COMO SE VA A FINANCIAR LA GUERRA

COMO SE VA A FINANCIAR LA GUERRA

El término guerra , que se está utilizando para describir la nueva fase del conflicto armado colombiano desde el 20 de febrero, se presta a imprecisiones y ambiguedades. Por lo mismo, puede conducir a la adopción de decisiones equivocadas. La guerra en Colombia es un enfrentamiento entre un Estado legítimo y fenómenos de subversión armada, terrorismo y paramilitarismo. Es la confrontación con unos movimientos guerrilleros y paramilitares que les han hecho un enorme daño a la sociedad y a la economía, que no tienen legitimidad alguna y que cada día cuentan con menos apoyo popular. Más que una guerra en el sentido convencional del término es un conflicto violento o un conflicto armado.

16 de junio 2002 , 12:00 a. m.

El término guerra , que se está utilizando para describir la nueva fase del conflicto armado colombiano desde el 20 de febrero, se presta a imprecisiones y ambiguedades. Por lo mismo, puede conducir a la adopción de decisiones equivocadas.

La`guerra` en Colombia es un enfrentamiento entre un Estado legítimo y fenómenos de subversión armada, terrorismo y paramilitarismo. Es la confrontación con unos movimientos guerrilleros y paramilitares que les han hecho un enorme daño a la sociedad y a la economía, que no tienen legitimidad alguna y que cada día cuentan con menos apoyo popular. Más que una`guerra` en el sentido convencional del término es un conflicto violento o un conflicto armado.

El resultado final de ese enfrentamiento debería ser la recuperación, por parte del Estado, de la soberanía sobre la totalidad de la geografía y del monopolio de las armas. Para que imperen una sola Fuerza Pública, una sola ley, un solo sistema judicial y unas únicas instituciones políticas y económicas.

Esta aclaración debería servir para colocar en perspectiva las necesidades de gasto militar y de Policía. Actuar contra el terrorismo necesita un plan, inteligencia, comunicaciones y capacidad de acción policial y militar rápida con base en unidades especializadas. Cubrir todos los rincones del territorio nacional, en particular cerca de 180 poblaciones en donde no hay en la actualidad presencia ni del Ejército ni de la Policía, requiere ampliar el pie de fuerza de ambas organizaciones.

Más gasto militar y no militar.

Un estudio reciente muestra que los niveles de gasto militar en Colombia han sido moderados si bien a partir de 1996 creció en monto y en participación en el PIB- y que, en el contexto latinoamericano, no se consideran altos.

El gasto militar-que no incluye el de la Policía- habría sido equivalente al 1,89 por ciento del PIB en el 2000. Su elevación fue notoria entre 1994 y 1997 como consecuencia de ajustes salariales inaplazables. Este nivel de gasto es bajo si se compara con el de otros países en situaciones de conflicto armado interno y bajo, también, si se compara con el promedio registrado entre 1990 y 1998 en 18 países de América Latina. De otra parte, del total del presupuesto militar para el 2000, un 32 por ciento se dedicó a la inversión cuando en 1990 la cifra correspondiente fue del 13 por ciento. El pie de fuerza, por último, medido en número de hombres por cada 100 habitantes, es en Colombia ligeramente superior al del promedio de América Latina, 3,9 hombres frente a 3,65.

Cuando se habla de gasto militar, hay que precisar los términos y hablar de asuntos concretos y no de generalidades. No se trata de elevar el gasto militar al equivalente al efectuado por E.U. en la Segunda Guerra sino de subir su participación en el PIB. Multiplicarlo por dos lo colocaría en menos del 4 por ciento del PIB. Y debe ser claro para los colombianos que somos quienes, por una u otra vía, lo vamos a pagar- para qué se va a gastar y en qué se va a gastar. Este ingrediente está haciendo falta en la discusión pública.

