TATE QUIETO A PADRES IRRESPONSABLES

TATE QUIETO A PADRES IRRESPONSABLES

Hasta hace poco cuando existía una demanda por paternidad responsable, muchos de los demandados solicitaban la prueba de ADN para retardar los procesos, ya que al Estado le correspondía costear los gastos de los exámenes y su aprobación era demorada.

18 de junio 2002 , 12:00 a. m.

Hasta hace poco cuando existía una demanda por paternidad responsable, muchos de los demandados solicitaban la prueba de ADN para retardar los procesos, ya que al Estado le correspondía costear los gastos de los exámenes y su aprobación era demorada.

Esto ocasionó que en los Juzgados Promiscuos de Familia los procesos por paternidad se represaran, como ocurre en varios municipios de Boyacá.

Según manifiesta el Procurador Judicial 26 de Familia, Guillermo Soler Mantilla, el índice de demandas por paternidad responsable es bastante notorio en los Juzgados Promiscuos de Familia de Sogamoso y Duitama.

"En Sogamoso hay tres Juzgados Promiscuos de Familia y en Duitama dos, y en cada uno de ellos existe un promedio aproximadamente de 40 negocios (procesos) que están represados en la etapa probatoria por la falta de la prueba del ADN", dijo Soler Mantilla.

El Procurador explicó que en los Juzgados de Santa Rosa de Viterbo, Socha, Soatá y El Cocuy los negocios que se están tramitando oscilan entre cinco y diez. Allí, esos procesos también se encuentran represados por la prueba del ADN.

"Afortunadamente la Ley 721 de 2001, en su artículo sexto, manifiesta que cualquiera de las partes involucradas podrá pagar dentro del proceso el valor de la prueba. Esto es fundamental porque anteriormente se estaban represando los casos por paternidad, ya que los exámenes de la prueba de ADN se hacían a través del Bienestar Familiar y de Medicina Legal", indicó el Procurador Judicial 26 de Familia.

Soler Mantilla señaló que hoy día el Ministerio de Justicia está estudiando la utilización de otros laboratorios particulares para que se pueda practicar esta prueba.

"Ahora tenemos esa facilidad para ir descongestionando el cuello de botella, porque las partes pueden pagar la prueba dentro del proceso, sobre todo la parte demandante que es la interesada, y al final el juez fijará, de acuerdo a los resultados de la prueba, quién tiene que pagar esos costos del proceso y ahí va incluido el valor del examen", precisó Soler Mantilla.

El Procurador manifestó que de esta manera se garantiza que el niño pueda ejercer su derecho para conocer quién realmente es su padre biológico.

La Ley 721 dice que en los procesos de investigación de paternidad el Estado solo pagará las pruebas de ADN cuando se trate de personas a quienes se les haya concedido el amparo de pobreza.

"Para pedir el reconocimiento de la paternidad de un hijo, la madre puede acercarse al Bienestar Familiar de su localidad si está bajo el amparo de pobreza. Allí se le asesora y se le ayuda de manera gratuita para presentar la correspondiente demanda. También pueden acudir a las Personerías Municipales o a la Procuraduría 26 Judicial de Familia de Santa Rosa de Viterbo", aconsejó Soler Mantilla.

Las personas que no tengan el amparo de pobreza deben buscar un abogado litigante para que presente la correspondiente demanda en los Juzgados de Familia.

"Saber quién es su padre es un derecho que tiene el niño, pero a veces la madre por orgullo no lo ejerce, siendo ella la representante de su hijo y la que puede dar el poder para presentar la demanda", sostuvo el Procurador 26 Judicial de Familia.

Una vez se haya reconocido a un hijo, el padre tiene la obligación de responder hacia el futuro por los alimentos del niño o el joven, que pueden equivaler, según lo fije el Juzgado, hasta al 50 por ciento de lo que el progenitor devengue.

"En el futuro, cuando el padre fallezca, el hijo puede reclamar todos los derechos sucesoriales de los progenitores", explicó Soler Mantilla.

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