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APROBADO EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN

APROBADO EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN

El proyecto de ley que crea el nuevo estatuto general de contratación pública, que remplaza al decreto ley 222 de 1983, fue aprobado anoche por la plenaria de la Cámara. El mismo proyecto debió ser debatido ayer en la plenaria del Senado. Sin embargo, no tuvo tránsito, debido a que se prolongó el debate a Carlos Ossa.

La plenaria de la Cámara nombró una subcomisión para estudiar los puntos donde hubo divergencia.

Esto lo hará simultáneamente con los miembros que nombre la plenaria del Senado, tan pronto le dé trámite a la iniciativa.

Una vez la subcomisión llegue a un acuerdo, el proyecto pasará a las plenarias para su aprobación.

El cordinador de los ponentes, Héctor Anzola Toro, dijo que lo más importante del nuevo estatuto es que deroga el decreto ley 222 de 1983, haciendo de la contratación pública un mecanismo ágil y transparente.

Así mismo, destacó que la propuesta establece que la inscripción de los proponentes será a través de las cámaras de comercio de cada ciudad y será válido en todo el país. Se establece de esta forma un registro único nacional.

También se incluyó en el proyecto de ley que será obligación entregar a cada uno de los proponentes, dentro de la hora siguiente al vencimiento del término establecido para el cierre de la licitación o concurso, copia autenticada de cada una de las propuestas.

Para este fin, cada proponente deberá anexar a su propuesta tantas copias como número de personas hayan retirado pliegos de condiciones o términos de referncia.

Uno de los artículos que más polémica desató fue el 33, sobre concesión en telecomunicaciones. El representante liberal Arlen Uribe y los de la bancada del M-19 insistían en que todas las concesiones en materia de telecomunicaciones fueran otorgadas por los alcaldes, incluyendo las autorizaciones técnicas sobre ampliación y expansión de la red, quitándole estas atribuciones al Ministerio de Comunicaciones.

Según el ministro William Jaramillo Gómez, aceptar esa propuesta es una anarquía por cuanto podría presentarse incompatibilidad en la prestación del servicio con perjuicio para los usuarios.

Después de un largo debate, se aprobó la propuesta presentada por el Ministro, es decir, que se aplica la legislación que rige en el decreto 190, la cual preserva la autonomía de los entes territoriales y la regulación del Ministerio.

Sin embargo, se adicionaron dos incisos que establecen que este artículo estará sometido a las reglas vigentes.

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