PIDEN RETIRAR SALVEDAD EN CPI

PIDEN RETIRAR SALVEDAD EN CPI

La iniciativa de no aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para los crímenes de guerra, en los próximos siete años, generó ayer una enérgica reacción del Procurador general, Edgardo Maya Villazón, quien le pidió al presidente Alvaro Uribe que retire la salvedad hecha el pasado 5 de agosto, cuando se hizo el depósito de los instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma.

03 de septiembre 2002 , 12:00 a.m.

La iniciativa de no aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para los crímenes de guerra, en los próximos siete años, generó ayer una enérgica reacción del Procurador general, Edgardo Maya Villazón, quien le pidió al presidente Alvaro Uribe que retire la salvedad hecha el pasado 5 de agosto, cuando se hizo el depósito de los instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma.

Después de que el Gobierno expidió un comunicado donde defendió la decisión y dijo que evaluará el tema , Maya le envió una misiva a Uribe, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, en la que le advierte: Si el Gobierno tiene motivos para mantener el régimen de transición, debería explicársele con franqueza y con toda claridad al país las razones que le asisten para tal postura, de lo contrario, se entenderá defraudado el arduo proceso que cumplió soberanamente el Congreso de la República reformando la Constitución Política con el propósito de darle a la sociedad colombiana un mensaje de compromiso ineludible con la justicia universal (...) .

Maya dice que los colombianos recibieron con enorme sorpresa la noticia (de la salvedad) y considera que con la declaración formulada por la administración anterior hemos mandado a la comunidad internacional el equívoco mensaje diciendo que nuestro Estado está dispuesto a no permitir que la CPI conozca, en forma residual, de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que se cometan con motivo del conflicto armado durante este período de tiempo .

El Procurador considera que el artículo 124 del Estatuto, que abre la puerta a las salvedades, permite que los eventuales crímenes de guerra cometidos en nuestro país por extranjeros tampoco podrán ser justiciables en el contexto internacional, lo que le resta eficacia a un valioso instrumento jurídico que, en cualquier momento, puede significar una salida digna a las relaciones de política internacional del Estado .

En su carta, Maya compara los crímenes de guerra que se cometen en Colombia con los horrores del nazismo y dice que los habitantes del país pasaron de ser espectadores a víctimas de esas conductas.

Soy absolutamente respetuoso de la competencia constitucional que le permite al Ejecutivo la dirección de las relaciones internacionales, pero el concepto del Procurador, en calidad de defensor de los intereses de la sociedad y de los derechos humanos, es que el Gobierno opte por el retiro de la declaración, tal y como lo establece el mismo artículo 124 , concluye la carta.

Habla Fernández de Soto.

Desde Lima, el ex canciller Guillermo Fernández de Soto dijo que la salvedad fue hecha por el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana para no cerrarle al nuevo Gobierno la posibilidad de restablecer el proceso de paz con la guerrilla.

Fernández de Soto reiteró que la decisión fue consultada y avalada por el gobierno de Uribe en el entendido de que no era conveniente dejar obstáculos para una eventual reanudación de los diálogos.

Entre tanto, el Gobierno emitió un comunicado para señalar que el Congreso y la Corte Constitucional fueron conscientes de la posibilidad de que el Ejecutivo acudiera a la excepción prevista en el artículo 124 del estatuto de la CPI, y en su momento no presentaron objeción alguna a que Colombia formulara esta declaración .

El Gobierno dijo que la salvedad no significa que habrá impunidad para los crímenes de guerra, que siguen siendo castigados por la ley colombiana.

Según Fernández de Soto, la posibilidad de retirar la declaración es una carta más a favor del Gobierno, que fue tomada en cuenta a la hora de hacer la salvedad.

Los cuestionamientos de los expertos no ponen en tela de juicio la potestad del Ejecutivo para acudir a la salvedad, sino el hecho de que no se le informó al país que esa decisión se iba a tomar. Francia también acudió al artículo 124, pero la opinión pública estuvo previamente informada.

Según el senador Manuel Ramiro Velázquez, que pidió citar de urgencia al Senado a Fernández de Soto y a los embajadores en E.U., Luis Alberto Moreno, y en la ONU, Alfonso Valdivieso, el Congreso tiene que conocer las causas que motivaron al Gobierno para no informar su decisión al momento en que fue debatido (el estatuto) en Senado y Cámara .

El tema también será tratado durante una reunión que sostendrán mañana la Comisión Segunda del Senado y la canciller Carolina Barco, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ayer, la organización Reporteros Sin Fronteras criticó la salvedad formulada por Colombia y dijo que el país sigue el mal ejemplo de Francia .

Crímenes no exentos.

La salvedad de Colombia saca de la competencia de la CPI en los próximos siete años sólo a los crímenes de guerra, que son cometidos por los combatientes, pero no a los llamados crímenes de lesa humanidad ni al genocidio.

Tanto los crímenes de guerra como los de lesa humanidad hacen parte de los delitos de derecho internacional más graves.

Los de lesa humanidad son aquellos que, por su gravedad, no solo ofenden a la víctima, sino a la humanidad entera y que son cometidos, en tiempos de paz o de guerra, por agentes del Estado u organizaciones políticas que desarrollan ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.

Según el Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, el exterminio, la esclavitud, la deportación o privación de libertad que viole las normas del derecho internacional, la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, culturales, étnicos y religiosos, el apartheid o cualquier otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

El genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

FOTO: A pesar de la salvedad ante la CPI, los actos de la guerrilla podrán ser castigados por la legislación interna.

Archivo/ EL TIEMPO

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