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EL RETO DE LAS ZONAS DE REHABILITACIÓN

Mientras los habitantes de 27 municipios de Sucre, Bolívar y Arauca esperan con expectativa el anuncio de las medidas que empezarán a regir su vida cotidiana, al quedar incluidos en las dos primeras zonas de rehabilitación, lo único que parece claro, por ahora, es que estas regiones le servirán de laboratorio al Gobierno para replicar la estrategia en zonas más complicadas del país.

Redacción Política y Nación
Mientras los habitantes de 27 municipios de Sucre, Bolívar y Arauca esperan con expectativa el anuncio de las medidas que empezarán a regir su vida cotidiana, al quedar incluidos en las dos primeras zonas de rehabilitación, lo único que parece claro, por ahora, es que estas regiones le servirán de laboratorio al Gobierno para replicar la estrategia en zonas más complicadas del país.
Los resultados que se obtengan en estas primeras zonas, definidas el pasado sábado mediante un decreto de Conmoción Interior, servirán de punto de partida para probar la eficacia de medidas como la expedición de carnés para la movilización y la realización de censos sobre las actividades y lugares de residencia de los habitantes.
Otro reto de estas áreas será la coordinación entre las autoridades civiles y los dos comandantes militares: el capitán de Navío Luis Alejandro Parra (Sucre y Bolívar) y el general Carlos Lemus (Arauca), que podrán ordenar registros de información de los residentes de las áreas y que tendrán el control de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía.
El gobernador de Bolívar, Luis Daniel Vargas, se muestra crítico al hablar sobre el papel que jugará la autoridad civil. Según Vargas, las zonas suprimen en cierta medida las facultades legales de los alcaldes y gobernadores establecidas en la Constitución, pues todo queda bajo los órdenes del Ministro del Interior y del segundo al mando: el comandante militar".
Temor por DD.HH.
Aunque el decreto 2002 señala que los gobernadores mantienen su autoridad, lo que está por ensayarse es su engranaje con la poderosa figura del comandante militar.
Otro reto será el relacionado con los derechos humanos. Ayer, al tiempo que varios sectores políticos de Arauca, Sucre y Bolívar respaldaban la decisión, otras voces expresaron temor por eventuales desmanes de la autoridad.
Monseñor Nel Beltrán, obispo de Sincelejo (otro municipio incluido en una zona de rehabilitación), dijo que hay aspectos ambiguos que pueden traer consecuencias no deseadas. Las reglas de juego que van a regir en la zona deben ser discutidas con diferentes estamentos para que no se presenten abusos".
Zonas piloto
Aunque nadie niega los problemas de orden público que sufren las dos primeras zonas, a algunos expertos en el tema de seguridad les sorprendió el hecho de que la estrategia no se hubiera aplicado primero en Caquetá, Putumayo o Guaviare, considerados fortines de la guerrilla.
Es sorpresivo porque áreas del sur del país son la retaguardia de las Farc y no fueron incluidas en la decisión del Gobierno. La única explicación podría ser que el Gobierno escogió las primeras zonas como piloto para futuras zonas en regiones más complejas , dice el analista León Valencia.
De hecho, el Gobierno habla de evaluar los resultados en estos laboratorios de seguridad antes de crear nuevas áreas.
Por su parte, el ex candidato presidencial y general (r) Harold Bedoya cree que ese ensayo podría tener efectos negativos, porque no se puede empezar por lo pequeño para luego ir a lo grande .
En todo caso, las dos zonas se han convertido en áreas difíciles de controlar debido a la cruel disputa territorial que libran varios grupos ilegales. En Sucre y Bolívar, el área comprende los Montes de María, en donde dos frentes de las Farc, uno del Eln, otro del Ejército Revolucionario del Pueblo y los paramilitares se disputan el control de esta despensa agrícola, que sirve de corredor entre el golfo de Morrosquillo y la serranía de San Lucas, epicentro del comercio ilegal de armas, droga y gasolina.
En Arauca, la guerra entre los frentes 10 y 45 de las Farc, el Domingo Laín del Eln y las autodefensas ponen en riesgo la industria petrolera.
Redacción Política y Nación
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