LA POLÉMICA CUOTA

LA POLÉMICA CUOTA

La polémica que ha despertado el estudio de constitucionalidad de la ley de cuotas en la Corte Constitucional pone en primer plano un tema cuya discusión no termina aún en las sociedades más modernas. La sola idea de que el 30 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio en la administración pública sean desempeñados por mujeres suscita ácidas críticas y respetables cuestionamientos. Las dudas van desde la descalificación infundada y basada en la anécdota personal, hasta las más serias consideraciones de un eventual clientelismo femenino.

15 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Esta iniciativa es histórica y su discusión debería abrir el campo a otras leyes de acción positiva frente a grupos tradicionalmente excluidos del poder, como son las comunidades indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, es necesario considerar algunas objeciones. Por ejemplo, la eventual discriminación que las cuotas ejercerían sobre los hombres. El espíritu de una legislación de acción positiva o afirmativa (es decir, diferenciaciones legítimas entre grupos sociales según género, raza, etc.) es materializar un trato distinto sin discriminar a los otros grupos. Las experiencias de países como Estados Unidos han conseguido la inclusión de sectores marginados, el avance en la eliminación de la discriminación y una efectiva igualdad de oportunidades.

Y si las mujeres son incapaces y están mal preparadas y solo llegan a los altos cargos por cuotas obligadas? Es importante aclarar que tal argumento parte de un supuesto injusto y discriminatorio: el que es mayor la incapacidad femenina para los puestos públicos que la de los hombres. Dónde está la evidencia científica que pruebe esta tesis? Además, la mayoría de estos cargos son de libre nombramiento y remoción, así que, si son nombradas mujeres incapaces y negligentes, una parte de la culpa recae en los funcionarios nominadores. Las cuotas implican oportunidad y jamás un acceso regalado. Sería ingenuo pensar en la inexistencia de mujeres corruptas, ineficientes, nepotistas y mal preparadas. La esencia de la ley no es esa. Busca, por encima de todo, garantizar una participación equitativa de la mujer en los altos cargos públicos.

No obstante, lo que la Corte Constitucional debe definir es si el articulado de la norma se ajusta a la Constitución, sin considerar los problemas de su aplicación, que, obviamente, se presentarán. Existirán las mujeres preparadas? Por supuesto que sí. Están trabajando en las universidades, la empresa privada, las ONG y el Estado; y las del futuro están hoy en las aulas y en el exterior, preparándose para surgir en una sociedad inocultablemente machista. Esa es una contundente realidad, a la cual el país, con cuotas o sin ellas, debe acomodarse, casi con la seguridad de que le iría mejor, ahora que se ha ido demostrando una evidente asociación de la cultura machista con la profunda crisis por la que atraviesa el país.

Es un hecho también que la mayoría de mujeres colombianas no cuentan con las suficientes posibilidades y ven cerradas las oportunidades para educarse y trabajar y, adicionalmente, cumplir con las obligaciones en las cuales los hombres poco ayudan, como la maternidad y el hogar.

No hay que hacerse la falsa ilusión de que el acceso por la vía de las cuotas de la mujer a la alta dirección del Estado asegure una mayor equidad para sus congéneres. Este sería un paso en un largo camino para luchar contra la discriminación en un país construido a punta de odiosas y torpes exclusiones.

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