ZONA DE DESPEJE SÍ, PERO CON REGLAS

ZONA DE DESPEJE SÍ, PERO CON REGLAS

La Corte Constitucional debe respaldar las facultades del Presidente de la República para impulsar zonas de distensión en diálogos de paz, pero debe sentenciar que esas áreas no pueden servir para propiciar el delito, el secuestro ni violar los derechos humanos. (VER MAPA: ZONA DE DESPEJE)

01 de diciembre 2000 , 12:00 a.m.

Esta es la conclusión que expondrá un grupo de 18 personas, entre funcionarios del Estado y voceros de la sociedad civil, en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para el próximo 7 de diciembre, día final del plazo para que el Gobierno decida si prorroga o no la zona de despeje creada el 14 de octubre de 1998 para iniciar un proceso de paz con las Farc. Se trata de una zona de 42 mil kilómetros cuadrados.

El origen de la convocatoria pública radica en dos demandas elevadas contra cinco artículos de la ley que le confiere facultades al Presidente de la República para impulsar procesos de paz. Se trata de la ley 418 de 1997. La audiencia se realizará a las 8:30 de la mañana.

Los demandantes son los ciudadanos Bolívar Andrés Bernal Toro y Lincoln Castilla Báez, quienes consideran que las normas violan la Constitución porque dividen el territorio nacional, desbordan la función presidencial, limitan la acción de la Fuerza Pública y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales.

Los artículos cuestionados autorizan al Presidente de la República a crear las zonas de distensión, determinar la ubicación de la Fuerza Pública una vez iniciado el proceso de diálogo, nombrar por una sola vez en el Congreso y corporaciones públicas a integrantes de los grupos armados en procesos de diálogo y la atención y asistencia de los damnificados por la guerra.

Según el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, la facultad del Jefe de Estado para crear la zona de distensión es constitucional, pero se debe preservar el orden público. Debe sujetarse a una reglamentación , dijo Basilio Villamizar, presidente de la Cámara. El problema de la zona no es legal sino político , señaló Luis Eduardo Garzón, presidente de la Cut. La zona de despeje no debe ser objeto de abuso , insistió Eduardo Cifuentes, defensor del Pueblo.

EL TIEMPO presenta la audiencia pública con los convocados por la Corte Constitucional: Alfonso Gómez Méndez.

Fiscal General de la Nación La ley que permite crear las zonas de distensión se ajusta a la Constitución porque le da al Presidente instrumentos para la búsqueda de la paz. Lo que se debe discutir más adelante es la forma cómo se ha cumplido. En el tema de la justicia se deben buscar mecanismos para que una zona de distensión no implique que esa justicia sea desterrada de ese territorio .

Jaime Bernal Cuéllar, procurador general de la Nación La facultad del Presidente de la República para crear zonas de distensión no viola ninguna norma constitucional. Ese es un manejo que se le puede atribuir al Presidente sin que se oponga a principios de normas superiores En el concepto, el Procurador advirtió que el Presidente debe dar las instrucciones necesarias para la preservación del orden público en las zonas de distensión y que las demás autoridades deben ejercer sus funciones constitucionales y legales en tales sitios.

Basilio Villamizar, presidente de la Cámara.

Creo que se deben aplicar correctivos y no permitir que se distorsione la esencia para la cual fue creada la zona de distensión. Ese territorio debe ser utilizado para los fines por las cuales fue creado y no para negocios ilícitos, violar los derechos humanos y llevar secuestrados. El gobierno debe tener una posición rígida y drástica. La misión de la zona de distensión se ha incumplido en unos aspectos. Debe haber una reglamentación bien clara .

Daniel García Peña, ex consejero de Paz.

La ley lo que hace es desarrollar el mandato constitucional de buscar la paz facultando al Presidente para crear esas zonas como un escenario de negociación. Yo creo que las fallas que se han tenido son por el desarrollo mismo del proceso. La zona es simplemente un escenario para que se pueda hacer el diálogo. Infortunadamente no se ha llegado al punto de firmar acuerdos de tal manera que se pueda mejorar el comportamiento de la misma zona .

Juan Carlos Flórez, catedrático de la Universidad de los Andes.

Creo que la Constitución abre la posibilidad de que el Congreso le delegue al Presidente de la República atribuciones excepcionales en el manejo del orden público. Hay una tradición constitucional colombiana de reconocer a subversivos como delincuentes políticos que permite la existencia de esta zona de distensión. Distinto es la evaluación que hace la opinión del valor y del sentido que ha tenido esa zona de distensión que está hoy en cuestión. Lo critica desde Pickering hasta el ex presidente López.

Luis Eduardo Garzón, presidente de la Cut.

