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PIDEN SANCIÓN CONTRA ASONAL

PIDEN SANCIÓN CONTRA ASONAL

La Procuraduría solicitó ayer sanciones para el presidente, vicepresidente y secretario de la Asociación de Empleados de la Rama Judicial (Asonal judicial), como organizadores del último paro de jueces que se realizó en el país. El Ministerio Público comprobó que los tres funcionarios presionaron el cese de actividades e inclusive pagaron avisos incitando a él.

La Procuraduría General de la Nación se lanzó a investigar y a solicitar una sanción concreta y severa contra funcionarios inclinados a promover el cese injustificado de actividades en el sector oficial.

El Ministerio Público solicitó ayer sanciones para tres altos miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), sindicatos del Poder Judicial, como organizadores del último paro de jueces que se realizó en el país y que paralizó por 48 horas la administración de Justicia.

La Procuraduría solicitó a la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca sanciones contra tres importantes directivos de ese sindicato.

La solicitud de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, a cargo del jurista Rafael Ballén, afecta a Antonio Suárez Niño, presidente del sindicato, y a Miguel Angel Avella, secretario de esa entidad.

Así mismo, el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía General de la Nación que sancione a Fabio Hernández Forero, vicepresidente de Asonal.

La determinación de la Procuraduría se suma a los 86 pliegos de cargos que el Ministerio Público formuló hace un mes contra funcionarios de la Aeronática Civil comprometidos en la operación reglamento, origen de un grave caos en la prestación del servicio aéreo en todo el territorio nacional.

La Procuraduría está a punto de pronunciarse sobre el cese de actividades de los maestros que comenzó el 17 de mayo y se prolongó hasta el lunes de la semana pasada.

La solicitud de sanciones contra directivos de Asonal constituye quizá el primer caso en que la Procuraduría logra determinar responsables y solicitar las respectivas sanciones.

La Procuraduría comprobó que los miembros de la junta directiva de Asonal ordenaron y pagaron carteleras y avisos de publicidad para impulsar el paro.

Según la Procuraduría, 25 personas declararon que Suárez, Avella y Hernández participaron activamente en la organización del paro.

En concepto del Ministerio Público, Asonal dio la orden para que el 19 de noviembre pasado, día de la protesta laboral, ningún funcionario del Poder Judicial ingresara a su sitio de trabajo.

Los abogados del Ministerio Público pudieron establecer, por ejemplo, que el día de la protesta de los funcionarios judiciales, la sede de los juzgados en Paloquemao fue cerrada con candados y según los agentes de la Policía que se encontraban en ese lugar algunos militantes de Asonal dieron la orden de no dejar entrar a nadie a las oficinas.

La otra cara En sus descargos, los tres funcionarios de Asonal señalados por la Procuraduría reconocieron que pagaron un aviso de prensa mediante el cual se convocó a todo el Poder Judicial a realizar una jornada de protesta.

Los acusados dijeron igualmente que la convocatoria se realizó porque la mayoría de los empleados judiciales votó en favor de la protesta y porque, de este modo, solo se estaba ejerciendo el derecho de reunión consagrado en la Constitución Nacional.

Además, los directivos de la Asonal culparon, ante la Procuraduría, a los medios de comunicación de la organizacion del paro que realizaron los jueces.

Según los directivos sindicales, la prensa, la radio y la televisión, en su afán de conseguir chivas, lanzaron al aire la noticia sobre un inminente cese de actividades en el Poder Judicial .

Los funcionarios dijeron que, de seguro, los periodistas no comprendieron que el comunicado suscrito por el presidente, vicepresidente y secretario general (de Asonal), publicado el 15 de noviembre, en ningún momento hablaba de una parálisis sino de una jornada de protesta .

La acusación de los máximos directivos de Asonal está contenida en los descargos que rindieron ante la Procuraduría.

Es cierto dice el Ministerio Público que se tiene el derecho a reunirse, pero no lo es menos que ese derecho se debe ejercer conforme a la ley, esto es, entre otras cosas, mientras no se afecte la marcha normal del trabajo; puesto que así como los empleados pueden hacer uso de tales prerrogativas, los ciudadanos lo tienen a que se administre pronta y cumplida Justicia .

Suárez le dijo ayer a EL TIEMPO que aún no había sido notificado oficialmente de la decisión de la Procuraduría.

Me parece grave que una determinación de esa clase sea notificada a los interesados a través de los medios de comunicación .

Además, el funcionario dijo que respetará la determinación que adopte el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Dentro del debate probatorio, demostraremos que la protesta laboral no implicó necesariamente cese de actividades. Lo grave de todo esto es que se está afectado a las organizaciones sindicales, y eso es una tendencia peligrosa. Ya se metieron con Telecom, la Registraduría, los controladores aéreos y, ahora, con el sindicato del Poder Judicial .

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