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DIMITIÓ DIRECTOR DE LA AERONÁUTICA

DIMITIÓ DIRECTOR DE LA AERONÁUTICA

El director de la Aeronáutica Civil, José Joaquín Palacio Campuzano, renunció ayer irrevocablemente a su cargo, después de casi un mes de aguda polémica y enjuiciamientos a la labor que desempeñó desde el comienzo del actual Gobierno. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, aceptó la dimisión.

El funcionario comunicó su decisión ayer por la tarde luego de una reunión que sostuvo con el Jefe de Estado.

Por la mañana, el contralor general de la República, Manuel Francisco Becerra Barney, le había solicitado al Presidente que suspendiera a Palacio de sus funciones mientras concluye una investigación fiscal que está adelantando en la Aerocivil. Sus resultados se anunciaron para dentro de un mes aproximadamente.

La petición del Contralor se basa en un artículo constitucional que le permite pedir la suspensión de un funcionario público, sin dar explicaciones, cuando considere que hay razones suficientes para tomar la medida. Con anterioridad había pedido que se procediera de igual forma con treinta funcionarios del sector eléctrico a quienes se investigaba por el apagón.

En su carta de renuncia, Palacio hace un extenso balance de las ejecutorias de su administración en lo que se refiere a la política de cielos abiertos y la recuperación financiera de la entidad, y cómo esta se tradujo en inversiones en equipos de aeronavegación.

Señala, sin embargo, que el curso que ha tomado el debate sobre la seguridad aérea, unido a la solicitud del Contralor, lo llevan a renunciar, pues entre otras cosas, el sector no puede darse el lujo de una interinidad en este momento.

Asimismo, menciona que la política de cielos abiertos y el vuelco que ésta ha implicado para el sector aéreo en Colombia le han creado resistencias que hacen difícil su gestión.

Muchas causas La renuncia de Palacio se estaba cocinando desde el 19 de mayo pasado cuando un avión de la Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM) se estrelló en Antioquia y causó la muerte de 132 personas.

Desde ese momento, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) arremetió con fuerza contra el funcionario a quien ya había criticado en épocas anteriores y lo acusó de negligente en las gestiones para reponer el VOR-DME, radioayudas fundamentales para el aterrizaje en el aeropuerto de Rionegro, las cuales fueron voladas por la guerrilla dos veces el año pasado.

Los pilotos de ACDAC pidieron su cabeza en varias ocasiones, y aunque algunos senadores y representantes se inclinaron a apoyarlos, sus denuncias no lograron el objetivo propuesto en el Congreso. Allí se efectuaron debates en las comisiones sextas de Senado y Cámara, en los que, entre otras cosas, se pidió cabeza fría y no buscar chivos expiatorios.

El asunto llegó a la plenaria del Senado, donde las denuncias de Fabio Valencia Cossio sobre negligencia en la contratación del VOR-DME se ahogaron en una discusión sobre si el debate era reglamentario y ni siquiera se escuchó la posición del director de Aerocivil.

A esta discusión se sumaron los fallos de dos acciones de tutela interpuestas una por un abogado y la otra por la ACDAC, mediante los cuales se limitaron las operaciones del José María Córdova, de Rionegro, y del Camilo Daza, de Cúcuta.

A las acusaciones respondió en varias oportunidades el director de Aerocivil y explicó que tiene la conciencia tranquila porque hizo todo lo que estaba a su alcance para agilizar la compra de las radioayudas.

Asimismo, ha sostenido que los procedimientos autorizados para operar a Rionegro son seguros y están aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La Contraloría Las diferencias entre Aerocivil y la Contraloría salieron a la luz pública hace dos semanas cuando el senador Eduardo Pizano de Narváez denunció que parte de las demoras en la contratación de radioayudas para el aeropuerto de Rionegro habían sido causadas por el auditor de la Contraloría ante la Aerocivil.

Según el senador, el auditor trancó la aprobación de reversas presupuestales entre las que se hallaba la partida para comprar el VOR-DME del José María Córdova porque había encontrado un desfase en algunas cifras. Sostuvo que hubiera podido autorizar el uso parcial de los dineros.

El contralor Manuel Francisco Becerra Barney anunció de inmediato que si las denuncias eran ciertas el funcionario sería despedido de inmediato.

Según indicó ayer la Contraloría, no sólo no se encontró mérito para proceder a despedir al auditor, sino que mañana ante la Comisión VI del Senado Becerra mostrará los documentos que le permitirán probar que su despacho no ha sido negligente frente a los contratos para reponer la radioayuda de Rionegro.

Uno de los aspectos que investiga la Contraloría es la ejecución presupuestal del año pasado. Según ella, de los 53.000 millones de pesos que tenía presupuestados la entidad, dejó de ejecutar 22.000 millones, lo cual resulta inexplicable.

De igual manera, existe una investigación sobre los contratos para la construcción de las bodegas de carga internacional del aeropuerto Eldorado de Bogotá, en la cual se involucran funcionarios de esta y de la anterior administración. También incluye los contratos del proyecto de meteorología aeronáutica y la reparación de la pista del aeropuerto Sesquicentenario de San Andrés.

Sobre estos contratos, la comisión investigadora señaló numerosas irregularidades que arrojan un faltante de 873 995.489,60 pesos, de los cuales 636 646.086,49 corresponden a faltante de fondos públicos y el resto a faltante de bienes públicos.

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