DE COGOBIERNO A INGOBERNABILIDAD

DE COGOBIERNO A INGOBERNABILIDAD

La amenaza generalizada de las Farc a los alcaldes del país significa un reto inmenso para el Estado, tal vez el más grande y de fondo que este grupo insurgente le ha planteado a la institucionalidad democrática y que podría afectar de manera seria la gobernabilidad en muchas regiones.

21 de junio 2002 , 12:00 a. m.

La amenaza generalizada de las Farc a los alcaldes del país significa un reto inmenso para el Estado, tal vez el más grande y de fondo que este grupo insurgente le ha planteado a la institucionalidad democrática y que podría afectar de manera seria la gobernabilidad en muchas regiones.

Para apreciar mejor la dimensión del asunto es necesario observar qué es lo nuevo de una vieja estrategia de la guerrilla. Porque, en efecto, su presión sobre el poder local es de vieja data. Como acción sistemática se remonta a los primeros años de la elección popular de alcaldes, cuando el recién iniciado proceso de descentralización empezó a fortalecer a los municipios en lo político, lo administrativo y lo fiscal.

Muy rápido la guerrilla entendió que su presencia y control sobre áreas rurales quedaría incompleta si no los volcaba sobre los municipios, interfería las elecciones locales, penetraba la administración y sustraía parte de sus recursos fiscales. Ha sido una estrategia muy exitosa, facilitada por el hecho de que, a pesar de todos los avances que produjo la descentralización de los municipios, estos no han logrado resolver satisfactoriamente lo que se refiere al monopolio de las armas y a la administración de justicia en cabeza del Estado. Por esta razón, la autonomía política y el robustecimiento de los fiscos municipales han favorecido más a la guerrilla que a los habitantes de muchas poblaciones.

Una vez más se ha ratificado que cuando el Estado no puede cumplir con el primero y más importante de sus deberes, como es brindarse seguridad a sí mismo y a los ciudadanos, el cumplimiento de sus otras funciones queda en entredicho. Sin seguridad no hay desarrollo, ni libertad, ni ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

A muchos alcaldes no les ha quedado otra opción que aceptar una coexistencia forzada y más o menos tensa con la guerrilla, que incluye un acuerdo implícito mediante el cual, a cambio de la veeduría armada de los insurgentes sobre la administración municipal, en unos casos, o de su cogobierno, en otros, los alcaldes puedan ejercer sus funciones y terminar su periodo. Dada la debilidad de la capacidad disuasiva del Estado en tantas regiones y el interés demostrado por la guerrilla de controlar sin asfixiar, este esquema ha resultado -hasta ahora y lamentablemente- funcional para todos.

Entonces, por qué ahora decide la guerrilla romper su propio esquema desterrando a los alcaldes? Razones políticas de orden nacional explicarían el asunto. Las Farc parecen estar dispuestas a sacrificar un cómodo cogobierno de los municipios para apostarle a la ingobernabilidad del país.

Primero, socavando la economía e impidiendo su recuperación mediante el sabotaje sistemático contra la infraestructura, y así restringiéndole al próximo gobierno los recursos económicos para desarrollar sus programas, en particular los que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad. Segundo, resquebrajando y diluyendo la estructura democrática del Estado por su parte más débil, los municipios; creando un vacío de poder en la base territorial de la armazón del Estado; despejando de cualquier presencia gubernamental la mayor cantidad de áreas del país.

Las Farc parecen dispuestas a demostrarles a los colombianos y al mundo que una cosa es la legitimidad de las instituciones derivada de elecciones democráticas, y otra cosa es el ejercicio real de la soberanía sobre el territorio. Que la primera no genera automáticamente la segunda y que más bien, por el contrario, mediante el uso de la fuerza se puede alcanzar la legitimidad y el reconocimiento de la contraparte para desarrollar una negociación política, con la agenda más amplia posible. Es más, tal vez calculan que la amplitud de la agenda y el tamaño de la zona despejada para iniciar negociaciones de paz van a depender del número de municipios donde a la fuerza destierren a los alcaldes como agentes del Estado nacional.

El punto es que la única opción para neutralizar esta estrategia de la guerrilla es mediante la saturación de los municipios en situación de riesgo con mucha policía y mucho ejército, para proteger en forma permanente a los miembros de las administraciones municipales en peligro. Cualquier otra solución parcial o temporal podría poner en peligro la vida de las autoridades locales.

Para esto se requiere -antes de que sea demasiado tarde- un inmediato incremento del pie de fuerza disponible, mediante el llamamiento de un suficiente número de reservas en los próximos meses. Intentar capotear la situación con el actual y precario pie de fuerza nos colocaría frente a un dilema dramático: o se protege la infraestructura económica del país, o se protege la estructura política del Estado. De la primera depende la estabilidad macroeconómica y de la segunda, la unidad política y territorial. Sacrificar cualquiera de las dos significa poner en grave riesgo la gobernabilidad del país.

alrangel@multi.net.co

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