DESAPARICIÓN FORZADA, A LA CORTE

DESAPARICIÓN FORZADA, A LA CORTE

A la Corte Constitucional le correspondería dirimir el conflicto surgido alrededor de la supuesta inexequibilidad de algunas normas del proyecto que tipifica como delitos el genocidio y la desaparición forzada.

15 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Entre tanto, las plenarias de Senado y Cámara negarían las objeciones que por inconveniencia hizo el presidente Andrés Pastrana a la citada iniciativa.

Precisamente, los senadores Germán Vargas y Francisco Murgueitio, quienes integran la comisión del Senado que tiene como tarea estudiar las objeciones que presentó Pastrana a la ley que convierte en delito el genocidio y la desaparición y el desplazamiento forzados y aumenta la pena a la tortura, se reunió ayer con los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa.

Tras más de dos horas de discusión, el Gobierno y el Congreso no se pudieron poner de acuerdo frente a las objeciones.

En la reunión de ayer, el Ejecutivo insistió en que en el proyecto no se debe incluir el genocidio cometido contra grupos políticos o colectividades con identidad propia fundadas en motivos políticos, ya que la esencia del delito de genocidio es sancionar los actos que pretenden la eliminación de un grupo en cuanto tal y el genocidio político no afecta una identidad permanente, sino una identidad transitoria.

Se rumoraba que el Congreso no aceptaría esa objeción del Ejecutivo, al considerar que la noción de genocidio no hace diferencia en cuanto a identidades permanentes, toda vez que las convenciones internacionales se refieren a la eliminación de grupos religiosos y la religión es un factor que una persona puede cambiar en su vida, como lo puede hacer con sus convicciones políticas.

Como el Gobierno habría reiterado en la objeción por inconveniencia al señalar que la Convención sobre el Crimen de Genocidio sometida al voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas excluyó a los grupos políticos por cuanto no eran fácilmente identificables y su inclusión podrían causar interferencias internacionales en los asuntos políticos internos de los Estados, los senadores habrían presentado una tesis diferente.

Se comenta que para algunos congresistas, los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, establecen estándares mínimos de protección, lo que significa que en manera alguna excluye para que los países dentro de su legislación interna consagre legislaciones más rigurosas.

Vargas y Murgueitio se reunirán hoy con la cúpula militar, con el fin de conocer sus apreciaciones en torno al tema y en horas de la tarde estarían entregando su informe definitivo.

Prioridad: ONU La ONU hizo un llamado de urgencia al Gobierno y al Congreso para que penalicen la desaparición forzada, el genocidio, la tortura y el desplazamiento de acuerdo a las leyes internacionales.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos insistió en que el Presidente se comprometió en 1998 a penalizar estos delitos.

En Colombia hay un desaparecido cada día. Esto preocupa a la comunidad internacional, que desde 1988 advierte: es deber del Estado someter a juicio ante los tribunales ordinarios y no militares, a los supuestos autores... Y de velar porque exista un recurso judicial rápido para estos casos .

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.