DEFENSA DE LOS MÁS POBRES

DEFENSA DE LOS MÁS POBRES

Cada vez se van haciendo más evidentes las consecuencias sociales del desastre económico de 1999 y del error del diagnóstico que condujo a una política contraccionista y de elevación de impuestos cuando la economía ya mostraba inequívocos signos de recesión. Primero fueron las cifras de desempleo, y ahora Planeación Nacional acaba de divulgar los índices de la evolución de la pobreza y la miseria en el país, que muestran con toda claridad como la crisis y el ajuste afectaron sobre todo a los grupos más vulnerables de la población.

15 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

En los dos últimos años 2i 800.000 compatriotas redujeron sus ingresos a menos de 120.000 mensuales de pesos que es el monto que delimita la línea de pobreza; de estos, un millón y medio cayeron por debajo del umbral de la miseria, o pobreza absoluta, es decir que sus ingresos mensuales son inferiores a los 52.000 pesos Con este incremento de la pobreza, el 55 por ciento de la población colombiana -cerca de 23 millones de personas- se clasifican como pobres, y uno de cada cinco colombianos como indigentes, es decir que no tienen ni siquiera el ingreso mínimo para sobrevivir. La situación es muchísimo más grave en el campo, donde el índice de pobreza llega al 80 por ciento y el de miseria al 45 por ciento. Tal situación no solo es insostenible, sino que es el caldo de cultivo más propicio para toda clase de violencia.

El Gobierno también está preocupado y acaba de anunciar un plan contra la pobreza, dentro del cual piensa gastar 2 billones de pesos en tres años. Son cuatro los programas que se desarrollarían: entrega directa de subsidios (60.000 pesos mensuales) a unas 250.000 familias, construcción de vías en zonas marginadas, capacitación para jóvenes desempleados de los estratos más pobres y financiación de pequeños proyectos de infraestructura física o social desarrollados por las propias comunidades. Se trata de programas muy concretos y enfocados directamente a ayudar a los más pobres, por lo cual se espera que generen resultados positivos en términos de la elevación del nivel de vida de los beneficiarios.

El plan oficial tiene otra ventaja, y es que es realizable dentro de la estricta programación macroeconómica acordada con el Fondo Monetario. En efecto, aunque gastar unos 300 millones de dólares en cada uno de los próximos tres años implica elevar el déficit fiscal en un 0.4 por ciento del PIB, este gasto adicional ya cuenta con la aprobación del FMI, dentro de la nueva línea de esa entidad de incluir elementos de contenido social en sus programas de ajuste.

Sin embargo, tenemos dos observaciones al mencionado plan. La primera es su tardanza, pues no tiene ninguna justificación que se hayan dejado pasar 20 meses de gobierno para lanzar una iniciativa de este tipo. La segunda es su financiación, o mejor su carencia de financiación, pues a la fecha no hay ninguna fuente de recursos comprometida para su ejecución, tan solo solicitudes a los organismos internacionales. Mientras se concretan los créditos pueden pasas varios meses, de manera que los más pobres tendrán que esperar hasta el año entrante para recibir las ayudas ofrecidas.

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