TODOS A UNA CONTRA LA CORRUPCIÓN

TODOS A UNA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El fallo del Consejo de Estado en virtud del cual se anula la conciliación de noviembre de 1998 con Dragacol y se la obliga a restituir a la Nación la bicoca de trece mil millones de pesos coincide con el término de una campaña electoral en que abundaron los pronunciamientos contra las prácticas corruptas y las sustracciones ilícitas de los caudales públicos. En todos los flancos se propuso o se prometió combatir esta peste cuya gravedad no se vaciló en equiparar a la de la violencia. De atenernos a tales expresiones, en adelante no serán tolerados encubrimientos, complicidades o complacencias, fueren políticas, institucionales o personales.

06 de junio 2002 , 12:00 a. m.

El fallo del Consejo de Estado en virtud del cual se anula la conciliación de noviembre de 1998 con Dragacol y se la obliga a restituir a la Nación la bicoca de trece mil millones de pesos coincide con el término de una campaña electoral en que abundaron los pronunciamientos contra las prácticas corruptas y las sustracciones ilícitas de los caudales públicos. En todos los flancos se propuso o se prometió combatir esta peste cuya gravedad no se vaciló en equiparar a la de la violencia. De atenernos a tales expresiones, en adelante no serán tolerados encubrimientos, complicidades o complacencias, fueren políticas, institucionales o personales.

Los altos tribunales han venido sancionando con rigor jurídico las conductas ilícitas de funcionarios y miembros de los cuerpos representativos. Sin embargo, en la opinión pública prevalece la sensación de que el delito suele ser rentable, aunque a veces su costo sea el del carcelazo pasajero.

La apropiación ladinamente abusiva de trece mil millones de pesos por parte de Dragacol, más el intento de incrementar el saqueo, es claro ejemplo de esta codiciosa modalidad delictiva. Según se colige del fallo en cuestión, sobre las arcas del Estado se precipitó a cobrar servicios que no se habían prestado e indemnizaciones que tampoco se habían causado. Con ligereza inconcebible y al favor de influencias aparentemente políticas, se atendieron sus requerimientos y se le giraron sin demora ni reflexión esos cuantiosísimos dineros.

El fallo viene a sentar la doctrina de que no paga, ni debe ser en ninguna forma fructífero, el delito contra el patrimonio público y la moralidad administrativa. Por ser de todos y creerse no ser de nadie, ha venido a resultar, sin guardianes, presa fácil de los apetitos de enriquecimiento inescrupuloso.

Al menos en el caso de Dragacol la transferencia indebida de fondos quedó netamente al descubierto, lo mismo que el modo de revertirla. Circunstancia distinta de la que en tantos países (Argentina y México, por ejemplo) ha pervertido las privatizaciones y llevado a vender bienes del Estado por debajo de su costo de oportunidad. Razón de más para estar prevenidos contra aprovechamientos subrepticiamente antinacionales, así como contra enajenaciones precipitadas del capital público.

Lo ocurrido con Dragacol y con otras defraudaciones demuestra cómo al avance de la eficacia y la vigilancia en la recaudación de fondos no corresponden características análogas en su aplicación y erogación. Los mastines tradicionales cambiaron la guarda celosa de la puerta de salida por el fiero impulso a la de entrada.

En esta materia, todo aconseja revivir los controles, si se quiere poner coto a las sustracciones indebidas, a los contratos sospechosos, a los peculados encubiertos y a las actuaciones por debajo de la mesa. Por sobre todo, la determinación de las jerarquías superiores de no transigir con corruptelas ni compadrazgos torticeros.

Por la magnitud del problema, por la reacción poco menos que unánime de los ciudadanos y por la doctrina que ha sentado el Consejo de Estado, llaman las campanas a exterminar la corrupción dondequiera exista. No sean vanas las promesas de las campañas electorales. Sin distingos de partidos, movimientos o grupos, hay que consagrarse a combatirla, todos a una, por la salud de la democracia y la dignidad de la patria. No sin ignorar las condiciones peculiares de ilegitimidad y clandestinidad del narcotráfico y sus redes.

Cultura de las rejas.

A ella se ha llegado -vale la pena precisarlo- no por capricho estético ni por empeño de aislarse de la comunidad, sino en guarda de la integridad de las vidas, de sus derechos y bienes. Así interpretamos su auge obligado en Barranquilla, por cierto también visible en las otras ciudades colombianas. La civilización de las puertas abiertas y de los jardines sin cercas pereció bajo el hostigamiento de la inseguridad. Probablemente no habrá de revivir, al menos en el corto plazo.

No siempre los estilos arquitectónicos y los urbanísticos corresponden a los ideales abstractos de las respectivas generaciones. Las necesidades acaban por determinarlos. También el número de las familias, los espacios disponibles, los progresos tecnológicos de los utensilios domésticos, el tiempo de permanencia en hogares, oficinas y fábricas. El solo hallazgo del computador ha revolucionado trabajos y costumbres. Sin embargo, el factor dominante en Colombia, hoy por hoy, es el de la inseguridad.

Se hacen estas precisiones a propósito de amable carta de la directora del Departamento del Espacio Público en Bogotá, Diana Margarita Beltrán Gómez, en relación con el enrejamiento de los antejardines. Ha devenido ciertamente toda una cultura, pero impuesta por necesidad imperiosa, más que por ímpetu segregacionista que, desde luego, tampoco falta. Si no, por qué el moderno edificio del Banco de la República en Bogotá, valga el ejemplo, hubo de optar, a posteriori, por esta modalidad precautelativa?.

abdesp@cable.net.co

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