De esta manera, quedaron sin piso los decretos 2747 y 2757, que autorizaban a los empleadores y a los administradores de entidades oficiales a despedir al personal que no asistió a su lugar habitual de labores el 14 de noviembre y al Ministerio de Trabajo a suspender, por el lapso máximo de un año, las personerías jurídicas de los sindicatos que tomaran parte activa en la organización y desarrollo del evento.
Aunque la expedición de las medidas provocó, según el Gobierno, el fracaso del paro, se alcanzaron a presentar algunas irregularidades en entida des oficiales y privadas que condujeron al despido de más de 300 trabajadores, en diferentes partes del país.
Inclusive en algunas ciudades, como en el caso de Popayán (Cauca) se detuvieron varios dirigentes obreros de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), medida que también autorizaba los decretos.
Después del 14 de noviembre, las organizaciones sindicales introdujeron en su paquete habitual de protestas y peticiones, la solicitud de que se levanten estas medidas, se restituyan las personerías jurídicas y se cancelen las órdenes de despido y retención de trabajadores.
Asi por ejemplo, las centrales aprovecharon la convocatoria del Consejo Nacional Laboral, efectuada en diciembre del año pasado, para pedir la derogatoria de los decretos. El ministro de Trabajo, Francisco Posada de la Peña, se comprometió en esa ocasión a revisar las incidencias que provocaron las medidas, pero no aseguró que se reversarían.
También los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado incluyeron la petición en el pliego que pusieron a consideración del Gobierno a finales de 1990. Sin embargo no obtuvieron ningún compromiso de parte del ejecutivo.
De todas maneras, y aunque la decisión de revocar los decretos tardó en oficializarse, el Gobierno estima que con esta medida se logrará una posición más flexible y menos radical de parte de las confederaciones, a la hora de volver a reunirse en el Consejo Nacional Laboral, en donde se deberá discutir las bases del pacto social, promovido por el Gobierno con el objetivo de frenar la inflación.
