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NO HAY REVERSA EN LAS EXTRADICIONES DE 1989

NO HAY REVERSA EN LAS EXTRADICIONES DE 1989

La extradición de colombianos con base en las normas de estado de sitio que expidió el Ejecutivo tras el asesinato del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán tienen plena vigencia y fueron ordenadas legalmente. Así lo señala un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al rechazar la solicitud de un extraditado que solicitó la nulidad de las dos resoluciones ejecutivas a través de las cuales se ordenó su entrega a Estados Unidos.

El Tribunal falló la demanda presentada por Hernando Peláez Roldán, quien argumentó que la decisión de extraditarlo, adoptada el 3 de octubre de 1989 y confirmada el 13 del mismo mes, es violatoria de normas legales y constitucionales.

En la demanda, Peláez explicó que en marzo y julio de 1986 el Gobierno de Colombia decretó su extradición a Estados Unidos, pero aseguró que tal decisión perdió piso jurídico tras la declaratoria de inexequibilidad de la ley de extradición, en julio de 1987.

Ante ese hecho, adujo Peláez, el Gobierno dio traslado del caso a la justicia colombiana y le solicito iniciar el proceso penal en contra de Peláez por los cargos que la justicia estadounidense formuló en su contra. Esto es, conductas delictivas al parecer ocurridas entre 1976 y 1981.

Según el demandante, la justicia venía cumpliendo con esas diligencias pero tras el magnicidio de Luis Carlos Galán, el Gobierno expidió el 18 de agosto de 1989, el decreto 1860, a través del cual reactivó la extradición de colombianos.

El 14 de septiembre de ese mismo año, las autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención preventiva de Peláez con fines de extradición y el 3 de octubre siguiente el Gobierno de Colombia decretó la extradición. La decisión fue confirmada el 13 del mismo mes.

Tal determinación, en concepto de Peláez, es ilegal puesto que rompió el principio de favorabilidad penal y condujo a que se le juzgara dos veces por los mismos hechos.

No hubo violaciones El Tribunal, al conocer la demanda, sostuvo que no existen méritos para decretar la nulidad de las resoluciones por las cuales se concedió la extradición de Peláez.

En concepto de la corporación, la resolución que dejó sin vigencia la primera decisión de extradición, no cerró la posibilidad de que en el futuro el Gobierno de Estados Unidos pudiera hacer una nueva petición.

El fallo dice que la mencionada resolución no expresó que en un futuro el señor Peláez Roldán, ante una nueva solicitud de autoridades extranjeras, estuviere exento de ser extraditado .

En el mismo sentido, el Tribunal agregó: forzoso es concluir que el Gobierno colombiano no requería del consentimiento expreso del señor Peláez para conceder una nueva extradición, en la medida en que se podía extraditar a cualquier persona aunque estuviera procesada en Colombia por el mismo delito por el cual se le requería, siempre que no se hubiere producido sentencia .

La Corporación concluyó además que en el caso de Peláez no se había producido fallo final y, por lo tanto, no puede argumentarse que se le juzgó dos veces por los mismos hechos o que carecede legitimidad la resolución que dispuso su extradición.

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