PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION LÓPEZ ABRE EL DEBATE

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION LÓPEZ ABRE EL DEBATE

l ex presidente López Michelsen conocido por sus dotes de constitucionalista ha estado dedicado últimamente a redactar reformas que, a su opinión, habría que introducirle a la Constitución Nacional. EL TIEMPO publica en forma exclusiva sus propuestas en lo que concierne a los Títulos I, II y III, así como una carta a manera de explicación que el ex presidente le envía a un constituyente. Título I De la Nación y del territorio Art. 1. La Nación colombiana se reconstituye en forma de República unitaria, descentralizada y participativa.

14 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

Art. 2. La soberanía reside en el pueblo y se ejercerá en los términos que esta Constitución establece.

Art. 3. Los límites de la República estarán definidos por medio de tratados públicos, celebrados libre y pacíficamente por gobiernos legítimamente constituidos, y solo podrán variarse en igual forma.

También son parte de Colombia el espacio aéreo, el mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y la órbita geoestacionaria, de conformidad con tratados o convenios internacionales aprobados por el Congreso, o con la ley colombiana en ausencia de los mismos.

Art. 4. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la Nación y a las entidades territoriales de la República.

Art. 5. Son entidades territoriales de la República los departamentos, las intendencias, las comisarías, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios y las áreas metropolitanas.

(Este primer inciso deberá conciliarse con las distintas entidades territoriales que se pretende establecer).

Los actos legislativos que sustituyan, deroguen o modifiquen las condiciones para la creación de departamentos o eximan de alguna de estas, deberán ser aprobados por las tres cuartas partes de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

Art. 6. Corresponde al legislador proveer a la organización administrativa, electoral, judicial y contencioso administrativa de las intendencias y comisarías y al régimen de los municipios que las integran. Título II De los habitantes nacionales y extranjeros Art. 8. Son nacionales colombianos: 1o. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que siendo hijos de extranjeros se hallen domiciliados en la República; b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domicilaren en la República.

2o. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de nacionalidad, quienes no tendrán que renunciar a la nacionalidad de su país de origen o de adopción.

b) Los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento que, con autorización del Gobierno, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad del lugar donde se establecieren, quienes tampoco tendrán que renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad colombiana no se pierde por naturalización en países donde se reconoce la doble nacionalidad.

Art. 11. Las personas naturales extranjeras disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. Pero la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a estas personas.

Las personas naturales extranjeras gozarán también en el territorio de la República de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o las leyes.

Los derechos políticos se reservarán a las personas naturales nacionales; pero la ley podrá otorgarle a los extranjeros el derecho de sufragio en las consultas populares de carácter municipal.

Art. 13. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuere sorprendido con las armas en la mano, en guerra contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia no serán obligados a tomar armas contra su país de origen.

Art. 14. Son ciudadanos los colombianos mayores de 18 años.

La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad, salvo los casos de doble nacionalidad. También se pierde o se suspende en virtud de decisión judicial, en los casos que determinen las leyes.

Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación. Título III De los derechos civiles y de las garantías sociales Art. 16. Las autoridades de la República están instituidas para tutelar los derechos humanos de las personas residentes en Colombia, para prestarles los servicios públicos, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El derecho a la vida comienza en el embrión y termina con la muerte, sin perjuicio de la obligación de ejecutar la voluntad de la persona aun después de su muerte.

Art. 18. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales. Solo la ley podrá reglamentar su ejercicio y definir el carácter de esencial de los mismos.

Art. 19. La asistencia a los desvalidos es un servicio público del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar.

La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el Estado.

Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución y de las Leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa, por extralimitación o por omisión en el ejercicio de sus funciones.

Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio activo que, obedeciendo órdenes superiores, incurran en esta clase de infracciones, quedarán exentos de responsabilidad, la cual recaerá sobre el superior que dio la orden.

Art. 22. (El texto actual es superfluo puesto que la esclavitud no existe ya en el mundo y Colombia tiene suscritos tratados por medio de los cuales se condena la esclavitud).

Art. 24. El delincuente sorprendido in fraganti podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquiera persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en dicho domicilio para el acto de aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al dueño o morador.

Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correcional o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Art. 27. La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señala la ley: 3o. Los capitanes de naves que tienen facultad para reprimir delitos cometidos a bordo, siempre que estén en viaje.

Art. 28. Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinado la pena correspondiente.

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen del Consejo de Ministros y de la Procuraduría General de la Nación, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública.

Transcurridos siete días desde el momento de la aprehensión sin que las personas retenidas hayan sido puestas en libertad, el Gobierno procederá a ordenarla o las pondrá a disposición de los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que decidan conforme a la ley.