El problema de la zona de distensión no es legal sino político. La pregunta que se hace la opinión pública es para qué sirve esa zona de distensión. Se nos olvida que cuando la zona de distensión fue declarada muy pocas voces se levantaron para decir cuáles eran las condiciones en la que se le entregaba a las Farc 42 mil kilómetros de territorio. Creo que el problema de la zona de distensión es originado en un gravísimo error del gobierno que inicia negociaciones sin amarrar a la contraparte por ningún lado .

Camilo González Posso. vocero de Mandato por la Paz.

Las precisiones a la zona de distensión pueden hacerse y muchas, pero lo importante es que se hagan a través de la mesa de negociación, no como una condición para volver a iniciar los diálogos. Creo que en Colombia a pesar de algunas cosas el balance es positivo. La condición para que se hiciera la zona era que no hubiera acciones militares ni iniciativa de la Fuerza Pública y hubiera garantía para los participantes. Hay que entender la zona y no proponer modificaciones unilaterales .

Eduardo Cifuentes, defensor del Pueblo Creo que desde el punto de vista jurídico constitucional existen argumentos suficientes para declarar la exequibilidad de las normas que autorizan al Presidente a crear las zonas de distensión. En esa ley se enfrentan dos derechos fundamentales: la paz y el debido proceso representado en la suspensión de órdenes de detención a los subversivos. En este caso la paz es el derecho que prima. Desde el punto de vista político el mecanismo es útil para buscar una solución pacífica al conflicto pero la zona de distensión no puede ser objeto de abuso y sólo puede restringirse al propósito por el cual fue creada por la ley para alcanzar la paz .

Humberto de la Calle, ministro del Interior A través de un concepto enviado por el equipo jurídico a la Corte, el Mininterior dijo que el establecimiento de la zona de distensión no produce divisiones del territorio nacional, pues ésta se realiza en la comprensión territorial que se determine tal y como sucedió en los cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá, cuyos límites se mantuvieron intactos. La conformación de estas zonas es la ubicación de la organización armada para facilitar los diálogos. El Gobierno Nacional cuando establece una zona de distensión lo hace de manera temporal y con el fin exclusivo de llevar a cabo los diálogos.

Luis Fernando Ramírez, ministro de Defensa Mediante un concepto emitido por la división jurídica, el Mindefensa dijo que la facultad del Presidente para crear la zona de distensión es un mecanismo que desarrolla la Constitución en aras de buscar la paz entre los colombianos. En cuanto a la facultad para que el Presidente disponga la localización y modalidades de la Fuerza Pública, precisó que ello no desconoce la Constitución Política, pues el Presidente es el Comandante Supremo de las Fuerza Armadas.

Al Rojo, polémica por el área En el caso de la zona de distensión, desde el 14 de octubre de 1998, el presidente Andrés Pastrana ordenó el despeje militar de los municipios San Vicente del Caguán, Uribe, Macarena, Vistahermosa y Mesetas, ubicados en Meta y Caquetá para iniciar los diálogos de paz con las Farc.

Por esa vía, salieron del Batallón Cazadores, en San Vicente del Caguán, más de 1.000 soldados, así como 250 unidades de dos compañías del batallón Herrera Luna y de la Brigada Móvil Número 3 en Vistahermosa; 250 soldados de dos compañías del batallón Vargas y del batallón de contraguerrillas Número 32 en Uribe; 250 unidades de dos compañías de la Brigada Móvil Número 2 en la Macarena y 250 soldados de compañías de la Séptima Brigada en Mesetas.

Desde la creación de esa zona, según la Defensoría del Pueblo, se han comprobado 17 casos de desplazamientos forzados donde familias enteras han dejado sus propiedades y bienes en manos de la guerrilla. La misma Defensoría en sus estadísticas ha verificado y formulado denuncias sobre 23 homicidios, 22 desapariciones y reclutamiento de 34 menores en esa región del país.

Es más, según el personero de Mesetas, José Oscar Páez, en su jurisdicción la gente desplazada ya ha solicitado al gobierno una indemnización por los perjuicios causados por el abandono de sus tierras y la salida intempestiva de su sitio de vivienda.

En la fiscalía regional de Oriente y en Granada, Meta, varios ganaderos tienen radicadas demandas por pérdidas de cabezas de ganado en la zona de distensión.

Sin embargo, como ha sucedido desde el despeje de la zona, las Farc atribuyen las críticas contra los excesos en la zona de distensión a una campaña para desprestigiar este mecanismo creado a fin de celebrar los diálogos con el Gobierno.

Raúl Reyes ha dicho en varias oportunidades que no se puede hablar de excesos, pues las partes acordaron iniciar diálogos sin condiciones, por lo que ahora el Gobierno no puede exigir procedimientos de control.

Las Farc, además, han reconocido que sí han retenido personas, a las que acusan de servir a los paramilitares. También han admitido castigar a ciudadanos que violan las normas de convivencia. Reyes incluso aceptó la ejecución de 14 personas a las que sindicó de ser paramilitares.

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