EL CALVARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

EL CALVARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

A medida que la campaña presidencial toma fuerza, los candidatos se sienten obligados a abordar el espinoso tema de los servicios públicos. El vencedor tendrá que afrontar el final del último período de gracia- el 2005- que se le ha concedido al desmonte del sistema de subsidios, fijado por la Ley 142 de 1994. Un período de transición tan largo habla muy mal de la responsabilidad política de varios gobiernos, que en vez de asumir a fondo las consecuencias del modelo prefirieron pasarles a sus sucesores los costos sociales y políticos de la demora en acabarlos.

31 de marzo 2002 , 12:00 a. m.

A medida que la campaña presidencial toma fuerza, los candidatos se sienten obligados a abordar el espinoso tema de los servicios públicos. El vencedor tendrá que afrontar el final del último período de gracia- el 2005- que se le ha concedido al desmonte del sistema de subsidios, fijado por la Ley 142 de 1994. Un período de transición tan largo habla muy mal de la responsabilidad política de varios gobiernos, que en vez de asumir a fondo las consecuencias del modelo prefirieron pasarles a sus sucesores los costos sociales y políticos de la demora en acabarlos.

La reforma del sector requiere una evaluación realista que, a la vez que evidencie los vacíos, envíe a las empresas y a los usuarios mensajes claros. Los cambios no pueden significar el regreso a un paternalismo estatal dominado por la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción, que acostumbró a muchos usuarios a subsidios irreales, hoy insostenibles.

Las crisis económica ha convertido las tarifas de los servicios públicos en un calvario para muchos ciudadanos. Con la reducción de los ingresos de las familias y de las empresas, las facturas pasaron a ocupar un lugar nada desdeñable en la canasta familiar y en los presupuestos. Según un estudio de la consultora Riva y Asociados, el precio real de la energía eléctrica se dobló entre 1990 y el 2001. Las tarifas reales del agua urbana, según la misma firma, subieron en promedio 84 por ciento por encima del IPC, aunque expertos gubernamentales controvierten esta cifra. La Superintendencia de Servicios Públicos señala que, desde 1998, las tarifas de la energía se han mantenido por debajo o a la par de la inflación. Pero el elevado monto de la cartera morosa de las empresas prestadoras de servicios públicos, superior al billón de pesos, habla por sí solo de la crisis en la capacidad de pago de muchos usuarios.

La voladura de las torres de energía ha concentrado la atención casi exclusivamente en los problemas de las empresas asociadas con el sector energético. Pero aspectos fundamentales del modelo en crisis han quedado en la penumbra. Con terrorismo o sin este, las tarifas de la energía, al igual que las de agua y alcantarillado, deben ser revisadas. En teoría, las tarifas deben garantizar el funcionamiento del sistema en condiciones de mercado, reguladas por las respectivas comisiones.

Pero los costos que se derivan por la ineficiencia de las empresas siguen siendo elevados y en la gran mayoría de los casos responden por lo que pagan los usuarios. Según la Superintendencia, las pérdidas en energía son del 14 por ciento, y del 30 por ciento en el caso del agua. A juicio de expertos del Ministerio de Desarrollo, hay muchas empresas en las que el aumento de las tarifas se ha ido en contratación de personal superfluo, clientelismo y aumentos injustificados de los gastos de funcionamiento. En el caso de la Empresa de Acueducto de Bogotá, los usuarios pagan una de las convenciones colectivas más caras del país. Contrastan con lo anterior empresas de energía de ciudades como Medellín y Bogotá. Codensa, la más grande comercializadora y distribuidora, logró un recaudo cercano al ciento por ciento el año pasado. EPM, que hace dos años tuvo ventas cercanas al 30 por ciento del total facturado por las empresas del sector, tiene apenas 3 por ciento de sus usuarios en mora. Cifra aún más sorprendente cuando, según un estudio contratado por la misma empresa, el 85 por ciento de estos son desempleados.

La reforma de los servicios públicos debe seguir ampliando los logros obtenidos. No es nada despreciable el que, gracias a la ley, la cobertura nacional de acueducto haya pasado del 60 al 79 por ciento. En alcantarillado se pasó del 50 al 60 por ciento, y de 8 líneas telefónicas por cada 100 mil habitantes, a 23 líneas. En menos de 10 años, los usuarios del gas natural pasaron de 300 mil a 2,4 millones. En Bogotá, el Acueducto elevó sus inversiones de 200 mil millones de pesos en 1997 a 500 mil millones en el 2000, y la cobertura pasó de 89,3 por ciento en 1995 a 95,1 por ciento en el 2000.

El tema de los servicios públicos no aguanta tratamientos demagógicos. Hay que profundizar, no ahuyentar la participación de la inversión privada en el sector y obligar a las empresas a ser eficientes, desterrando la corrupción y la politiquería. Al mismo tiempo, se deben buscar alternativas que complementen los ingresos por tarifas para garantizar recursos por nueve billones de pesos, que necesita el sector en los próximos 10 años. Solo en el eléctrico, en los próximos cinco años, se requieren cerca de 2.800 millones de dólares en nuevas inversiones.

No hay, pues, fórmula mágica. Ni las tarifas deben reventar a los usuarios, ni estos deben creer en un modelo donde muchos consuman y pocos paguen.

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