Incrementar de manera sustancial el pie de fuerza tendría dos propósitos fundamentales: ampliar el número de brigadas o unidades especiales en la lucha contra el terrorismo y aumentar los recursos humanos dedicados a recuperar y a cubrir el territorio. Es posible que estrictamente no fuere necesario`doblar` el número de soldados profesionales en la lucha contra el terrorismo pero, de todas maneras, habría que continuar elevándolo en forma importante. Es evidente que se necesitan muchos más soldados y policías para hacer presencia en todo el país. Además de remunerar debidamente a los nuevos individuos que se vinculen a las Fuerzas Armadas y de Policía, habrá que aprovisionarlos, proveerlos de pertrechos, mantenerlos, transportarlos y administrarlos. No es algo que pueda hacerse, infortunadamente, de un día para otro. Lo cual implica que el incremento del gasto no es inmediato sino que debe efectuarse en el tiempo, y entre más rápido, mejor.

Este gasto tendría un efecto positivo en la demanda de bienes y servicios que se satisface internamente y sería relativamente poco intensivo en importaciones de equipo militar. Para financiar estas últimas, que son indispensables, particularmente los helicópteros y los aviones fantasma, es fundamental el apoyo internacional en términos concesionales. Es oportuno recordar que el esfuerzo de incrementar el equipo se hizo en buen grado en los últimos años. En el 2000, por ejemplo, el gasto en equipo aumentó en 120 por ciento en términos reales. No se requieren bombarderos ni embarcaciones muy sofisticadas. Hay que reforzar las comunicaciones, la movilidad y la inteligencia.

En lo fundamental, se necesitan cerebros, personas, comida, uniformes, balas y combustibles para los camiones, los helicópteros, los aviones y las lanchas rápidas. Y, sobre todo, estrategia y gestión. El aumento del gasto, por sí solo, no garantiza su efectividad. Es crucial determinar la manera óptima de utilizar el conjunto de los recursos por parte de las Fuerzas Armadas, con base en técnicas conocidas de investigación y planeación de operaciones, algo en lo cual el apoyo de profesionales civiles, del sector privado y de la academia, sería indispensable.

En un país sin guerrilla habría necesidad, de todas maneras, de contar con un Ejército profesional, bien dotado, y mantener la Policía en todas las poblaciones y en el campo. Esto implicará, forzosamente, una recomposición del gasto militar y de Policía para hacerlo más eficiente y orientado a satisfacer las verdaderas necesidades del país. La experiencia centroamericana señala que la delincuencia común aumenta una vez concluye el conflicto armado. Una situación similar experimentó Medellín con posterioridad a la muerte de Pablo Escobar y al desmantelamiento del`cartel` . Quiérase o no, entonces, parte del incremento en el gasto en seguridad nacional-Fuerzas Armadas y Policía- va a ser permanente. Como habrá también necesidad de elevar el gasto de justicia y en cárceles, porque se trata de establecer el imperio de la ley en todo el país.

No todo el gasto adicional requerido tendría, entonces, finalidad militar. Si se espera una intensificación del conflicto armado habrá que orientar recursos a la atención de la población desplazada, a la reconstrucción de la infraestructura destruida y a la colonización de los territorios liberados. Y, muy importante, preocuparse por la construcción y la reconstrucción institucional. El Estado legitimo tiene que hacer presencia en campos y ciudades.

Financiación del nuevo gasto?.

El éxito de una confrontación depende de dos elementos cruciales: obtener recursos rápidamente, al mínimo costo económico posible, y, simultáneamente, mantener la estabilidad macroeconómica. En otras palabras, hay costos que no pueden financiarse acudiendo al expediente fácil de la inflación y de los desequilibrios económicos. Para el economista e historiador inglés Niall Ferguson, la movilización militar no es suficiente para ganar una guerra. Es necesario lograr un equilibrio certero entre los diferentes sectores de la economía para maximizar los recursos para la guerra, sin afectar el bienestar económico de la población.

En el caso del conflicto colombiano, este concepto es fundamental. Uno de los objetivos del enemigo es, precisamente, golpear y desestabilizar una economía, ya de por sí afectada por el problema de inseguridad. Alfredo Rangel lo anotó con claridad: el propósito del sabotaje contra la infraestructura será provocar una situación calamitosa: una parálisis económica, que haga estallar un gran descontento social y produzca una grave crisis política . Lo peor que podría añadirse a esa eventualidad calamitosa sería una inflación rampante, con una agudización del hambre y de la miseria en el país. Una situación de esa naturaleza podría llevar al derrumbe de la democracia y a un régimen dictatorial. No hay que olvidar que la inflación y la hiperinflación de Alemania en los años de la Primera Guerra y en los que la siguieron, dieron origen a la Alemania nazi en los treinta y a la Segunda Guerra.

