que la paz se puede concertar en Urabá, el Carmen de Chucurí u Ocaña, haciendo abstracción de lo que sucede en el resto del territorio nacional e ignorando la estructura de las organizaciones subversivas? Por esa vía no se encuentra la paz. Solo un relativo apaciguamiento, a costa de la profundización de las tensiones. De estos ensayos la que resulta fortalecida es la subversión, como siempre ha sucedido. Qué mejor ambiente para pelechar que el anárquico a que daría lugar la presencia de delincuentes guerrilleros en los núcleos urbanos de provincia, haciendo la apología conceptual y material del delito; convertidos en interlocutores de los representantes de la administración local, cuando no poniendo contra la pared a las autoridades, particularmente a las Fuerzas Armadas, so pretexto de que están trabajando por la paz, y suscitando toda suerte de conflictos institucionales y de competencia entre los diferentes niveles de la administración.

Podrán entonces si prospera la fórmula legal hacer uso, a su antojo, de los alcaldes que han hecho elegir por la vía de la intimidación a los electores y de los que se pliegan a sus exigencias por los mismos procedimientos. En más de un municipio veremos el cogobierno descarado entre los llamados comandantes guerrilleros y los mandatarios locales. Unos para asegurar su supervivencia, y otros porque forman parte de la telaraña civil de la subversión.

Tengo la sensación de que quienes se entusiasman con la idea de propiciar diálogos regionales, no han reflexionado suficientemente sobre el poder de la disolución que el recurso tiene cuando les da protagonismo a las gentes de la guerrilla, campeones del cinismo y con tal trastocamiento de los valores, que tuvieron la capacidad moral de asesinar, con plena acechanza, al periodista Eustorgio Colmenares, dizque para fortalecer la democracia y defender la libertad de expresión, al tiempo que hablaban, precisamente, de la necesidad de los diálogos regionales.

Qué lamentable sería retroceder por la vía de la ley, todo lo que se ha avanzado para reducir a la delincuencia guerrillera, mediante el uso de los instrumentos legales, y la madurez de la opinión pública, que ha entendido la carencia de contenidos ideológicos y valores morales mínimos de estas bandas armadas. Su codicia por el dinero y su desprecio por los intereses de la comunidad.

Este tema merece, sin lugar a dudas, toda la atención y el análisis sereno de tantos parlamentarios de buen juicio que toman asiento en las cámaras legislativas.

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