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LEY DE TIERRAS, DEL PAPEL A LA PRÁCTICA

El pasado jueves, el Presidente Pastrana colocó la primera piedra para hacer realidad la Ley de tierras, que permitirá construir -inicialmente- 1.849 viviendas de interés social.

El pasado jueves, el Presidente Pastrana colocó la primera piedra para hacer realidad la Ley de tierras, que permitirá construir -inicialmente- 1.849 viviendas de interés social.
La inversión será de 22.000 millones de pesos bajo la figura del subsidio combinado, que consiste en entregar una parte del auxilio en especie y otra en dinero.
En la Casa de Nariño se suscribieron cinco convenios que permitirán la edificación de 184 viviendas en el lote Torcoroma I de Cúcuta, 420 en el lote San Miguel Arcángel de Neiva, 300 en la Urbanización Prado Soledad en Soledad, 450 en el lote El Papiro de Soacha, 43 en Portales de Bugalagrande, 120 en Fontanar del Río (en Suba) y 332 viviendas en la Urbanización Madelena de Pitalito.
Esta modalidad permitirá el acceso a vivienda a las familias más pobres, a grupos especiales de desplazados y reinsertados y a familias que necesiten reubicación por habitar en zonas de alto riesgo.
Este programa cobijará a la población con ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos y clasificadas en Sisben 1 y 2. El precio de la vivienda será hasta de 50 salarios mínimos legales (15i 540.000 pesos).
El subsidio combinado que entrega el Gobierno equivaldrá a 25 salarios mínimos legales, es decir, $7.725.000 por familia. Este resultará de la sumatoria del valor del lote, más un complemento en dinero.
Otra de las novedades de este esquema es que las familias no tendrán que acudir al crédito porque una parte del valor proviene del subsidio del Gobierno más el aporte local. Sólo se les exige un ahorro equivalente al 10 por ciento para la construcción de sus casas.
Para hacer realidad la idea, se llevó al Congreso un proyecto de ley que permite trasladar los lotes de la Nación al Inurbe gratuitamente.
Las bases quedaron listas en diciembre con la aprobación de la Ley 708 del 2001, por medio de la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se firman otras disposiciones .
Luego se inventariaron los primeros inmuebles aptos para este programa y el compromiso de los mandatarios locales, a quienes se les exige un aporte en urbanismo y servicios públicos.
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