GOBIERNO DECRETÓ INDULTO PARA DOS MIL GUERRILLEROS

GOBIERNO DECRETÓ INDULTO PARA DOS MIL GUERRILLEROS

El Gobierno expidió ayer un decreto de Estado de Sitio mediante el cual se concede indulto, se ordena la cesación de procesos y se prohíbe la apertura de juicios contra miembros de grupos guerrilleros que hayan cometido delitos políticos antes de la fecha y que se acojan al proceso de paz. Los beneficios solo cobijarán a nacionales colombianos autores o cómplices de los delitos de rebelión, sedición, asonada, y conexos con los anteriores. De ninguna manera serán favorecidos los autores de genocidios, homicidios fuera de combate cometidos con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni de actos de barbarie.

23 de enero 1991 , 12:00 a.m.

A la norma solo podrán acogerse los miembros de los grupos guerrilleros que estén en proceso de desmovilización y que a juicio del Gobierno hayan dado pruebas inequívocas de su deseo de reincorporarse a la vida civil.

En las actuales circunstancias, la norma solo beneficiará a los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y, eventualmente, del Quintín Lame si cumple con los requisitos.

Para la concesión de la extinción de la pena y de la acción penal se requiere que, al mismo tiempo, la organización armada se acoja a los parámetros del Gobierno para el proceso de paz, y que el individuo acate esa decisión. El Gobierno valorará los dos elementos para el otorgamiento del perdón.

La jefatura de cada organización rebelde que que se acoja a las garantías del decreto deberá pasar un listado de los individuos merecedores de la concesión, al Gobierno.

Las personas incluídas en estos listados podrán solicitar el beneficio, directamente o por apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de este decreto. Esa petición deberá contener además su expresa y clara manifestación de voluntad de reincorporarse a la vida civil , dice el texto del decreto.

Tras comprobar que el solicitante se ajusta a las condiciones legales, el Gobierno, mediante resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la República y los Ministros de Justicia y de Gobierno, resolverá en un plazo no mayor de 3 meses después del recibo del expediente, el beneficio.

La resolución que decida sobre la extinción de la pena, resolverá sobre la libertad del interesado y deberá notificársele personalmente a él o a su apoderado.

La cesación de procesos entrará en vigencia en el momento en que el Ministerio de Justicia reciba las listas de los individuos que merecen el beneficio, entregadas por las jefaturas de las organizaciones rebeldes. De igual forma, a partir de ese momento, las autoridades judiciales se abstendrán de capturar o abrir proceso contra personas que estén vinculadas a estos listados.

Para los trámites judiciales, el Ministerio de Justicia podrá designar defensores de oficio.

El Gobierno explicó que el decreto 213, dictado al amparo del Estado de Sitio (artículo 121 de la Constitución) es perfectamente viable, pues tiene que ver con medidas tendientes a restablecer el orden público en el país.

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