En último término, mantener la estabilidad macroeconómica tiene un beneficio adicional: comprometer a los dirigentes políticos y a los grupos de interés en una verdadera y fuerte recomposición del gasto público y a la población entera en el pago de impuestos dirigidos a satisfacer las necesidades militares. Paradójicamente, el manejo de la financiación de esta fase del conflicto armado podría abrir la oportunidad para sanear las finanzas del Estado.

Por esta misma razón, es importante que se definan las prioridades del gasto público y que el financiamiento del gasto militar adicional se realice en una parte sustancial con base en impuestos adicionales. Porque es a las generaciones del presente a quienes nos toca resolver el problema, para beneficio de las futuras. Como ya lo han planteado algunos, esa mayor tributación debería recaer sobre los individuos de acuerdo con su capacidad de generación de ingresos. Es decir, debería tratarse de una sobretasa sobre el impuesto de renta. Otra parte de la financiación, la que deben pagar las generaciones futuras, habría que obtenerla por la vía del endeudamiento público. Algo que sí podría hacerse, sería dirigir por unos años las regalías petroleras y mineras hacia el gasto militar. Y, desde luego, cerrar canales de evasión y elusión tributarios.

Instituciones y compromiso.

En síntesis, se requiere definir correctamente las necesidades del nuevo gasto militar para derrotar la subversión y el terrorismo con el fin de imponer la ley en todo el territorio y, al mismo tiempo, definir una estrategia financiera que permita financiar ese mayor gasto sin generar desestabilización de la economía.

La historia enseña que fueron las exigencias de la financiación de las guerras las que dieron origen hacia el siglo XVIII a un aparato institucional que combinó cuatro instituciones: el parlamento, que representa a los contribuyentes y legitima el proceso presupuestal; la burocracia estatal e independiente, que recauda los impuestos; el sistema de crédito público, encargado de las emisiones de deuda interna y externa para anticipar los impuestos y suavizari en el tiempo el costo de las guerras; y, finalmente, el banco central, que no solamente administraba la colocación de la deuda estatal sino que monopolizaba la emisión de la moneda. Este esquema institucional, que surgió de las necesidades de financiamiento de la guerra, resultó definitivo, además, para promover el desarrollo de la economía en su conjunto.

En Colombia, afortunadamente, contamos con las cuatro patas de esa mesa institucional. Hay que ponerlas a operar en función de la definición del nuevo gasto militar y en el diseño de la respectiva estrategia de financiación del mismo. La tarea del banco central es la de soportar la estabilidad macroeconómica, porque la desestabilización juega a favor del enemigo . Precisamente la carencia de un banco central de emisión en la guerra de los Mil Días, dio lugar a la hiperinflación de principios del siglo XX que, por fortuna, dejó en la memoria colectiva el temor a la inflación desbordada.

Terminar el conflicto exige el compromiso de todos como condición necesaria y suficiente para tener éxito. Sin compromiso de toda la población, sin distingos de ninguna índole, no hay triunfo posible. En la coyuntura actual, uno de los elementos de ese compromiso es el servicio militar obligatorio. Otro es el pago de impuestos que cumple, adicionalmente, con el objetivo de evitar la desestabilización de la economía. La financiación del gasto militar cumpliría, por consiguiente, un doble propósito: obtener recursos sanos y comprometer a los colombianos en el éxito militar.

Es lo que necesita Colombia en este momento crucial. Los países que sufrieron en el pasado los horrores y los rigores de las guerras comprendieron oportunamente que la economía de la guerra y la recuperación del imperio de la ley tenían prioridad. De cierta forma, nosotros hemos ido en contravía de esa trayectoria, intentando construir el así llamado estado social de derecho mientras perdíamos el control del territorio y lo entregábamos en manos de la subversión y la delincuencia organizada.

Hay que aprovechar la oportunidad que abre la lucha contra la subversión, el paramilitarismo y el terrorismo, para recuperar tanto el territorio como el tiempo perdido y sentar así unas nuevas bases para la reconstrucción del país y, con ella, el avance económico y social de los colombianos.

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