LEY DE DESCONGESTIÓN ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA

LEY DE DESCONGESTIÓN ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA

La Comisión Legislativa o Congresito decidió vetar el nuevo proyecto de Ley sobre descongestión judicial ayer por la noche. Los comisionados perciben vientos de impunidad y caos ante la eventual aplicación de diversas disposiciones, y prefieren que el proyecto retorne al Ministerio de Justicia, su lugar del origen, para una refacción total.

21 de agosto 1991 , 12:00 a.m.

Refacción que saldría adelante con base en observaciones de voceros de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuya citación al Congresito empezó a abrirse paso ayer. La comisión considera que las diversas instancias de la justicia deben participar en el diseño de un nueva potica realmente coherente de descongestión.

La comisión legislativa no votó aún la aprobación o improbación del proyecto presentado por el Gobierno, pero las intervenciones que se produjeron durante el debate evidenciaron una oposición cerrada a la iniciativa.

El bosquejo original, preparado por el entonces ministro Jaime Giraldo, prevé básicamente tres fórmulas. Conciliación y arbitramento en materia civil, laboral y contencioso administrativa; el desistimiento de delitos culposos y la reducción de términos de prescripción, en materia penal.

Sin embargo, ayer, en cada frente, los responsables de presentar ponencia sobre el proyecto de Descongestión ante el Congresito Jesús Pérez González Rubio, Adelaida Angel Zea y Fernando Coral Villota denunciaron fisuras peligrosas.

Si la Comisión atiende una recomendación gubernamental que reduce a la mitad todos los términos de prescripción previstos en el Código Penal, por ejemplo, varios expedientes en curso por delitos de pánico económico y autopréstamos terminarían en el cesto de la basura.

El Código prevé penas entre seis y nueve años respecto de esta clase de delitos, y el proyecto gubernamental es claro en que la prescripción solo procederá si después de tres años de investigación no se ha producido un llamamiento a juicio.

Con todo y es ahí donde radica la preocupación de los comisionados, la etapa de investigación de los llamados delitos de cuello blanco , por ejemplo, suele llevarse mucho más de tres años y entonces se produciría el efecto indeseado: la impunidad. Cuántos expedientes por otro tipo de delitos correrían la misma suerte? Es otro interrogante que se plantean los comisionados y que prefieren no responderse. Otras objeciones La situación no es mejor frente a la perspectiva de un desistimiento generalizado de los delitos culposos. Esto es, aquellos en que no media intención previa de causar el daño.

Consejeros de Estado y magistrados de la Corte han impugnado con energía esa posibilidad, aludiendo fundamentalmente que no siempre será viable y, en cambio, podría traducirse en desazón y caos.

La víctima de un accidente de tránsito puede llegar a acuerdo con su agresor y desistir de la acción , observa un magistrado.

Sin embargo agrega, cómo puede desistir el Estado de un peculado culposo que es aquel donde la negligencia o impericia de un funcionario se traduce en dilapidación o desviación de recursos del fisco? .

Junto con estas objeciones, han surgido otras. En materia civil, laboral y contencioso administrativa, el proyecto abre las puertas a la conciliación.

Así, cuando después de un año no se ha producido una decisión definitiva en el proceso, los afectados pueden retirar el proceso del juzgado y solicitar la intervención de un conciliador. Si esta no prospera, entonces se hace obligatorio el arbitramento.

La norma coinciden González Rubio y sus homólogos es abiertamente inconstitucional, porque la nueva Carta solo acepta el arbitramento como resultado del consenso entre las partes .

Finalmente, en materia contencioso administrativa, ha advertido con alarma el Consejo de Estado, es imposible entrar a conciliar una ordenanza departamental o un acto administrativo.

Con base en estas observaciones y los escasos resultados prácticos de la Ley sobre Descongestión que actualmente se encuentra vigente caos en las inspecciones de policía, impunidad en material penal y falta de infraestructura en materia de centros de conciliación y arbitramento, los comisionados han optado por sugerir al Gobierno otras vías para descongestionar.

Entre estas figura la creación de 400 nuevas plazas de jueces ad-hoc, con capacidad de fallar los procesos actualmente represados y solo pendientes de sentencia, y de un número equivalente de plazas para jueces de Descongestión o Emergencia que asuman procesos en trámite.

Otras fórmulas implican introducción de la grabación magnetofónica o electrónica para audiencias menores, creación de una bonificación económica en favor de los jueces que mantienen sus despachos al día y simplificación de trámites tanto para la práctica de pruebas como dentro del proceso mismo.

Recomendaciones que atienden un argumento, expuesto ayer por el penalista y comisionado liberal Antonio José Cancino: La descongestión no puede ser únicamente una arista de impunidad... .

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