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LAS GUERRAS DE LAS CORTES

LAS GUERRAS DE LAS CORTES

Las divergencias entre cortes y altas cabezas de la Rama Judicial -con origen en las sesiones mismas de la Asamblea Nacional Constituyente- vuelven a estar a la orden del día. Cuando se esperaba que la Corte Suprema de Justicia rompiera su silencio y adhiriera o no al grito de independencia, que respecto del Gobierno impulsó un sector de la cúpula judicial hace 10 días, la Corte en pleno se abstuvo de hacer un pronunciamiento.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
05 de junio 1994 , 12:00 a. m.

El asunto -que originalmente se trató en la sesión del jueves de la semana pasada, en medio de una franca división y sin que se consolidara una mayoría suficiente- desapareció de la agenda en la sesión del jueves pasado.

Haber estudiado esa declaración ahora -dijo lacónicamente un magistrado a EL TIEMPO- hubiese sido algo extemporáneo...

El día anterior, miércoles primero de junio, en otra corporación, el Consejo Superior de la Judicatura un fenómeno similar había operado, aunque el punto estuvo de primero en el orden del día.

En criterio de varios magistrados del Consejo Superior, la declaración de los presidentes de la Corte Constitucional, Jorge Arango, el Consejo de Estado, Amado Gutiérrez y el Fiscal General de la Nación, Gustavo De Greiff, había sido precipitada.

Pero la realidad era otra. Desde el jueves de la semana pasada, cuando apenas se discutía el texto de la declaración de independencia en busca de adhesiones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó una constancia en la que rechazaba el contenido del mensaje.

No era prudente ni oportuna, a su juicio, la expedición de comunicados que pudiesen propiciar o agravar un enfrentamiento entre ramas del poder público. En este caso. Ejecutivo y Justicia.

Los siete magistrados disciplinarios que son mayoría en el Consejo Superior y que tienen origen en el Congreso habían enviado así un claro mensaje a sus 6 homólogos administrativos, elegidos por los la Corte Suprema, el Consejo y la Corte Constitucional.

El episodio Lo relevante de todo este asunto, sin embargo, es que ni siquiera la beligerancia presidencial, respecto de la controvertida sentencia de la Corte Constitucional sobre despenalización del consumo de drogas, ha puesto de acuerdo a la más alta cúpula del poder judicial. Y es que hay más de una fricción entre y dentro de las cortes.

A las divergencias que se originaron a nivel jurídico entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional, en 1992, cuando los pronunciamientos de la primera no pudieron impedir, en la Asamblea Nacional Constituyente, la creación de la segunda. han seguido confrontaciones de otro orden.

Y ya no sólo alrededor de las acciones de tutela (hace una semana la Corte Constitucional dejó sin vigencia una doctrina de la Sala Civil de la Corte Suprema sobre publicación de listas negras de morosos en conjuntos residenciales), Hay claras diferencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado con el Consejo Superior de la Judicatura y en particular con su Sala Administrativa y una división al interior del propio Consejo Superior.

En la Corte Constitucional también existen serias diferencias internas, y la Fiscalía ha tenido que librar más de una batalla para defender su actual autonomía administrativa y presupuestal y para acelerar en el Consejo de la Judicatura el giro de recursos aprobados por Planeación. .

La última controversia, que se acalló con el cruce de críticas entre Gaviria y la Corte Constitucional, tuvo origen en 2 decisiones del Consejo de Estado.

La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió 2 acuerdos originados en el Consejo Superior de la Judicatura. El primero, el Acuerdo 87 que pretendía regular la Carrera Judicial. El segundo, establecía sistemas de bonificación a jueces y magistrados que agilizarán la descongestión de los despachos judiciales.

La suspensión de los acuerdos era una consecuencia lógica de divergencias de criterio que ya habían hecho públicas la Corte Suprema y el propio Consejo de Estado.

La Corte Suprema y el Consejo de Estado han acusado al Consejo Superior de desconocer la vigencia de la carrera judicial y de intentar una elección a dedo y sin concurso de servidores de la Justicia, y por ello han decidido nombrar directamente a cerca de 40 magistrados. Claro está, en provisionalidad, hasta que se realicen los concursos.

Ante esa decisión, hace 15 días, la Sala Administrativa anunció, por comunicado de prensa, que demandaría los nombramientos. Los que ha hecho el Consejo de Estado ante la Corte Suprema y viceversa.

Más astillas Pero las llamadas divergencias de criterio son más de fondo. Magistrados de Corte y Consejo coinciden en que la justicia necesita instalar en la Sala Administrativa gerentes y no juristas .

Expresado de otra forma, las propias corporaciones que designaron a los magistrados de la Sala Administrativa, responsable de administrar los recursos y el presupuesto de la Justicia, están hoy profundamente insatisfechas con el resultado.

