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GOLPE EN LA CONTRALORÍA DE ARMENIA

GOLPE EN LA CONTRALORÍA DE ARMENIA

El contralor interino de Armenia, César Augusto López Varela, nombrado el jueves pasado por el Concejo, no pudo asumir su cargo ayer debido a que seis funcionarios de esa dependencia le dieron un golpe de estado . Le cerraron las puertas y se atrincheraron en el interior de la oficina. Así, Armenia tiene actualmente tres contralores. El problema se inició el pasado 4 de junio cuando el Consejo de Estado notificó al Tribunal Administrativo del Quindío el auto de suspensión provisional contra Martha Liliana Hurtado Parra, la contralora titular, mientras se resuelve la presunta inconstitucionalidad en su nombramiento.

La señora Hurtado presentó recurso de reposición y al mismo tiempo recibió del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) una incapacidad de 15 días por una intervención quirúrgica. Ella nombró a Tulio Castrillón, secretario general de la Contraloría, como contralor encargado mientras dura su ausencia.

Con base en dicho nombramiento, Castrillón le negó ayer la entrada a esas dependencias a López Varela, quien fue nombrado por el Concejo.

Castrillón, quien permanece en la oficina, situada en el quinto piso del Palacio Municipal, afirmó que no entregará el cargo hasta que el Tribunal dirima el caso. Agregó que la elección realizada por el Concejo es ilegal.

El funcionario sostuvo que se está atendiendo al público y su actitud obedecía a lo estipulado en la Ley 42 y el Acuerdo 15 del Concejo, normas que facultan al contralor titular para nombrar un remplazo temporal.

López Varela, el contralor interino, adecuó una oficina en el sexto piso de la Alcaldía y comenzó a atender los asuntos concernientes a ese despacho.

El alcalde encargado de Armenia, Alexander Vásquez Fernández, calificó como un desacato a la ley la actitud de Castrillón y sus compañeros de resistencia, a quienes les dio un día de plazo para que abandonen la oficina. Agregó que le preocupa el estancamiento del proceso de cuentas y el mal ejemplo que están dando los empleados resguardados en la Contraloría.

El problema obedece a un enfrentamiento político. La coalición mayoritaria del Concejo, integrada por diez liberales y anapistas, apoya a la alcaldesa Alba Stella Buitrago, mientras que la contralora Hurtado es respaldada por siete conservadores y liberales.

Juristas estimaron que hasta que el Consejo de Estado resuelva definitivamente la situación, la señora Hurtado puede ejercer como contralora sin desmedro del cumplimiento de la ley.

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