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A SANEAR LAS CUENTAS PÚBLICAS

A SANEAR LAS CUENTAS PÚBLICAS

Dentro de la avalancha de leyes sancionadas a finales del año pasado, la Ley 716 del 24 de Diciembre ha sido objeto de críticas diversas: de una parte, por ordenar la exclusión de la información negativa histórica registrada en las bases de datos de las organizaciones que venían reportando acerca de los clientes morosos del sistema financiero; de otra, por incorporar una minireforma tributaria que modificó el régimen simplificado para los comerciantes minoristas o detallistas y para las personas naturales que presten servicios gravados.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
16 de enero 2002 , 12:00 a. m.

Sin embargo, el objetivo fundamental de esta ley denominada: de saneamiento de la información contable para el sector público ha pasado desapercibido, a pesar de que, desde hace cerca de cincuenta años, las entidades públicas de los niveles nacional y territorial carecían de un mecanismo legal que permitiera la depuración de los saldos con elevada antigedad o no representativos de derechos, bienes y obligaciones ciertas que figuren registrados en su contabilidad.

Efectivamente, lo que se pretende con esta Ley es sanear la información pública, dotando a la administración de una herramienta que permita determinar, a partir de una adecuada contabilidad, resultados confiables para la toma acertada de decisiones así como para la credibilidad en las cifras que sobre su realidad institucional presentan los distintos organismos públicos y con base en los cuales se sustentan las medidas económicas, fiscales y de gestión del Estado.

Tratándose de una ley que en este acápite posee vigencia transitoria, su cumplimiento debe ser inmediato. A los ministros, alcaldes, gobernadores, gerentes, directores y demás representantes legales de las casi tres mil instituciones que hoy conforman el Balance General del Sector Público, les corresponde iniciar ya las gestiones administrativas tendientes a desarrollar programas técnicos de depuración de los valores contables que cumplan las condiciones señaladas en la Ley. Igualmente las oficinas de control interno y la Contraloría General de la República, o sus homologas territoriales, aplicando modernas técnicas de auditoria, deben ejercer un control fiscal que garantice la transparencia de estos procesos.

Es de advertir que la amnistía contable consagrada en esta Ley no sustituye el ejercicio de las acciones legales derivadas de los actos irregulares u omisión de los deberes y responsabilidades de los servidores públicos o terceros involucrados; por ello no podrá utilizarse para eliminar evidencias o vestigios de malas actuaciones del pasado.

Una vez concluya el proceso de saneamiento contable los colombianos podremos conocer con certeza el valor de nuestro patrimonio público y, asimismo, esperar que así los balances generales de la nación y del sector público puedan recibir de la Contraloría General de la República dictámenes sin salvedades. Obviamente, esto sólo será posible si el gobierno que elegiremos este año, otorga la prioridad que demanda el tema de las cuentas claras y si los organismos de control, que igualmente inician su gestión el próximo 7 de agosto, ejercen un eficiente control fiscal. Ojalá esta nueva administración comprenda la envergadura de la responsabilidad que en esta materia le compete.

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