UNA AGENDA CON AMBIENTE DE CALOR

UNA AGENDA CON AMBIENTE DE CALOR

Los proyectos de ajuste fiscal, el debate al Plan Colombia y el estudio de las objeciones presidenciales a los proyectos sobre genocidio, desaparición forzada, Código Penal y la nueva forma de liquidación del impuesto predial serán el principal combustible de la nueva agenda legislativa.

13 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

A ello se le suma el ingrediente político de la Constituyente liberal; el deseo de los partidos políticos de revivir la reforma política que se hundió el 7 de junio del año pasado, y los interrogantes que enmarcan el futuro del proceso de paz, que, según algunos críticos, podría estar condicionado a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente y al eventual aplazamiento de las elecciones programadas para el próximo 29 de octubre.

Además, el aumento de la edad de jubilación, en 60 años para las mujeres y 65 para el hombre, lo mismo que otras modificaciones profundas al régimen de seguridad social y el estudio de una nueva reforma tributaria _la segunda en lo que va corrido de la administración Pastrana_ contribuyen a que todos esos elementos conjugados lleven a calentar el ambiente de la nueva agenda legislativa, que se inicia el próximo jueves y se extiende hasta el 20 de junio venidero.

Buena parte de los proyectos de índole económico, como el de saneamiento fiscal de las entidades territoriales y el de reforma constitucional a las transferencias territoriales hace parte del paquete de compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde ya, los alcaldes del país han esgrimido, con argumentos constitucionales, sus reparos a varios artículos del proyecto de racionalización tributaria en los municipios y gobernaciones.

Para ellos, la iniciativa que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, en sus dos debates reglamentarios y está a estudio de la Comisión Primera del Senado, es bastante ambiciosa en la búsqueda de unas entidades territoriales autosostenibles y por ello incurre en determinaciones inconstitucionales y pretende, por intereses particulares, matar políticamente a los actuales gobernadores y alcaldes, cuando su verdadero objetivo debe ser el del ajuste fiscal .

De alcaldes al FMI Precisamente, en días pasados los mandatarios locales dirigieron una carta a Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional, en la que además de comentarle que comparten en términos generales el espíritu del proyecto, le solicitan que les informe si la aspiración de ampliar a 24 meses las inhabilidades e incompatibilidades para los actuales gobernadores y alcaldes es realmente una sugerencia del FMI, tal como pretenden hacer ver algunos sectores del Congreso de la República y del Gobierno Nacional .

El citado proyecto y el que contrarreforma las transferencias territoriales serán estudiadas por la Comisión Primera del Senado, en donde existe un bloque de diez senadores que le ha hundido algunos proyectos al Gobierno, entre ellos el de la reforma política, que fue considerado en su momento como la iniciativa bandera de la administración Pastrana. Por ello la medición de fuerzas entre Ejecutivo y senadores está para alquilar balcón.

En cuanto al Plan Colombia, los congresistas liberales oficialistas han anunciado que citarán a varios de los ministros para adelantar un debate sobre los reales alcances de ese programa, al que califican de ambivalente y guerrerista . Desde ya se advierte que será un toma y dame entre oposición y Gobierno.

El ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, ya invitó al senador Amylkar Acosta a corregir públicamente sus apreciaciones sobre el Plan Colombia, a la vez que dijo que la discusión pública, objetiva y leal sobre el Plan contribuirá a subrayar las bondades de la inversión social, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la lucha contra el narcotráfico . Resta esperar la respuesta de Acosta, que muy seguramente se dará en los recintos del Senado.

No a objeciones Sobre las objeciones presidenciales a tres proyectos de ley: Código Penal, desaparición forzada y genocidio y modificaciones a la liquidación del impuesto predial en Bogotá, en el Capitolio Nacional ha comenzado a tomar fuerza el rumor de que el Senado y la Cámara no se aceptarán las objeciones por inconveniencia y dejarán en manos de la Corte Constitucional el estudio de los reparos por inexequibilidad.

Para evitar que el Jefe del Estado haga objeciones a proyectos en los que el Gobierno ha mostrado desinterés o no ha hecho reparos a lo largo de todo el trámite de una iniciativa, el senador Juan Martín Caicedo presentará un proyecto de acto legislativo que elimina las objeciones presidenciales por inconveniencia.

Así, en un ambiente bastante candente y enrarecido por la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz, se inicia un nuevo período legislativo que no será fácil ni para el Gobierno, ni para los diferentes partidos y movimientos políticos.

A continuación presentamos una breve reseña de los principales proyectos que integran la agenda legislativa que estudiará el Congreso de la República: Principales proyectos: Reforma tributaria: El Gobierno eliminará la mayoría de exenciones, deducciones y beneficios que recaen sobre el impuesto de renta a cambio de disminuir la tarifa del 35 al 32 por ciento. Para controlar el IVA se presentará nuevamente la propuesta de exigir a los clientes la factura de compra y se insistirá en el Régimen Unificado de Imposiciones (RUI) para poner a tributar a un mayor número de contribuyentes. El impuesto a las transacciones financieras, conocido como el dos por mil, se extendería hasta el 2002.

