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UN AÑO ESPANTANDO CULEBRAS

UN AÑO ESPANTANDO CULEBRAS

Cambiar el microscopio y los reactivos químicos por las normas de administración y los códigos jurídicos no fue fácil para Humberto Carranza Vargas. Sobretodo, porque le tocó recibir y administrar un municipio quebrado. El es alcalde de El Copey (Cesar), población de 17.000 habitantes dedicados al maltrecho agro, cuyos esfuerzos para superar los problemas del municipio no han sido suficientes.

Carranza Vargas, un bacteriólogo liberal de 41 años, encontró en los embargos contra el municipio el mayor obstáculo para su gestión.

El primero de junio de 1992, cuando recibió la administración, encontró que debía cancelar deudas por mil millones de pesos, generadas por retrasos de sueldos, primas, prestaciones sociales, gastos de funcionamiento, suministros, contratos y prestación de servicios, supernumerarios, cheques sin fondos y transferencias.

Su primer acto administrativo fue realizar una colecta entre los miembros del gabinete, para comprar papelería y elementos de trabajo. Así, pudo dictar los primeros decretos.

De ahí en adelante, sobretodo en los últimos siete meses de 1992, Carranza debió soportar el acoso de los acreedores, quienes llegaron a embargar todas las cuentas del municipio, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es inembargable (Ley 38).

Las demandas comenzaron el 30 de junio. Ese día una decena de acreedores se enteraron de la llegada de 94 y medio millones de pesos del IVA y procedieron a exigir el pago de sesenta millones.

Hasta hoy se contabilizan 27 embargos, de los cuales el municipio ha perdido 15 casos (por once millones de pesos) y ganado 12. Los procesos han sido proferidos por el juzgado promiscuo municipal de El Copey y los juzgados primero, segundo y tercero del circuíto civil de Valledupar.

Mientras que el abogado Martín Emilio Valverde Ferrer, comisionado como asesor por la Gobernación asumía la defensa del municipio, el alcalde Carranza debió recurrir a fórmulas de conciliación para evitar nuevas acciones judiciales, pues no hay recursos para contratar abogados.

Por esa vía ha logrado más de cincuenta arreglos. De los mil millones de la deuda sólo ha podido cancelar 281 millones de pesos.

Sin embargo, el tiempo que le ha dedicado a atender las demandas ha retrasado el programa de gobierno que ofreció, especialmente para mejorar el suministro de agua potable. El 71 por ciento de las necesidades de los habitantes de El Copey, según Carranza, están insatisfechas. Lo inquieta, además, que no hay ni un peso para pagar los 87 millones de pesos a 119 supernumerarios, en su mayoría de escasos recursos, contratados desde 1991.

Los problemas heredados obligaron a Carranza a extender su horario de trabajo a 15 horas diarias, de domingo a domingo. Diariamente atiende un promedio de cuarenta personas. La mayoría exige el pago de cuentas vencidas desde 1991.

Los casos que más sonados tienen que ver con un buldózer que la Alcadía le compró a Tomás Cuadrado Toncel por 38 500.000 de pesos, cuyo valor real era bastante menor. Pero es no es todo. Por no pagar a tiempo debió reconocer veinte millones más en intereses de mora, lucro cesante y daño emergente. El buldózer, que salió por 58 500.000, no ha trabajado ni una hora, pues está dañado.

Esilda Molina, por su parte, cobraba 800.000 pesos por 400 pasteles. El precio era de dos mil pesos por unidad, pero Carranza los negoció a 500 pesos.

El mayor logró de Carranza, a pesar de la crisis fiscal, es haber recuperado la credibilidad de la administración y erradicado la inmoralidad. Acabó con la vacuna de los funcionarios por tramitar cuentas. Redujo de 119 a diez el número de supernumerarios y la planta de personal de 67 a 57 empleados.

Gamarra: seis alcaldes en un año Los habitantes del municipio de Gamarra (Cesar) desconocen qué ha hecho durante su primer año de mandato su alcalde, porque en tan corto tiempo por el despacho han pasado seis.

La situación se registra desde cuando fue asesinado, el 5 de septiembre pasado, el alcalde Santiago Felizzola. La Gobernación encargó a Hernando Padilla Sánchez.

Ese nombramiento causó malestar entre los grupos políticos de la localidad, que pidieron un cambio. El gobernador Lucas Geneco nombró a Pedro Manuel Racines, pero hubo necesidad de relevarlo el 25 de octubre por presiones de los políticos locales.

Se designó como alcalde ad-hoc al asesor jurídico de la Gobernación, Luis Enrique Jiménez, hasta cuando tomó posesión Juan Carlos Felizzola Troncoso, hijo del mandatario asesinado, quien ganó las elecciones.

Sin embargo, Felizzola Troncoso cometió actos administrativos considerados irregulares por la Fiscalía 25 de Aguachica, que pidió suspensión del cargo en febrero pasado.

Jiménez fue nombrado nuevamente por espacio de diez días, cuando una Fiscalía en Valledupar revocó la decisión de la fiscalía de Aguachica y Felizzola Troncoso reasumió. Al mes, nuevamente la Fiscalía 21 de Aguachica solicitó su suspensión mientras se le investigaba por presunta entrega de auxilios.

Desde el 23 de abril fue encargado Andrés Riquet.

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