UN MINISTRO AL ESTRADO

UN MINISTRO AL ESTRADO

Se ha batido en tribunales y juzgados desde los 24 años y durante 18 años fungió como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Hasta sus detractores admiten que ningún campo del derecho le es ajeno y dicen que se sabe, como nadie, la filosofía y fundamentos del derecho. Inclusive, envidian su habilidad a la hora de invertir.

16 de junio 2002 , 12:00 a. m.

Se ha batido en tribunales y juzgados desde los 24 años y durante 18 años fungió como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Hasta sus detractores admiten que ningún campo del derecho le es ajeno y dicen que se sabe, como nadie, la filosofía y fundamentos del derecho. Inclusive, envidian su habilidad a la hora de invertir.

Su desempeño le ha abierto puertas de empresas como asesor, inversionista o directivo, pero también le ha granjeado polémicas con industriales, empresarios y políticos.

Es Fernando Londoño Hoyos, un manizalita que a sus 58 años retorna a la función pública -tras 34 años de ausencia- como ministro del Interior y de Justicia del electo presidente Alvaro Uribe.

Y aunque en su hoja de vida aparecen al menos 15 procesos en los que ha defendido los intereses del Estado recuperación del Coliseo El Campín, litigios de ISA y del Idema, uno de ellos contra el City Bank, pleitos del municipio de Manizales y la fabricación de fusiles en Indumil, entre otros hoy se le critica haber defendido a firmas como la mexicana ICA, la cuestionada TermoRío y el consorcio hispano-alemán Metromed, en contra de los intereses de Colombia.

Tras su nombramiento, también se han desempolvado casos -por resolver- en los que, directamente, está enfrentado con el Estado, del que ya hace parte.

En qué van esos procesos? Hay alguna inhabilidad?.

Esto fue lo que EL TIEMPO encontró.

ACCIONES EN PLEITO.

A finales de 1995, la estatal Ecopetrol empezó a vender sus acciones en ocho importantes empresas energéticas y gasíferas del país para obtener capital y direccionarlo hacia su negocio: el petróleo.

El paquete en venta incluía el 52 por ciento de acciones que tenía en Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa). Las acciones, de acuerdo con la Constitución y la ley de privatizaciones, debían ser ofrecidas en primera instancia y a precio fijo al sector solidario y a trabajadores o ex trabajadores. Se trataba de democratizar.

El 2 mayo de 1997, con una certificación de Invercolsa que decía que laboró allí entre 1990 y 1995, Londoño se presentó a la subasta en la Bolsa de Bogotá y se hizo al 20 por ciento de las acciones.

La certificación la expidió el entonces presidente de la firma, el ex ministro de Obras Enrique Ramírez Vargas, amigo de Londoño y otro de los compradores.

Los 145 millones de acciones costaron 9.264 millones de pesos. El pago se hizo a través de un crédito con el Banco del Pacífico de Panamá por 8.100 millones de pesos y otro de su filial de Colombia por 900 millones de pesos , que Londoño, presidente de la Junta Directiva del Banpacífico en Colombia, pagó en 72 horas.

Al enterarse de quién había hecho la compra, Ecopetrol inició una batalla jurídica para declarar nulo el negocio y retomar el control de las acciones y de la empresa.

Por qué?.

Para Ecopetrol, Londoño no podía comprar porque no fue trabajador de Invercolsa en los términos que exige el Código Sustantivo del Trabajo: no recibió ni sueldos, ni salarios, ni prestaciones, ni se suscribió al Seguro Social. Solo obtuvo honorarios a través de su firma de asesoría por un contrato de prestación de servicios.

De hecho, aun cuando Londoño dice que sí era empleado, tal como lo reconoció la Fiscalía , y que se trata de una persecución por haber impedido que las acciones quedarán en manos de un amigo de Ecopetrol (ver entrevista), lo cierto es que ya existe un fallo contrario a la interpretación que el nuevo Ministro tiene del Código del Trabajo.

Un juez laboral concluyó que Londoño no tenía la calidad de trabajador, providencia que hoy estudia el Tribunal Superior de Bogotá por apelación de Londoño.

En cuanto al proceso civil, originado en una demanda instaurada por Ecopetrol, está hoy en etapa probatoria en el Juzgado 28 Civil del Circuito, que en forma cautelar obligó a Londoño a informar a posibles compradores sobre el litigio en curso y la posibilidad de perderlas.

Sin embargo, ante la imposibilidad de pagar la deuda al Banpacífico, Londoño decidió entregar las acciones en dación de pago a la Arrendadora Financiera Bolivariana, con sede en Panamá, a la que el banco cedió los derechos sobre el crédito del abogado, que había garantizado su pago hasta con caballos pura sangre.

Invercolsa está desde 1997 está en manos de la Supersociedades.

EMPAPELADO.

A Londoño también se le liga a otro pleito con otra empresa estatal.

El litigio entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (EMTVA) y el consorcio hispano-alemán Metromed -constructor del metro de Medellín-, que reclama el pago de unos 700 millones de dólares por supuestos incumplimientos y perjuicios derivados del contrato.