Art. 29. Ningún tratado público podrá por medio de la extradición exponer a los ciudadanos colombianos a la pena capital o a cadena perpetua, por delitos cometidos en territorio colombiano.

Art. 30. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad tiene una función social que implica obligaciones.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

Siempre que medien razones de urgencia calificadas por el legislador, excepcionalmente se podrán realizar expropiaciones de inmuebles para programas de reforma agraria o para construcción de obras públicas, mediante resolución motivada del Gobierno, con indemnización previa y sin perjuicio de los recursos legales correspondientes.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. La Corte Suprema de Justicia no será competente para juzgar sobre los motivos de equidad.

Art. 31. Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley.

La ley intervendrá para conjurar la formación de monopolios de facto.

Solo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles o a vías de comunicación.

Art. 32. Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en la prestación de servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía, con el fin de lograr el desarrollo integral.

Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política económica donde el desarrollo tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular.

Art. 33. En caso de guerra internacional o de conflicto social y solo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización.

En el expresado caso la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes.

La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Art. 34. No se podrá imponer pena de confiscación bajo ningún pretexto o denominación.

Art. 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador. El Gobierno fiscalizará el manejo e inversión de tales donaciones con fines de interés social calificados por el legislador.

Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, salvo las excepciones previstas en la Constitución, ni obligaciones irredimibles o que no se extingan con el transcurso del tiempo.

Art. 38. El Estado garantiza la privacidad de la correspondencia, cualesquiera sean los medios tecnológicos empleados para transmitirla.

Las cartas y documentos privados ni las conversaciones o comunicaciones que tengan este mismo carácter podrán ser interceptados o registrados, sino en virtud de autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y con el único objeto de buscar pruebas judiciales.

Para la tasación de impuestos y para los casos de intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos.

Podrá gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la divulgación de noticias por los distintos medios de comunicación.

Art. 39. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley exigirá títulos de idoneidad y reglamentará el ejercicio de las profesiones.

La ley vigilará e inspeccionará el ejercicio de las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas.

La ley podrá restringir la producción, distribución y el consumo de sustancias tóxicas y alucinógenas.

Art. Nvo. La ley reglamentará las tarifas de los servicios públicos.

Art. 40. Se suprime el actual artículo 40.

Art. 42. El Estado deberá garantizar el derecho a la información como un elemento esencial de la democracia participativa, que comprende el derecho a informar y a ser informado.

En tiempo de paz, el ejercicio de este derecho no podrá estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades posteriores, expresamente fijadas por la ley, con el fin exclusivo de garantizar el respeto a los derechos de los demás, la protección de la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público interno, en sus distintas manifestaciones.

El ejercicio del derecho a la información está limitado por el respeto a la vida privada de las personas.

Las leyes determinarán lo relativo a la utilización pública y privada de cualquier instrumento que se destine a registrar datos personales, con el fin de armonizar el interés público y los derechos individuales. En dichas leyes se tomarán medidas enderezadas a proteger la intimidad, la honra y la libertad de las personas, contra el eventual empleo abusivo de los medios e instrumentos de información.

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la violencia.

El legislador regulará lo concerniente a espectáculos públicos, con el exclusivo objeto de adoptar medidas para la protección moral de la infancia y de la adolescencia.

Ninguna empresa de comunicaciones podrá, sin permiso del gobierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compañías extranjeras.

Art. 43. Solo en los casos contemplados en esta Constitución se podrán imponer contribuciones, en los términos y por las entidades contempladas en la misma.

Durante el régimen de excepción a que se refiere el artículo 122 de esta misma Constitución, el Ejecutivo podrá decretar impuestos con el lleno de los requisitos contemplados en dicha disposición.

Art. 44. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas.

Las asociaciones y fundaciones extranjeras deberán someterse a la protección y vigilancia de la ley nacional para su funcionamiento en Colombia.

Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Nadie podrá ser obligado a asociarse para disfrutar de determinados beneficios del Estado.

Art. 47. (Se suprime por referirse a las juntas políticas que existieron en la época de las sociedades democráticas y que nada tiene que ver con los directorios políticos actuales).

Art. 48. Solo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra.

Nadie podrá llevar armas consigo sin permiso de la autoridad.

Art. 49. La soberanía monetaria la ejercerá el Gobierno por intermedio de los organismos encargados de dirigir la política económica y regular la convertibilidad del peso colombiano.

Art. 50. La ley colombiana determinará lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrá establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos que atenten contra los derechos garantizados en este título y en los tratados y protocolos públicos que se incorporen a la legislación nacional.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.