LAS VÍAS DE HECHO

LAS VÍAS DE HECHO

Se está volviendo cotidiano en el país una preocupante práctica de recurrir a las vías de hecho para solucionar conflictos y obtener respuesta a las demandas particulares.

07 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Poco importa que con estos procedimientos se vulneren los derechos de otros, o se perjudique a personas que no tienen nada que ver con la reclamación. Es la primacía del interés individual y el desprecio del bien común, requisito indispensable para la convivencia ciudadana.

Los ejemplos abundan. Son los campesinos que bloquean por días una importante carretera para hacerse oír del gobierno central; son los taxistas locales que obstruyen el aeropuerto de Rionegro para impedir que otros taxistas puedan trabajar allí y conservar su monopolio; son los conductores de servicio público que en Cali paralizan una parte de la ciudad para presionar por mayores tarifas; son los vendedores ambulantes que se han adueñado del espacio público y recurren a la violencia para mantener su usurpación; son los habitantes de la calle del cartucho que -literalmente- a sangre y fuego pretenden impedir que se acabe la distribución de droga en la zona.

En algunos casos, o en muchos, el motivo de la reclamación y la protesta tiene clara justificación: hay paros por la carencia de servicios públicos, o la desesperada situación de millares de desplazados sin pan ni techo, o la angustiosa necesidad de que acaben las matanzas y vuelva la paz a una región. El problema surge cuando en estos casos, o peor aún, en aquellos otros sin motivo justificado, se atropella el derecho de otros, y se desconoce el mismo Estado de derecho, creando una espiral de hechos y violencia que pone en peligro la existencia misma de la sociedad. Cuando los perjudicados por alguna de estas manifestaciones decidan rechazarlas por las mismas vías de hecho, caeremos en la ley de la selva, donde el más fuerte será quien tenga la razón e imponga las condiciones.

Planteábamos en días pasados la necesidad de más Estado y más mercado para el desarrollo económico; pero no nos referíamos únicamente a la intervención de ese Estado en la regulación económica de la sociedad. Cada vez es más claro que la economía requiere para su buen funcionamiento de instituciones fuertes y sólidas, de un Estado de derecho donde impere la ley y cada uno de los ciudadanos tenga la garantía de que sus derechos serán respetados, pero también tenga la certeza de que no puede irrespetar impunemente los derechos de los demás.

Frente a esta situación hay dos posibles caminos: el de negociarlo todo, con lo cual se justifica y retroalimenta el acudir a las vías de hecho porque se demuestra que sirven para obtener resultados, o el de restablecer el imperio de la ley, como han hecho los Alcaldes de Bogotá y Cali en los recientes desalojos. Si se quiere defender el interés público no se puede negociar la Ley.

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