EL TERROR SE QUEDÓ EN RIONEGRO

EL TERROR SE QUEDÓ EN RIONEGRO

Se necesitó de un drama como el secuestro del obispo de Zipaquirá, Jorge Enrique Jiménez y del cura párroco Desiderio Orjuela para que la provincia de Rionegro, en el occidente de Cundinamarca, acaparará la atención del departamento y el país.

23 de noviembre 2002 , 12:00 a.m.

Topaipí? Muy pocos a nivel nacional sabían de su existencia y mucho menos sobre la ubicación de Yacopí, Villagómez, El Peñón, La Peña y La Palma, algunos de sus municipios vecinos.

Solo las autoridades del departamento sabían lo que representaba la palabra Rionegro para la seguridad regional.

Para ellas no es un secreto la influencia que en esta zona ejercen grupos de paramilitares, al igual que los frentes Manuela Beltrán, Esteban Ramírez y Policarpa Salavarrieta de las Farc, que se disputan este territorio que representa ventajas estratégicas y la consolidación de rutas para acceder a departamentos como Boyacá, Santander y la zona del Magdalena Medio.

Sin embargo, el semanario conoció nuevos datos recolectados por funcionarios de las alcaldías que han tenido que refugiarse en Bogotá por amenazas contra su vida, los cuales indican que en lo que va corrido del último año han sido asesinadas de manera selectiva cerca de 100 personas.

El 80 por ciento de ellas no recibieron actas de defunción y sus cadáveres tuvieron que ser enterrados en el mismo lugar donde fueron abatidas a raíz de que sus cadáveres nunca fueron levantados por la dificultad de las autoridades para ingresar a la zona rural.

Así mismo, 4 mil personas, de los ocho municipios, huyeron de sus fincas por temor a ser asesinadas.

Solo en El Peñón, y durante el primer semestre del año, fueron desplazadas hacia el casco urbano 1.045 personas del sector noroccidental donde se ubican veredas como Llano Grande, Aposentos, Teramita, Quitasol, Tendidos, entre otras.

En esta localidad han sido asesinados 32 campesinos acusados de ser informantes de la guerrilla o los paramilitares. Generalmente las víctimas son decapitadas, y antes de morir son torturadas.

Un número similar de labriegos han sido asesinados en Topaipí y La Palma, municipio en el que las matanzas y la desaparición de habitantes se acentuaron durante el desplazamiento de 680 civiles hacia Bogotá y Pacho, el cual se agudizó entre los meses de agosto y septiembre pero que había sido reportado desde octubre de 2001.

A esto se suma que la Defensoría del Pueblo, seccional Cundinamarca, conoció de manera extraoficial que luego de que la Red de Solidaridad y la Gobernación impulsaron el retorno de 200 familias el pasado 26 de octubre, los asesinatos y los combates entre los dos grupos ilegales se ha recrudecido en los últimos días, causando nuevos asesinatos y la huida de un número indeterminado de civiles.

En Paime, por su parte, la misión médica ha sido presiona por paramilitares que además han obstruido el funcionamiento de la ambulancia municipal y en otras zonas los finqueros han preferido cambiar los cultivos de café por cultivos ilícitos, especialmente de coca, aprovechando corredores rurales que facilitan el tránsito desde San Cayetano hacia Boyacá y el Magdalena Medio.

Cabe anotar que con el paso del tiempo, los habitante de Rionegro han descubierto que llegar a Bogotá o a municipios intermedios no representa una garantía de seguridad.

En las últimas semanas han sido asesinadas cuatro personas en la capital, una de ellas en la Avenida Boyacá y otra en la localidad de Bosa, a las que se suman otros dos civiles en las afueras de Pacho.

Estos dos últimos recibieron múltiples impactos luego de ser bajados a la fuerza de buses de servicio público que afrontaron retenes ilegales, los cuales son constantes en las rutas veredales.

La provincia también ha sido testigo de la muerte los concejales de La Peña, Salatiel Flores, Luis Antonio y William Pulgarín; de Ana Lucía Alvarez, presidente de la Asociación de Municipios de Rionegro y del alcalde de Topaipí, Wilson Alirio Castro.

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