DESALOJO TENSIONA ISLAS DEL ROSARIO

DESALOJO TENSIONA ISLAS DEL ROSARIO

Una tormenta se comienza a levantar en las Islas del Rosario a raíz de la orden de desalojo que impartió el Instituto Colombiano de Desarrollo Colombiano (Incoder) contra el hotel Cocoliso Isla Resort.

13 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Una tormenta se comienza a levantar en las Islas del Rosario a raíz de la orden de desalojo que impartió el Instituto Colombiano de Desarrollo Colombiano (Incoder) contra el hotel Cocoliso Isla Resort.

Los habitantes y propietarios de viviendas en las islas están preocupados por la decisiones del Incoder, que reemplazó al Incora, pues este organismo anunció que hay 138 expedientes de recuperación de bienes listos para ejecutar en las islas del Rosario, incluido el oceanario, y otros 19 terrenos en las islas de San Bernardo.

El consultor externo en asuntos agrarios del Incoder, Manuel Ramos Bermúdez, dijo que estos procesos se adelantarán una vez se resuelva el asunto legal con Cocoliso, de propiedad de la sociedad Cocoliso Alcatraz & Compañía Limitada.

El Incoder, mediante la resolución 052 del 28 de abril del presente año, ordenó la restitución a la Nación de una hectárea y 600 metros cuadrados de terreno sobre el que está construido el hotel en isla Grande (que hace parte del archipiélago del Rosario), y le dio un plazo de tres meses para desalojar, a partir de la notificación de la medida que se dio la semana antepasada.

A los propietarios de hotel les cabe el recurso de reposición que ya interpusieron y que será resuelto a la mayor brevedad posible por el Incoder, según dijo Ramos Bermúdez.

Amín Díaz, propietario del hotel, aseguró que otros residentes y dueños de casas y negocios de turismo en la isla están en pie de lucha legal para defender sus propiedades.

Advirtió que ya tomaron medidas de urgencia como contratar un grupo de abogados y para defender su posición. Hemos recibido la solidaridad de la gente y del gremio turístico que opera en las islas , dijo.

Tal es la preocupación en la zona que el llamado pueblo de Orica (bautizado en honor a una reina negra que llevaba este nombre), una comunidad de unos 400 nativos de la vecina isla de Barú, redactó una comunicación que dirigirá al presidente Alvaro Uribe pidiéndole que reconsidere esta medida porque muchas de sus familias tienen su sustento del turismo que genera el hotel Cocoliso y otros cuatro más que hay en el archipiélago.

Ramón del Castillo, industrial y ex gobernador de Bolívar, propietario de una casa de recreo en la isla, dice que desalojar el archipiélago es acabar con un polo de desarrollo en la Costa Caribe.

Calcula que unas 800 personas se benefician laboralmente atendiendo las casas de descanso y que al año visitan las islas unas 300.000 personas.

También se estima que al oceanario, que dirige el biólogo Rafael Vieira y que tiene más de 30 años de estar funcionando, asisten 200.000 turistas al año.

En temporada baja de turismo viajan de tres a 12 lanchas que movilizan cerca de 200 a 400 personas, diariamente. Y en temporada alta se movilizan a más de mil personas diariamente en unas 35 lanchas.

Rafael Vergara, ex director del Ente Público Ambiental de Cartagena (EPA) y experto conocedor de la problemática de las islas, dice que con lo que está pasando en el archipiélago no se puede hacer ni terrorismo ni tremendismo, porque eso no coadyuva a la solución del problema .

Agrega que no se puede salir ahora a tumbar toda la infraestructura que se montó a través de los años porque sería peor el remedio que la enfermedad.

Hay que desarrollar un proceso de entendimiento con la gente que tiene propiedad en las islas y que el Estado defina un plan de manejo y conservación ambiental y económico. Si desalojamos todo, crearíamos otra guerra, en este país de guerras , dijo.

UNA VIEJA HISTORIA.

Hace unos 40 años el Incora inició un proceso de clarificación de la propiedad en las islas del Rosario, pero solo en 1984 se produjo una resolución de que el archipiélago constituía una reserva del Estado.

Tras algunas acciones legales de defensa de los intereses de los ocupantes de esta zona insular en 1986 se confirmó la resolución y en el 2001, por un fallo del Tribunal de Cundinamarca, refrendado por el Consejo de Estado y como consecuencia de una acción popular promovida por la Procuraduría Agraria y Ambiental, se ordenó al Incora tomar las acciones administrativas y agrarias para la recuperación de esta zona.

FOTO/Manuel Pedraza EL TIEMPO.

Las islas se han convertido en un centro turístico. Allí funcionan cinco hoteles y calculan que en temporada alta la visitan, diariamente, mil personas.

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