Reforma pensional: Es uno de los proyectos más controvertidos por sus implicaciones a nivel social. Contemplaría un aumento en la edad de jubilación, que pasaría de 55 años a 60 años para las mujeres y de 60 años a 65 para los hombres. Se incrementaría el número de semanas cotizadas para tener derecho a un pensión mínima al pasarlas de 1.000 a 1.300 y diseñará sistemas de transición gradual. Eliminará los regímenes pensionales especiales de Ecopetrol, Telecom, el Seguro Social, la rama judicial y las Fuerzas Armadas, entre otros.

Transferencias: Intenta desatar los recursos que transfiere la Nación a los departamentos y municipios de los ingresos corrientes. La intención es que los recursos a los territorios se fijen de acuerdo con el crecimiento de la economía y no como una proporción de sus ingresos corrientes. La discusión será difícil porque los congresistas estarán buscando votos para la próxima contienda electoral y no querrán echarse a las regiones encima.

Juegos de azar: Esa iniciativa va a permitir el financiamiento de la salud, donde existe un déficit muy grande, que ha conducido al cierre de hospitales y clínicas, a la vez que crea la Lotto Nacional. Ese proyecto fue aprobado por la Cámara y entra a estudio de la Comisión Tercera del Senado.

Saneamiento fiscal de las entidades territoriales: Se busca la racionalización de los gastos de los municipios y departamentos. Por ello se propone la categorización de los departamentos, se mete en cintura la remuneración de las autoridades locales y regionales y se endurecen las inhabilidades para éstas. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara y está a estudio de la Comisión Primera del Senado.

Ley de Jubileo o de rebaja de penas: El proyecto, que ya aprobó el Senado y entra a estudio de la Comisión Primera de la Cámara, dispone para todos los presos del país una rebaja de una sexta parte de la pena privativa de la libertad impuesta o que se imponga por todos los delitos cometidos antes del 28 de junio pasado. La redención de la pena no exime al beneficiado de la obligación de cumplir la totalidad de las penas accesorias impuestas y de indemnizar los perjuicios ocasionados.

Reforma agraria: Se ratifica la expropiación de bienes por vía administrativa para la aplicación de la reforma agraria. A los desplazados por la violencia se les asignarán predios para que vivan durante mínimo tres años, al cabo de los cuales se les entregarán los títulos de propiedad de esos bienes. El proyecto es debatido en todo el país, a través de foros coordinados por las comisiones quintas del Congreso.

Código de Procedimiento Penal: El proyecto ya fue aprobado por el Senado y se encuentra a estudio de la Cámara. En el pliego de modificaciones se propone reducir a la mitad los plazos del fiscal para la instrucción del caso; cuando el sindicado es abogado puede asumir su propia defensa; se pueden invocar nulidades en cualquier momento del proceso y la policía judicial puede recibir versión del acusado solo en presencia del fiscal y del abogado defensor. A más de 50 delitos se les cambia la pena por multa.

Código Penal: Las plenarias de Senado y Cámara deberán decidir si aceptan o no las objeciones presentadas por el presidente Andrés Pastrana a 85 de los 460 artículos del proyecto que reforma el Código Penal. Los artículos cuestionados por el Ejecutivo se refieren a la extradición, a la tipificación de los delitos de genocidio y desaparición forzada, a la manipulación genética y a la controvertida rebaja de penas para el secuestro.

Genocidio: Paralelo a la anterior iniciativa, el Legislativo tiene también que definir si comparte o no los reparos hechos por Pastrana, quien considera que en ese delito no se debe incluir el genocidio cometido contra grupos políticos o colectividades con identidad propia fundadas en motivos políticos.

Código Penitenciario y Carcelario: Se acaba con la detención prolongada en las comisarías; nadie podría permanecer privado de la libertad sin que se le legalice su captura; los bachilleres podrían prestar su servicio militar obligatorio realizando labores de alfabetización en las cárceles. Con ese proyecto, el Gobierno busca introducir una serie de modificaciones al sistema carcelario, que atraviesa por una grave crisis. El proyecto entró a estudio de la Cámara, tras ser aprobado por el Senado, el año pasado.

Reforma Política: Los partidos políticos buscan que los congresistas que renuncien a su curul puedan ocupar cargos públicos. En la actualidad consagra una inhabilidad de un año. También se propone que los ciudadanos podrán elegir a todas las autoridades que hoy establece la Carta Política y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale . Los partidos políticos buscan revivir las bondades de la reforma políticas que se hundió el año pasado.

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