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DECRETO CONTRA EL USO DE NARCÓTICOS

DECRETO CONTRA EL USO DE NARCÓTICOS

Treinta días después de que la Corte Constitucional despenalizó el consumo de la dosis para uso personal de la droga, el Gobierno expidió ayer un estatuto encaminado a reforzar los programas de prevención integral y a restringir el uso y el porte de estupefacientes en el país. Los trabajadores podrán ser despedidos de inmediato cuando se compruebe que consumen narcóticos y los profesionales perderán sus licencias.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
01 de junio 1994 , 12:00 a. m.

A la vez, el Gobierno prohibió desde ayer el porte y consumo de droga para los menores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia y restringió en su totalidad el uso de sustancias sicotrópicas en los colegios, escuelas, centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas, tabernas, centros recreativos y, en general, en todos los lugares públicos.

A los centros de educación en el territorio les concedió, además, un plazo de 30 días para adoptar en sus reglamentos internos las medidas necesarias para limitar el uso de las drogas en cualquiera de sus modalidades.

El Ejecutivo también prohibió en todas las actividades deportivas del país el consumo de estupefacientes. La misma medida rige para las cárceles, empresas y demás sitios de trabajo.

Según el Estatuto, los ciudadanos que infrinjan las restricciones para el uso de los narcóticos pueden ser amonestados, sancionados e incluso expulsados del sitio en el cual se encuentren, bien sea un establecimiento educativo o un lugar público.

A la vez, quien sea sorprendido conduciendo un vehículo automotor bajo el influjo de las drogas, dispuso el Gobierno, podrá ser retenido por las autoridades hasta por un lapso de 24 horas; sancionado con el pago de una multa hasta de 20 salarios mínimos e, incluso, se le podrá suspender la licencia de conducción.

El consumo de la droga no es un derecho fundamental, pero advertimos que el propósito del decreto no es atacar un fallo de la Corte Constitucional sino sólo el de establecer unas restricciones que la misma sentencia avala , explicó anoche el ministro de Justicia, Andrés González Díaz.

Las medidas que penalizan la venta, el comercio, la producción y la distribución de los narcóticos en el país están vigentes y el Gobierno no dudará en aplicarlas a quienes las infrinjan.

A su vez, el director de Estupefacientes, Gabriel de Vega Pinzón, precisó que se reforzará la estrategia de prevención integral contra la drogadicción con el objetivo de proteger los derechos esenciales de los ciudadanos que puedan resultar afectados por el problema de los narcóticos.

Explicó que en la actualidad, dentro de la estrategia contra las drogas, se avanza en programas concretos de prevención y rehabilitación para Medellín, Atlántico, Caldas, Cali, Huila y Santander.

Las restricciones El decreto prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, públicos y privados, el porte, tráfico y consumo de estuperfacientes. A cargo de los directivos de los planteles queda la responsabilidad de denunciar el porte y uso de estas sustancias.

En caso de menores sorprendidos con sustancias, los directores de los colegios deberán informar a los padres de familia. Las sanciones a los alumnos podrán ir desde amonestación hasta exclusión, pasando por la suspensión.

Todos los establecimientos educativos deberán incluir en su plan de trabajo materias relacionadas con prevención de la droga.

Los gobernadores y alcaldes, con la coordinación del Ministerio de Educación, verificarán el desarrollo de los programas preventivos en los centros de educación e improndrán las sanciones respectivas.

Fue prohibido el uso y el consumo de drogas en lugares públicos o abiertos al público, como los teatros y los estadios. También en naves, aeronaves, oficinas públicas, restaurantes, bares, discotecas, hoteles y parques.

Los administradores y directores de lugares públicos podrán expulsar a los consumidores de drogas. La tolerancia al consumo de las drogas obligará al cierre temporal de los establecimientos públicos hasta por 30 días.

En ninguna actividad deportiva se podrán utilizar drogas cuyos efectos procuren artificialmente mejorar el rendimiento, reducir la angustia o disminuir la fatiga.

Los doctores que prescriban esta clase de sustancias a los deportistas, no podrán continuar ejerciendo esta especialidad en el país.

Quien conduzca bajo el influjo de los estupefacientes será sancionado con multa de 20 salarios mínimos mensuales y se le suspenderá la licencia hasta por un año, además del arresto por 24 horas.

Ningún empleado público ni privado podrá presentarse al sitio de trabajo bajo los efectos de la droga, o consumirlas durante sus labores. La violación de esta norma determina la cancelación del contrato por parte del patrono.

El decreto reitera la prohibición, a los reclusos de cualquier establecimiento carcelario, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con base en la Ley 65 de 1993 Código de Régimen Penitenciario Los servicios médicos de las cárceles, previa evaluación médica, sicológica y siquiátrica, deberán suministrar tratamiento de rehabilitación a los internos que consuman sustancias sicotrópicas con miras a lograr su recuperación, aunque ello no los exime de las sanciones contempladas en la ley.

Los integrantes de la guardia penitenciaria y de vigilancia que sean sorprendidos consumiendo, portando o ingresando a las penitenciarías estupefacientes, serán destituidos y se les aplicará las sanciones penales.

En adelante quienes soliciten permiso para tenencia y porte de armas serán sometidos a un examen de aptitud sicofísica y en caso de que se compruebe adicción a estupefacientes o sustancias sicotrópicas, se le solicitará la licencia.

