JUECES SIN ROSTRO, TRAS 7 JEFES DE FARC

JUECES SIN ROSTRO, TRAS 7 JEFES DE FARC

Durante tres décadas, alternativamente, desde las montañas de Colombia , un grupo de siete hombres ha liderado la más veterana guerrilla del país: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras ese pequeño grupo de hombres, que se autoerigió en Secretariado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marchan ahora los jueces sin rostro.

21 de junio 1992 , 12:00 a.m.

Sin contabilizar los procesos iniciados en lo que va corrido de 1992, 87 expedientes cursan exclusivamente contra los siete hombres más poderos de las FARC.

La Jurisdicción de Orden Público o justicia secreta trabaja en la consecución de evidencias contra Pedro Antonio Marín Marín, (Tirofijo); Guillermo León Sáenz Vargas, (Alfonso Cano); Jorge Briceño Suárez, (El Mono Jojoy); Marino Arango Luciano, (Iván Márquez); Timoleón Jímenez, (Timochenko); Willian Manjarrés, (Adán Izquierdo) y Raúl Reyes.

Las expedientes en curso involucran homicidio y secuestro con fines terroristas, terrorismo, hurto, lesiones personales, rebelión y porte ilegal de armas.

La versión de la Justicia es que, estrictamente en el terreno judicial, la búsqueda de indicios y evidencias y la apertura de expedientes contra el Secretariado de las Farc se ha disparado desde febrero de 1990, cuando entró en vigencia la jurisdicción de Orden Público.

El caso de Pedro Antonio Marín Marín, Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo , es una evidencia concreta del efectivo fortalecimiento de la acción judicial , explica un alto funcionario del Estado.

Hasta 1990 y desde 1963, la Justicia había tramitado exclusivamente cuatro expedientes contra Tirofijo, hoy contabilizamos 33. Así, se han iniciado 29 investigaciones desde 1990 y aún están por relacionarse las indagaciones originadas en hechos delictivos de 1992 .

Las órdenes de captura también se han reactivado. La primera orden contra Manuel Marulanda tuvo origen en 1990, y desde entonces los jueces han reiterado la solicitud.

El problema actual no es el de acumular una orden de captura tras otra . Es necesario revisar las investigaciones en curso; determinar en dónde existe la posibilidad de consolidar cargos concretos y contundentes, y fundir los procesos para atar los cabos sueltos y probar el concurso de delitos , observa la fuente. Cargos y perspectivas En esa dirección, en el caso de Manuel Marulanda Vélez y Alfonso Cano, las investigaciones en curso virtualmente se circunscriben a los episodios delictivos ocurridos en Granada, San Martín, San José del Guaviare y, en general, el departamento del Meta.

El proceso más avanzado involucra el hallazgo de fosas comunes, en abril de 1991, en la Uribe, tras la ocupación de los campamentos centrales del Secretariado por parte del Ejército.

Cráneos baleados, varios de ellos con disparos en la nuca, son evidencia del asesinato.

La justicia contabiliza 29 investigaciones por homicidio, secuestro y terrorismo contra Manuel Marulanda y diez por cargos similares en contra de Alfonso Cano.

A la vez, cursan 21 causas contra Marino Arango Luciano, (Iván Márquez), por asesinato, porte ilegal de armas y rebelión.

Contra Timoleón Jiménez (Timochenko) y Jorge Briceño Suárez (el Mono Jojoy), cursan respectivamente 12 y diez investigaciones.

Timochenko es investigado por homicidio, terrrorismo y lesiones personales. Contra El Mono Jojoy las indagaciones cursan por hurto y homicidio, en desarrollo de la acción subversiva en el Meta.

Finalmente, están los procesos contra Raúl Reyes y Adán Izquierdo.

Se ha empezado por identificar plenamente a cada uno de estos hombres, y a partir de ello empezar a buscar las evidencias concretas .

La acción judicial contra las Farc, sin embargo, involucra además varias investigaciones en curso contra jefes de frentes guerrilleros y cuadrillas involucradas en atentados contra el Ejército y la Policía (Algeciras, Huila) y contra comisiones judiciales (Usme, Cundinamarca), etc.

Lo cierto es que la relación de causas en trámite apenas ha empezado, pero el objetivo final es consolidarla en un mínimo pero contundente número de expedientes. A partir del primero de julio próximo, la Fiscalía General de la Nación asume esa tarea.

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