LA REFORMA A LA JUSTICIA

LA REFORMA A LA JUSTICIA

Si algo ha contribuido a agravar la terrible situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad y de orden público, es la incapacidad de los jueces para aplicar la ley en razón de la excesiva congestión de sus despachos, de la lentitud e ineficacia de los procedimientos o de la incompetencia de algunos de los funcionarios judiciales por inadecuada preparación o por falta de diligencia en la ejecución de su trabajo. En las encuestas que periódicamente se realizan, la calificación de la justicia es cada vez más baja, lo que demuestra hasta qué punto la que debería ser la más importante de las ramas del poder público ha perdido en el concepto de las gentes prestigio, respeto y fe. Y si alguien está en la obligación de tener en cuenta un hecho de tanta gravedad, para contribuir a corregirlo, es el gobierno, una de cuyas misiones más trascendentales es velar por el buen nombre de la Justicia y buscar que se aplique en todas partes y en la forma eficaz y oportuna en que lo des

21 de enero 1991 , 12:00 a.m.

Habrá, como siempre, quienes se opongan a estas medidas y protesten por su aplicación. Pero la opinión pública las apoya porque sabe que la vieja forma de administrar justicia ha hecho crisis entre nosotros y que es indispensable que en todo el aparato judicial se produzca una reforma a fondo, imaginativa y radical. Esa reforma no se agota con las medidas que a partir del 16 de enero puso en marcha el Ministerio de Justicia. Pero sí se inicia con ellas y nada vería la opinión pública con mayor desagrado que se le pusieran obstáculos artificiales y basados, peor aún, en un chato egoísmo profesional. Por otra parte, no debe olvidarse que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá como uno de los más importantes temas de su agenda el de la reforma a la Justicia. Durante la campaña que condujo a la elección de los 70 miembros de ese cuerpo, el punto relacionado con la urgencia de darle al país un aparato judicial ágil, bien dotado, bien pagado pero, por sobre todo, capaz, fue sin duda, el que mayor interés suscitó. Es más: desde la llamada pequeña Constituyente propuesta por el presidente López en 1975, el país viene tratando de reformar la administración de justicia. Pero ese deseo vehemente y que obedece a una sentida necesidad, ha tropezado una y otra vez, a lo largo de estos últimos 15 años, con un infranqueable obstáculo procedimental. La Constituyente se concibió, precisamente, como una vía para allanar esa recurrente dificultad.

A la Justicia hay que devolverle su dignidad y evitar que siga siendo, como lo es hoy, motivo de recelo, de burla o de los dos. La pronta y debida aplicación de la ley en materia penal, que hoy prácticamente ha desaparecido en Colombia, no es ni mucho menos una cuestión que se deba manejar con criterio estrecho, sino como algo que compromete el supremo interés nacional. Que, como lo sabemos todos, empezando por los jueces y por quienes litigan en sus despachos, prevalece, siempre, sobre el personal, el local o el gremial.

Que continúe, entonces, el Ministro de Justicia poniendo en práctica su plan de reformas. Y que sepa que en ese empeño lo acompaña la nación entera, horrorizada y repugnada por las fatales consecuencias de la impunidad. Que es el peor de los muchos males que han caído sobre la república y la causa de otros aún peores que, si no se acaba con ella, de seguro nos sobrevendrán.

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