Igualmente, quien porte armas, explosivos o municiones y sea sorprendido bajo el efecto de una de estas sustancias, será sancionado con una multa de hasta un salario mínimo mensual aunque ello no evitará las sanciones penales.

A los reincidentes en este tipo de conducta, se le cancelará definitivamente el permiso de porte de armas, se acuerdo con el Decreto 2535 de 1993.

Con base en el Código del Menor, contempla la prohibición del consumo de sustancias por parte de menores de edad, mujeres en período de embarazo o lactancia y personas que, de acuerdo con el Código Civil, sean declaradas incapaces.

Así, la norma contempla que la mujer que se encuentre en cualquiera de estos dos estados o el menor que consuman estupefacientes, serán remitidos al defensor de familia que podrá amonestar a los padres del menor dependiente, entregar la custodia a un pariente cercano o colocarlo en otra casa de familia, colocarlo en un centro de protección especial e incluso, iniciar el trámite de adopción en los casos en que el menor sea declarado abandonado.

Estas medidas están dirigidas a asegurar el cuidado personal y poner fin a los peligros que amenacen su salud y su formación moral.

A quien sea sorprendido conduciendo un vehículo bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias, se le impondrá una multa equivalente a 20 salarios mínimos legales y se le suspenderá la licencia de conducción hasta por un año e, inclusive, se le impondrá arresto por 24 horas y se le inmovilizará el automotor.

Igualmente, no se le otorgará ni se le renovará el pase a quienes resulten, en el examen médico, adictos a alguna sustancia sicotrópica o a quien, después de obtener su licencia, se convierta en adicto o reincida en el porte y tenencia de municiones, armas o explosivos, se le cancelará definitivamente la licencia.

Los jefes de los despachos públicos quedaron facultados para terminar unilateralmente el contrato de trabajo cuando los empleados públicos se presenten a su sitio de labores bajo el influjo de alguna sustancia, las consuma o incite a consumirlas a otros en el mismo sitio.

Así mismo se prohibe a todos los servidores públicos en uso de funciones, el uso y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas a quienes se les aplicará las sanciones contempladas en el Decreto-Ley 2400 de 1968 y otros que regulan la función pública.

El consumo de sustancias sicotrópicas y de estupefacientes también estará prohibida para quienes, por su oficio o profesión, implique riesgos para los demás.

Así, el Decreto incluyó dentro de esta categoría a los conductores de cualquier tipo de vehículo, pilotos de naves y aeronaves, alumnos de pilotaje, instructores de vuelo, maquinistas y operarios, médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud, quienes manipulen o tengan bajo su cuidado materiales o sustancias combustibles o inflamables, explosivos, sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas o radiactivas, quienes portan o transportan armas, operadores y controladores aéreos y todo el personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves en tierra.

La violación de las normas para este tipo de profesionales acarreará la suspensión, inhabilitación o cancelación definitiva de la licencia o permiso para el ejercicio del oficio o profesión.

La familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, serán los responsables de adelantar las promoción y ejecución de las políticas tendientes a evitar y contrarrestar las causas y consecuencias que genera el problema del consumo de drogas.

Por ello, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá evaluar la magnitud del problema, coordinar con otras entidades gubernamentales o no los proyectos y programas para ejecutar las acciones de prevención que se desarrollarán a nivel local, regional y nacional.

También, las estaciones de radio y televisión de todo el país deberán difundir las campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de narcóticos de acuerdo a la duración y periodicidad que establezca el Consejo Nacional de Estupefacientes.

En este aspecto, el Gobierno le ordenó al Consejo expedir, en un plazo no mayor de 30 días, la reglamentación correspondiente y al Ministerio de Comunicaciones continuar con la promoción y desarrollo de las estrategias de comunicación para superar el problema.

Igualmente, el Ministerio de Salud, las Secretarías y los Servicios Seccionales adelantarán campañas y programas de rehabilitación de acuerdo a sus niveles de atención.

Finalmente, los patronos del sector público y privado deben adoptar campañas permanentes de prevención, hacer efectivas las medidas de protección y permitir a las autoridades la ejecución de las inspecciones e investigaciones que sean necesarias.

Las sanciones Alumnos: no podrán cunsumir drogas en colegios, ni universidades, so pena de ser expulsados o sancionados.

Deportistas: no se podrá utilizar drogas en ninguna actividad deportiva.

Conductores: quien conduzca bajo el influjo de los estupefacientes será sancionado con multa de 20 salarios mínimos mensuales y se le suspenderá la licencia hasta por un año, además del arresto por 24 horas.

Pilotos: si consumen droga se les podrá cancelar la licencia, además, podrán ser investigados penalmente por poner en riesgo la integridad física de los pasajeros.

Empleados: ningún empleado público ni privado podrá presentarse al sitio de trabajo bajo los efectos de la droga, o consumirla durante sus labores. La violación de esta norma determina la cancelación del contrato por parte del patrono.

Mujer embarazada o en lactancia: es protegido el menor desde su gestación. Las madres consumidoras de droga podrán ser amonestadas Lugares públicos: no podrá consumirse droga en los aviones, teatros, estadios, vehículos públicos, oficinas públicas, restaurantes, bares, discotecas, hoteles, parques, hospitales...

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