La extensión .co que aparece al final de las direcciones de sitios web registrados en el país) es un bien de interés público y un recurso del sector de las telecomunicaciones. Por lo tanto, debe ser administrado por el Gobierno a través del Ministerio de comunicaciones.
Así consta en la resolución 600 de mayo del 2002, que obliga a la Universidad de los Andes, actual administradora del nombre .co , a dejar en manos del Estado la tutoría del dominio.
El asunto comenzó a vislumbrarse el año pasado, cuando la universidad descubrió que la terminación .co resultaba atractiva para las grandes compañías como un sustituto del genérico .com , que corresponde a las organizaciones comerciales en el ciberespacio y bajo el que figuran casi 23 millones de direcciones.
La institución decidió aprovechar la oportunidad de ampliar las posibilidades de negocios y, con la asesoría de Icann (por las siglas en inglés de Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) -encargada de la gestión mundial de los dominios virtuales-, dio inicio a un proceso de licitación para encontrar un subadministrador internacional del .co .
Los recursos generados por este concepto, aseguraron entonces voceros de la universidad, serían destinados al mejoramiento del servicio y a la financiación de la educación superior en Colombia.
Entonces, el Gobierno se enteró de que el apellido de las páginas nacionales sería comercializado fuera del país, acudió a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que determinó el manejo de la extensión .co como un asunto de interés público que competía al Ministerio de Comunicaciones.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigió a la entidad la expedición del régimen legal para la administración del nombre .co , aunque sostuvo que la Universidad de los Andes no estaba obligada a devolver el dinero cobrado por la administración.
Decisión polémica.
Carlos Herrera, analista de medios electrónicos, se trata de una decisión que debió tomar el Gobierno hace muchos años.
La administración ejercida por la Universidad de los Andes -aseguró- había estancado la explotación del .co y la había relegado a un plano secundario, lo que le restó importancia a la adjudicación de nombres virtuales en Colombia .
Daniel Corredor afirman que la decisión de la Ministra Montoya le significará al país la pérdida de varios millones de dólares que la entidad educativa pensaba recaudar con la adjudicación de licencias de administración del sufijo en el exterior.
En opinión de Corredor, la administración del recurso .co por parte de una organización privada garantiza la correcta inversión de los fondos.
El Artículo sexto de la resolución -señala- dicta que los ingresos recibidos por la adjudicación del dominio deben ser destinados exclusivamente al sostenimiento del servicio, sin darle cabida a otras alternativas que podrían ser muy benéficas para el país.
Dominios llamativos.
Algunos países aprovecharon sus terminaciones para captar clientes. Tuvalu, una pequeña isla del Pacífico Sur, licenció en 50 millones de dólares su extensión .tv a la firma dotTV, que ha vendido unas 450.000 direcciones a empresas de televisión.
Sin embargo, explica Herrera, el interés de las grandes firmas internacionales por la extensión colombiana se extinguió hace varios años: Las direcciones con sufijos como .net y .com ya están posicionados en el público. Es muy difícil competir contra nombres que llevan mucho tiempo en el mercado .
Además, como explica el periodista especializado en tecnología Orlando Rojas, las letras co fueron adjudicadas a Colombia a través de una norma ISO, y ninguna entidad o gobierno exterior puede hacer uso de ellas.
Actualmente -finaliza Rojas-, una persona debe pagar a los Andes una suma cercana a los 75 dólares por agregar la extensión .co en su dirección durante dos años. Si se rompe este esquema, el costo del servicio podría disminuirse, incluso, a 10 dólares.
EL SERVICIO CONTINUA.
Mientras la polémica se aviva, un equipo de investigadores y abogados de la Universidad de los Andes estudia la regulación expedida por el Ministerio para definir un plan de acción.
Ricardo Pedraza, director de tecnologías de la información de la institución y responsable administrativo del dominio .co , explicó que, en tanto no se definiera la situación, la universidad está en la obligación de garantizar el normal funcionamiento del servicio.
Es importante que la gente sepa -añadió- que existen normas expedidas por entidades de regulación como Icann para establecer ciertos parámetros de calidad. Independientemente de quién administre el servicio, estas normas serán respetadas en beneficio de los usuarios .