Aunque el ministro ya renunció a la defensa del consorcio, está demandado.

En mayo pasado, el gerente del metro, Ramiro Vásquez, pidió a la Fiscalía establecer la responsabilidad de Metromed y de Londoño por fraude a resolución judicial, menoscabo de la integridad nacional y actitud subversiva, al alzarse en contra de leyes y fallos.

EMTVA argumenta que la justicia colombiana ha conceptuado que el litigio debe ser dirimido por la jurisdicción contenciosa y no por un Tribunal de Internacional, tal como está sucediendo por iniciativa del consorcio.

ETMVA sostiene que Londoño y el consorcio pasaron por alto esas decisiones. Por eso, también iniciaron un proceso de desacato.

Además, Londoño fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura, instancia que se abstuvo de investigarlo disciplinariamente, al no encontrar que se configurara el desacato. No estoy metido en el desacato y si el Tribunal no es válido, Por qué ETMVA está asistiendo , dice Londoño (ver entrevista).

NEGOCIO A PIQUE.

La historia del Banco del Pacífico -el más importante de Ecuador y que tuvo una filial en Colombia- tampoco es ajena a Londoño.

De hecho, su nombre se mencionó en el 2001 a raíz de sendos debates en el Congreso, que intentaban señalar a los responsables del descalabro de la entidad que se llevó consigo más de 35 mil millones de pesos de impuestos.

Marcel Laniao, principal accionista del Banpacífico, confió a Londoño su inversión en Colombia y por ello, desde 1994 lo llevó a presidir la Junta Directiva de su entidad y le dio una participación simbólica como accionista en la casa matriz.

Londoño estuvo vinculado al banco durante sus 5 años de existencia en Colombia, de donde salió 6 meses antes de que la Superintendencia Bancaria detectara operaciones que a la postre terminaron en la intervención y liquidación de la entidad.

Las autoridades bancarias encontraron anomalías como violación a topes de endeudamiento y préstamos autorizados violando todo tipo de requisitos, incluyendo la prohibición de obtener crédito tras crédito para cubrir unos con otros.

La Junta que presidía Londoño, según determinó la Superintendencia, no se reunió cada mes -como lo ordena el estatuto Orgánico del Sistema Financiero- y concluyó que su actuación no fue razonable para la crisis que afrontaba la entidad.

Hasta hoy, la Superbancaria no ha iniciado investigaciones contra Londoño por su desempeño en esa junta. Tampoco el liquidador del banco.

Londoño dice que sus actuaciones en el banco se ciñeron a la ley y que no quebró sino que fue intervenido por falta de liquidez.

LIOS DE CLUB.

La quiebra del Banpacífico también enfrenta a Londoño con miembros del Club El Nogal, del que es presidente.

Algunos socios atribuyen su exclusión por preguntar qué pasó con dineros que manejaba el Banpacífico, con el que tenía un contrato de compra de cartera.

La Cámara de Comercio de Bogotá convocó, por solicitud del club, un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias con ese banco.

Otro episodio ocurrido en la sede del club también toca a Londoño: la supuesta violación de una menor por un enfermero, en el 2000, que se mantuvo en reserva hasta que el columnista Ramiro Bejarano lo divulgó hace tres meses.

Algunos afiliados le exigieron a Londoño que explicara por qué les ocultó el episodio, por qué se estaba pagando la defensa del sindicado y por qué no informó de la demanda por más de 200 millones de pesos contra el club.

El club funciona como un régimen fascista, ese señor es un inquisidor , dice un miembro fundador que pidió el anonimato.

Los medios han abusado. Mi deber es actuar con lealtad con el empleado del club , (ver entrevista).

LOBBY CONTRA COLOMBIA?.

A Londoño también se le relaciona con el lobby que una firma de abogados hace ante el Congreso de Estados Unidos para que Colombia no obtenga los beneficios del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa).

Los abogados, representantes de Sithe Energies -principal accionistas de la firma colombiana TermoRío- piden que dichos beneficios se congelen hasta tanto se paguen 62 millones de dólares a su cliente.

Esa deuda obedece a la condena que un Tribunal de Arbitramento Internacional le impuso a la Electrificadora estatal del Atlántico (Electranta) por el incumplimiento de un contrato pactado con TermoRío.

Pero la nulidad del contrato fue pedida ante el Consejo de Estado por el Gobierno colombiano argumentado serias irregularidades.

También cursan indagaciones penales, disciplinarias y fiscales contra quienes participaron en la firma del contrato y en la defensa ante el Tribunal.

En ese sentido, la Procuraduría conceptuó que el fallo se debe anular porque el pleito, entre empresas colombianas, debe ser dirimido por la justicia del país.

Pese a ello, Londoño insiste en el reconocimiento del laudo arbitral, so pena de alejar la inversión extranjera de Colombia, al incumplir acuerdos internacionales.

FOTO/Archivo EL TIEMPO.

Aunque socios de TermoRío pidieron que Colombia se quedara sin el ATPA, Londoño dice que él no tiene la culpa.

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