ARRANCÓ LIMPIEZA EN EL DRI

ARRANCÓ LIMPIEZA EN EL DRI

En marzo se destapó un escándalo de corrupción que puso en la picota pública al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y que dejó al Estado con la responsabilidad de ejecutar 188.000 millones de pesos en contratos dudosos.

09 de diciembre 2002 , 12:00 a.m.

Samuel Gómez, asesor del Ministro de Agricultura y quien por el momento está encargado de la dirección del DRI, explicó que 130.000 millones corresponden a una adición presupuestal del 2001 y 58.000 millones a una apropiación para el 2002.

Aunque la nueva administración no puede evitar la ejecución de dichos contratos, busca que los 788 proyectos a los que corresponde ese dinero sean efectivamente entregados y que cumplan con todos los requerimientos técnicos.

La orden de Presidencia es que terminemos de ejecutar esos recursos, pero haciéndolo de la manera más clara. Nos faltan por entregar 45.000 millones de pesos del 2001 y 16.000 millones de 2002, todo esto antes de que se acabe el año. En el 2003 se deberán ejecutar los 42.000 millones restantes , aclaró.

Gómez, quien venía de la Contraloría, encontró un instituto plagado de proyectos regionales que además de estar cuestionados porque se le entregaron a parlamentarios, fueron mal contratados. Se calcula que de cada 100 pesos para las regiones, 40 se perdían en intermediaciones.

Esta situación la corroboró el sindicato de la entidad, Sintradri, aunque aclaró que el mal manejo de los recursos fue responsabilidad de los altos mandos del DRI y no de los funcionarios de carrera.

Nosotros nunca negociamos con los senadores, eso lo hacen los directivos , dijo Alberto Galvis, vicepresidente de Sintradri, al tiempo que aseguró que al menos la nueva administración está siendo muy dura para controlar la corrupción. Es un hecho que han venido limpiando las cosas , agregó el dirigente sindical.

Más perlas Aún con los intentos por recuperar la imagen de la institución, aún pasan cosas como la de hace 15 días, cuando los directivos del DRI recibieron una llamada del Bancolombia para confirmar un traslado de 695 millones de pesos a Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.

Al investigar la transacción, que nunca había sido autorizada, comprobaron que habían falsificado los sellos y la firma del tesorero, al tiempo que descubrieron que las líneas estaban chuzadas y que las llevaban para otro lugar desde donde intentaban hacer operaciones ilícitas.

Afortunadamente faltó una firma, que era la de cruzar cheques, y esa situación se pudo controlar. En este momento el delito es investigado por los organismos de control , explicó el funcionario.

Aunque se evitó el robo de más de 600 millones de pesos, en este momento están en vilo más de 4.000 millones de pesos que corresponden a otro contrato irregular, que se firmó justo tres semanas antes de que se posesionara el nuevo gobierno. Se trata de un convenio por 9.500 millones de pesos que se hizo con la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab), para que se realizara la interventoría de todos los proyectos que tiene en ejecución el DRI y para el montaje de un sistema de información.

Es un proyecto altamente costoso y que no se ajusta a los requerimientos del sector público. Las interventorías valen 15 millones de pesos por tres visitas a un proyecto y eso no puede ser posible. Así mismo, el sistema de información lo valoraron por 1.200 millones de pesos, cuando hemos visto que eso vale máximo 500 millones de pesos. Estamos investigando y tratando de establecer un acuerdo para hacer revisión de precios , aclaró Gómez.

La Secab subcontrató a dos compañías de ingenieros nacionales para realizar el proyecto y la idea del director del DRI es hacer lo que jurídicamente se conoce como una amigable composición para que se efectúen los correctivos necesarios.

Eso ya está siendo investigado por la Procuraduría y la Fiscalía, para mirar si disciplinaria o penalmente se ha cometido acciones indebidas por parte de los funcionarios de la dirección anterior que firmaron el convenio , señaló el directivo.

Desde que fue aprobado el convenio con la Secab se alcanzaron a desembolsar 4.750 millones de pesos y lo que se busca ahora es proteger el remanente.

De aquí al 15 de enero hemos finiquitado la amigable composición para tomar determinaciones o de Conciliación ante Cámara de Comercio o una demanda por lesión al patrimonio público , subrayó Gómez.

Mientras se soluciona ese problema, el DRI está trabajando en un plan de veedurías ciudadanas, que comenzarán por Cundinamarca (en la Mesa, la Vega y San Antonio del Tequendama), con el objetivo de que la gente cuente cómo van los proyectos que está pagando el DRI.

Avanza la fusión Dentro del plan de ajuste del Gobierno está la fusión del Incora, el DRI, el Innat y el Inpa para crear el Idear (Instituto de Desarrollo Agrícola y Rural). Las cuatro entidades cuentan en este momento con directores provisionales y no les adjudicaron presupuesto para el 2003.

Según Samuel Gómez, director del DRI, una liquidación sería lo ideal, pero el inconveniente es que los pasivos laborales del Incora son demasiado grandes, valen aproximadamente 5.550 millones de pesos .

El DRI, después realizar 40 despidos, cuenta actualmente con 110 empleados, el Innat con 300, el Inpa con 350 y el Incora con 1.780 funcionarios. La idea del Ministerio es que el nuevo instituto quede con unos 1.000 empleados, entre los cuales permanecerían aquellos que están a punto de jubilarse, madres cabezas de familia y los que tiene gran experiencia en el tema agrícola.

El sindicato Suma, que unifica a las asociaciones de trabajadores de las entidades agrarias, rechazó por completo la fusión, aduciendo que es un proceso peligroso para el sector agropecuario, ya que no hay nada que garantice que se continuará con los programas sociales que realizan el Incora, el DRI, el Innat y el Inpa.

En realidad este proceso no va a ser una fusión, sino una liquidación que va a provocar una masacre laboral, que afectará a más de 2.500 funcionarios , sostuvo Alberto Galvis, vicepresidente de Sintradri y miembro del sindicato Suma.

Foto: La nueva administración no puede evitar la ejecución de viejos contratos, pero busca que 788 proyectos cumplan con los requerimientos técnicos.

Archivo /EL TIEMPO

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