PENSIONES DE CONGRESISTAS CON DOCUMENTACIÓN FALSA

PENSIONES DE CONGRESISTAS CON DOCUMENTACIÓN FALSA

Las denuncias sobre las irregularidades para obtener millonarias pensiones por parte de ex congresistas y parlamentarios en ejercicio comenzaron a cristalizarse. Ayer se comprobaron los primeros tres casos de falsificación de documentos para obtener la pensión de parlamentario.

24 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

De acuerdo con el contralor Carlos Ossa Escobar, varias pensiones de jubilación reconocidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso fueron obtenidas por medios fraudulentos por lo que se solicitó a esta entidad que, para evitar un mayor detrimento patrimonial del Estado, revoque los actos administrativos que autorizaron estos reconocimientos en cuatro casos: Las pensiones de jubilación de los ex congresistas Alfonso Araújo Cotes, Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas, Teodoro Chamorro Andrade y Nubia Rosa Brand Herrera; y la sustitución pensional obtenida por la actual Senadora María Consuelo Durán de Mustafá, viuda del fallecido ex congresista Feisal Mustafá Barbosa.

El contralor consideró conveniente aplicar la revocatoria directa establecida en los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo, debido a que en los casos mencionados la pensión de jubilación se adquirió por medios ilegales y, por consiguiente, estos derechos se alcanzaron sin cumplir plenamente los requisitos de ley.

En el caso de Alfonso Araújo Cotes la Contraloría estableció que no contaba con los requisitos necesarios en cuanto a tiempo de servicio, y que su pensión de jubilación fue obtenida por medios fraudulentos.

Araújo Cotes está afectado actualmente por una medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación, consistente en detención domiciliaria por presunta falsedad en documento público, fraude procesal y estafa agravada.

En el caso de Teodoro Chamorro se estableció que no reúne los requisitos necesarios para obtener la pensión de jubilación, al no tener el tiempo de servicio establecido. Además, el reconocimiento pensional fue obtenido por medios ilegales, al aportar una declaración juramentada para acreditar un tiempo de servicio en una entidad en la cual no laboró.

En el caso de Consuelo Durán de Mustafá se demostró que no tenía derecho a acceder como sustituta de la pensión de jubilación del fallecido ex congresista Feisal Mustafá Barbosa, quien no tenía los requisitos para tal prestación, al no acreditar el tiempo de servicio requerido.

Estas denuncias tienen relación con lo dicho por parte de la firma Páez Asociados, que realizó una auditoría sobre el Congreso y que estableció que en caso de la Cámara de Representantes está abocada a reformar cuanto antes su estructura administrativa para que pueda subsanar las deficiencias operativas, contables y administrativas que muestra año a año.

En su segundo informe de avance sobre la auditoría a la gestión fiscal de la Cámara en el segundo trimestre de 1999, la firma Páez y Asociados dice que las deficiencias administrativas en esta entidad han ido en aumento.

Resalta así como la carencia de controles financieros ha generado lucro cesante por excedentes en bancos.

Formula además observaciones sobre la carencia de austeridad en el gasto público.

Muchos gastos realizados en el segundo semestre de 1999 resultan exagerados, innecesarios e inoficiosos y dieron lugar a sobrecostos.

De acuerdo a este mismo informe, en el primer semestre de 1999, la Cámara contrató y pagó nómina paralela por $1.307 millones.

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