US$ 3.500 MILLONES EN VILO

US$ 3.500 MILLONES EN VILO

Las multinacionales españolas Unión Fenosa y Endesa, las mayores prestadoras extranjeras del servicio de energía eléctrica en Colombia, expresaron que habrá un retraso en inversiones por 3.500 millones de dólares en los próximos 5 años, necesarias para poder atender un esperado crecimiento de la demanda de este sector.

28 de junio 2002 , 12:00 a. m.

Las multinacionales españolas Unión Fenosa y Endesa, las mayores prestadoras extranjeras del servicio de energía eléctrica en Colombia, expresaron que habrá un retraso en inversiones por 3.500 millones de dólares en los próximos 5 años, necesarias para poder atender un esperado crecimiento de la demanda de este sector.

La advertencia la sustentaron en lo que llamaron la inestabilidad en las reglas de juego, especialmente en lo relacionado con la regulación, factor que no ha dejado avanzar este negocio, porque desconoce realidades como la subnormalidad, el atraso tarifario y la actual crisis económica.

José María Bustillo, encargado de negocios de Unión Fenosa y Andrés Regué Godal, presidente del grupo Endesa para Colombia y el Caribe, fijaron esta posición al margen del congreso anual de servicios públicos que se realiza en esta ciudad.

El planteamiento de las empresas encendió nuevamente el debate con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que desestimó el apocalíptico diagnóstico y consideró que se trata de una estrategia más de las casas matrices para presionar la actualización tarifaria que debe empezar a regir en el 2003.

Unión Fenosa controla a Electrocosta, Electricaribe y a la generadora Epsa del Valle del Cauca, mientras que Endesa, dueña de Codensa y Emgesa de Bogotá, tiene el 25 por ciento de la generación de energía y 20 por ciento del negocio de la distribución del servicio en el país.

Según Regué, los precios de generación que se reconocen en Colombia no remuneran los costos de operación y la remuneración que reciben las empresas es la más baja de América Latina .

En el caso de Unión Fenosa, el panorama, según Bustillo, es poco halagador.

Aunque cuando hace año y medio ese grupo decidió entrar el país sabía de los riesgos, la situación ha empeorado y las pérdidas anuales superan los 100 millones de dólares, a tal punto que el riesgo de que la empresa sea inviable va en aumento.

La regulación sigue desconociendo la realidad; tenemos enormes pérdidas por la informalidad y se mantiene la cultura del no pago , dijo Bustillo, justo en momentos en que la empresa tuvo que iniciar unos polémicos cortes de luz por este motivo (ver recuadro).

Las expertas de la Creg, Sandra Fonseca y Ana María Briceño, insistieron en que debido a las circunstancias económicas, no solo el sector energético está perdiendo valor, sino todas las empresas y que las quejas de los españoles obedecen más a las presiones de sus casas matrices para mejorar resultados en América Latina golpeadas por la crisis Argentina.

Ambas funcionarias reconocieron que el cumplimiento del cronograma para fijar el nuevo marco tarifario dependerá del nuevo gobierno, que se posesionará el 7 de agosto.

Confían en que en octubre ya esté listo para que entre en vigencia en enero del 2003. En caso de no estar definido para esa fecha, continuaría en vigencia el actual esquema.

Agregaron que si la situación fuera tan crítica, las empresas ya hubieran recurrido a mecanismos de revisión inmediata de tarifas como lo establece la ley, pero hasta ahora ninguno de los operadores ha demostrado insuficiencia financiera para llegar a ello.

POLVAREDA POR CORTES MASIVOS.

La falta de pago y la morosidad de entidades estatales obligó a las empresas Electrocosta y Electricaribe a iniciar un masivo corte de energía desde ayer en los 7 departamentos de la costa para tratar de recuperar 508 mil millones de pesos de cartera pendiente.

Los cortes provocaron disturbios en algunas poblaciones donde los habitantes se oponían a la medida, la cual también afectó a por lo menos 40 acueductos en la región, escuelas, hospitales y universidades del estado.

La medida fue respaldada tanto por la ministra de Minas, Luisa Fernanda Lafaurie tanto como por La Superintendencia de Servicios Públicos, ya que las empresas están en su derecho de cortar el servicio a quien no pague.

Sin embargo, usuarios del servicio en la costa han argumentado que los aparentes cortes no son justificados, lo cual motivó investigaciones por parte de la Superintendencia de Servicios.

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