El senador Luis Guillermo Giraldo Angel, explica con claridad la visión de un grueso sector de la justicia: Tengo la impresión de que los magistrados de la Sala Administrativa se han pasado mucho tiempo viajando por el exterior (...) y la parte administrativa de la Justicia no servido para nada y sigue cojeando. El año pasado ni siquiera enviaron a tiempo el proyecto de presupuesto de la Justicia .

Un magistrado de la Corte Suprema lo explica así; En los últimos tres años la Rama Judicial. por voluntad del Gobierno, ha tenido el mejor presupuesto de la historia y los funcionarios mejor pagados, pero no hay resultados... .

Por si el desazón respecto de la Sala Administrativa no fuese suficiente, una sentencia de la Corte Constitucional virtualmente convirtió a la Sala Disciplinaria en una simple instancia de control de abogados corruptos.

La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos de una Ley que permitía abocar la investigaciones disciplinarias contra magistrados de las altas cortes.

Allí llueve, acá no escampa La eventual contraposición de intereses e interpretaciones jurídicas entre corporaciones también lo son dentro de ellas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre despenalización no solo dividió a los magistrados en cuanto a criterios jurídicos, sino frente a los comunicados y las declaraciones que Jorge Arango Mejía hizo públicas en contra de la actitud del presidente César Gaviria, encendido contradictor de la sentencia.

Algunos magistrados casi juraron que nunca habían aprobado declaración de sala plena apoyando el comunicado que expidió Arango y, ante esa coyuntura, el propio ministro de Gobierno, Fabio Villegas, advirtió al presidente de la Corte Constitucional que sus declaraciones podían estar comprometiendo indirectamente a la Corporación en una polémica de orden político.

Finalmente cuenta la pugna entre el Presidente y el Fiscal y entre el Presidente y el Consejo de Estado. Con De Greiff por la posición crítica que ha asumido en torno al relativo éxito de la lucha antidrogas y con el Consejo, en lo que constituye una pelea vieja, en razón de las sentencias contra el cobro anticipado de IVA y los Bonos de Guerra y después a raíz de la controversia que creó la presencia de marines estadounidenses en Juanchaco.- La beligerancia del Ejecutivo explica por qué, precisamente, son el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Fiscalía, los firmantes de la declaración de la tarde, pero la ausencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema en pleno sólo son síntomas de la falta de cohesión del poder judicial.

De hecho, hasta el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en la que ha tomado parte la cúpula de la Justicia, ha dividido a la Rama.

Hay constancias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia -dijo otro magistrado- sobre los reparos que se hicieron al proyecto de Ley Estatutaria que hace ocho meses se envió apresuradamente al Congreso .

Por si eso no fuera suficiente, desde Asonal hasta el Colegio de Abogados de Bogotá, integrado por varios magistrados de tribunales, piensan que el proyecto está lleno de vicios y que tendrá severos efectos, tal como está redactado, sobre el sistema de prestaciones y de calificación de calificación de jueces y magistrados.

El ministro de Justicia, Andrés González, ha venido promoviendo en las últimas semanas reuniones de las más altas cabezas de las cortes para impulsar el proyecto, pero esos esfuerzos pueden resultar poco fructíferos. El Ministro - dice un magistrado- está haciendo su campaña para otro cargo en la nueva administración y a nosotros lo que nos interesa es que el proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia, salga bien aunque se demore : Por donde se le mire, en fin, corre más de un viento de tempestad en la Justicia.

Habla Consejo de la Judicatura Para el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alejandro Bonivento, las diferencias de criterios suscitadas entre los distintos organismos de la Justicia no son sino producto de un proceso de ajuste institucional, propiciado tras la expedición de la Constitución de 1991.

El proceso, explica, entrará en una nueva fase una vez se expida la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con lo cual se despejarán y legitimarán aún más las atribuciones del Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía, los Tribunales y el Consejo Superior.

Bonivento es consciente de las severas críticas de que es objeto el Consejo Superior pero sostiene que poco a poco, se constituirá en la verdadera cabeza de la Rama Judicial .

En diálogo con EL TIEMPO, Bonivento precisó: En el interior de la justicia no hay ninguna clase de guerra sorda, ni enfrentamientos agudos, sólo se trata de diferencias en materia de criterios .

A su juicio, la decisión de la Sala Admnistrativa del Consejo Superior de demandar los nombramientos en provisionalidad efectuados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema no constituye un ataque, ni un paso más dentro de una estrategia velada de pelea.

No es una retaliación. Es la defensa del Derecho, bajo el propósito de acudir a las acciones judiciales para definir un tópico jurídico. El Consejo Superior tiene derecho a defenser sus criterios. No es un ataque, ni mucho menos .

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