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A TODO VAPOR AVANZA DESARROLLO DE LA CARTA

A TODO VAPOR AVANZA DESARROLLO DE LA CARTA

A cuatro días del cierre de sesiones, el Congreso tuvo ayer una de sus más fructíferas jornadas: entregó al país una nueva ley de estados de excepción, expidió el estatuto orgánico de la Policía Nacional, el marco legal para modernizar a los partidos y movimientos políticos y para definir la libertad de religión y de cultos. Se trata de un paquete que permite un gran desarrollo de la nueva Constitución Política, el primero y más grande que ha habido desde la instalación del nuevo Congreso en diciembre de 1991.

También dio vía libre al nuevo estatuto de contratación administrativa. Este estatuto prevé la financiación inmediata de los hospitales, mediante una norma que facilita el traspaso de recursos estatales a los centros asistenciales.

De esta manera conjura los efectos de un reciente fallo del Consejo de Estado.

Aprobada la ley de los estados de excepción Al cabo de 23 meses de debates, en los que tuvo decidida participación la sociedad civil, el Congreso aprobó ayer la ley estatutaria de los estados de excepción.

De esta manera, cumplió el mandato constitucional, que consistía en definir los límites de las medidas de emergencia tomadas por el Presidente de la República en tiempos de conmoción interior, guerra exterior, emergencia económica, social o ecológica.

Durante un debate de seis horas, la Cámara hizo una revisión crítica del texto aprobado por el Senado, pero no le introdujo modificaciones de fondo.

Dos comisiones conciliatorias nombradas por las dos cámaras se ocuparán hoy de producir el texto definitivo de la ley, llamada a borrar los últimos vestigios del estado de sitio que rigió en el país durante cuatro décadas.

La comisión de conciliación designada por la Cámara quedó integrada por los representantes Ramiro Lucio, Marco Tulio Gutiérrez y Roberto Camacho, ponentes para el último debate, y por el parlamentario Héctor Elí Rojas.

La ley, que antes de recibir la sanción presidencial será sometida a una revisión por la Corte Constitucional, faculta al Ejecutivo para adoptar severas medidas de tipo policial que le permitan recuperar la paz pública en épocas de especial perturbación, pero lo obliga a respetar los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal y la libertad de conciencia.

En circunstancias excepcionales, el Gobierno podrá ordenar detenciones, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial, aunque deberá someter estos procedimientos a la revisión de la Procuraduría. Paralelamente, la Corte Constitucional y el Congreso ejercerán todo el tiempo los controles judicial y político, respectivamente. Por primera vez en la historia constitucional del país, la Corte encargada de la custodia de la Carta Política podrá suspender en cualquier momento los decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo cuando a juicio de sus magistrados vulneren disposiciones de la Carta o atenten contra derechos y garantías protegidos por ésta.

Las cámaras legislativas tendrán la facultad permanente de derogar o modificar esas normas de emergencia.

Durante el estado de conmoción interior, el Gobierno podrá, básicamente, restringir el derecho de circulación y residencia y utilizar temporalmente bienes y establecer restricciones a la radio y a la televisión sobre la divulgación de información que pueda generar peligro grave e inminente para la vida de personas o incidir de manera directa en la perturbación del orden público.

Igualmente, tendrá un poder punitivo. Esto quiere decir que podrá tipificar nuevos delitos, aumentar y reducir penas, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de policía y autorizar cambio de radicación de procesos.

En tiempos de guerra exterior, ejercerá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad.

Como le afectaria a usted? La ley de estados de excepción no tendrá un carácter ordinario. Es decir, no afectará la vida del ciudadano en épocas de normalidad y solo servirá para que, en circunstancias excepcionales, en las que esté en peligro la supervivencia del Estado, el Gobierno pueda actuar eficazmente para conjurar la amenaza.

Ninguno de los derechos estipulados por la Constitución y consagrados en la Convención Americana podrá ser vulnerado o limitado. Nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles. Por severas que sean las medidas adoptadas, se mantendrá vigente la garantía de la libre y pacífica actividad política, merced a la cual los ciudadanos tendrán derecho a constituir partidos o movimientos y a hacer oposición.

Estará vigente la figura del Habeas Corpus, que permite a cualquier persona privada de la libertad y que creyera estarlo de manera ilegal, a solicitar su libertad ante la autoridad judicial competente.

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