DE DISTENSIÓN A ABANDONO

DE DISTENSIÓN A ABANDONO

Los municipios de la desaparecida zona de distensión empiezan a padecer las consecuencias del rompimiento del proceso de paz con las Farc.

19 de marzo 2002 , 12:00 a. m.

Los municipios de la desaparecida zona de distensión empiezan a padecer las consecuencias del rompimiento del proceso de paz con las Farc.

Pero no se sabe si peor que los enfrentamientos armados, el terrorismo, las masacres y los ataques de la guerrilla es el abandono que sufren.

Y es que aunque el gobierno departamental trata de hacer una presencia continua en la zona, en general la respuesta del estado a sus necesidades es casi nula.

Esta apreciación la confirma el Consejero de Paz del Meta, José Rafael Cáliz, quien visita todas las semanas los cuatro municipios de la antigua zona de distensión y conoce de cerca la realidad que viven.

"Allí no se ve la labor del Plante ni de ningún otro organismo ni entidad del estado. Las dos únicas instituciones del orden nacional que hasta el momento hacen presencia en la zona son la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad", dijo el funcionario.

A estas dos entidades se suma la presencia permanente del gobierno seccional, pero de ahí en adelante, no hay nada más para destacar.

Cáliz agregó que además de los actos violentos y terroristas, la zona tiene problemas aún más graves como la insuficiente cobertura en servicios públicos.

Esta situación se acentúa en Uribe, que está a punto de enfrentar una emergencia sanitaria por escasez de agua, pues allí se triplicó la población del casco urbano pasando de 1.100 a 3.600 habitantes, tras la llegada de 2.500 soldados.

Una problemática muy diferente vive Vistahermosa, donde se ha agudizado el conflicto en las últimas semanas, pero los intereses sobre este municipio son más económicos que políticos, aseguran los analistas, como consecuencia de los cultivos ilícitos existentes en este sector.

En la medida en que el ejército siga adentrándose en la zona y destruya cultivos y laboratorios, continuará la agudización del conflicto , aseguran expertos en el tema.

Pero el mayor temor es la posibilidad de la fumigación de los cultivos, pues esto podría generar un éxodo. El desplazamiento masivo de pobladores de la zona hacia Villavicencio sería muy grave, pues la capital del Meta no está en condiciones de manejar un conflicto social de este orden , dijo Cáliz.

Por su parte, José Soriano Peralta, quien ha estado vinculado a la zona como funcionario de varios municipios y actualmente coordina la gestión de recursos para la zona, aseguró que aunque el gobierno central trata de hacer presencia con la visita de altos funcionarios, no hay políticas estatales claras frente a la zona y la respuesta a las necesidades básicas no es mucha.

Soriano coincide con el Consejero de Paz en que las fumigaciones lo único que lograrían sería agudizar el conflicto interno.

"La presencia institucional más visible es la de la fuerza pública, que hasta el momento ha sabido llegar sin chocar con la gente", aseguró el Consejero de Paz.

El problema más grave y delicado en la zona son las implicaciones que tendría la fumigación de cultivos, pues podría generar un éxodo de habitantes para el cual definitivamente no está preparado Villavicencio. Así las cosas, la capital del Meta se podría convertir en un Barrancabermeja.

SOLO BUENAS INTENCIONES.

El Comité municipal de desplazados, ante la eventualidad de un éxodo de pobladores de la extinta zona de despeje hacia Villavicencio, tiene establecido un plan de contingencia, para atender las necesidades básicas e inmediatas de estas personas.

De acuerdo con Marta Ramón Bahamón, funcionaria de la secretaría de Gobierno municipal, en este comité están comprometidos todas las dependencias de la Alcaldía, además de numerosos organismos, con miras a ofrecer una atención integral a la población desplazada.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones con que se plantea el comité este tiene una gran debilidad y es la falta de recursos que, entre otras cosas, no le permite ofrecer soluciones de fondo a las necesidades de los desplazados como por ejemplo con programas de generación de empleo.

INVERSION EN LA ZONA.

Como respuesta a las necesidades de los municipios, la Consejería ha gestionado, a través del Plan Colombia, recursos del gobierno central y se espera obtener inversiones cercanas a los 500 millones de pesos para infraestructura en salud de los cuatro municipios.

Por otra parte, José Soriano Peralta, quien coordina la gestión de recursos para los cuatro municipios de la zona de distensión y 7 más del área de influencia, asegura que lo que no se invirtió en estos tres años, no se hará en los cinco meses que quedan de este gobierno.

Precisamente, gracias a la gestión de Soriano, estos 11 municipios acaban de obtener la destinación de cerca de 6.000 millones de pesos, un promedio de 500 millones por municipio, provenientes del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP). "Pero estos son los primeros recursos significativos que ha obtenido la zona durante todo este lapso", dijo Soriano.

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