CILINDROS APUNTAN A LOS CIVILES

CILINDROS APUNTAN A LOS CIVILES

Cuatro cilindros cargados con gas, dinamita y metralla explotaron el martes dentro de una vivienda de tres pisos matando a dos personas e hiriendo a otras catorce cuando la guerrilla intentó hacer blanco en la Cuarta Brigada de Medellín, a la que ni rasguñaron. (VER INFOGRAFIA: ARTEFACTO LANZADOR DE CILINDROS DE GAS).

19 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Apenas estaban frescas las imágenes de un niño de 12 años y de su madre de 44, que murieron el 3 de marzo cuando tres cilindros de gas cayeron en su vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en Barrancabermeja, vecina al Batallón de Artillería No.2 Nueva Granada. Milicianos de las Farc lanzaron los cilindros desde una distancia de 600 metros, pero los artefactos solo recorrieron un trayecto de 80, por lo que no alcanzaron su objetivo.

Estos ataques, en los que los civiles y sus bienes -contiguos a objetivos militares- resultan ser los principales afectados, plantean el debate sobre la utilización de armas criollas, cuando la práctica demuestra que su precisión es bastante reducida, y la conveniencia de que las guarniciones hagan parte de zonas residenciales.

Los cilindros, los mismos que utilizan las amas de casa para cocinar en las estufas de gas propano, fueron convertidos por las Farc en armas de guerra de fabricación casera, lo que les reduce costos frente a la compra de morteros en el mercado negro.

Los elementos que componen la mezcla explosiva de los cilindros bomba (nitramonio, pentonita, pólvora y cordón detonante) tienen un costo aproximado en el mercado de 300.000 pesos por cada pipeta, mientras que un mortero, que produce efectos similares, vale entre cinco y diez millones de pesos.

El primer registro que tienen las autoridades sobre la utilización bélica de estos artefactos data de diciembre de 1996, cuando el Ejército encontró el primer cañón casero desde el que se iba a lanzar un cilindro de 40 libras, dirigido contra el Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada, Meta. El atentado había sido planeado por el frente 27 de las Farc.

Desde esa fecha, la guerrilla perfeccionó esta técnica letal. El primer ataque masivo de pipetas de gas lo realizó en agosto de 1998 contra el batallón antinarcóticos en Miraflores, Guaviare. En esa ocasión fueron lanzados más de 50 cilindros que redujeron las fortificaciones y sistemas de defensa de la base, a escombros. En el ataque hubo 30 muertos de la Fuerza Pública y la insurgencia se llevó a 75 militares y 54 policías, los que aún permanecen en cautiverio.

Posteriormente, durante al ataque a Mitú, en noviembre de 1998, las Farc usaron cilindros, que, además de las explosiones, iban cargados con ácido sulfúrico, lo que aumenta su poder destructor.

La insurgencia amplió el margen de utilización de estas armas y desde ese año las usa en sus tomas a las poblaciones. Un informe militar señala que entre 1998 y lo que va corrido del año, las Farc y el Eln han realizado 258 ataques en 26 departamentos con estos artefactos.

Solo el año pasado, según el Ejército, 130 personas (entre civiles, policías y militares) murieron en ataques con pipetas de gas.

Empresas se organizan En la misma proporción en que han crecido las ataques, se han disparado los robos a los vehículos distribuidores de cilindros. Las autoridades militares estiman que 23.641 pipetas de gas fueron hurtadas entre el primero de enero de 1999 y el 22 de febrero pasado.

Antioquia es el departamento donde más han robado cilindros (2.800), seguido del Cauca (2.523), Norte de Santander (1.584) y Cundinamarca (1.556).

Aunque en Nariño no se han reportado hurtos de pipetas, estas ingresan al país por la frontera con Ecuador. Esta semana, el DAS incautó en Pasto 170 cilindros provenientes del vecino país, que presuntamente venían para la guerrilla.

Estos objetos no solo son utilizados como artefactos de guerra. También son usados en las cocinas de laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca.

El robo continuado de las pipetas ha llevado a las nueve empresas distribuidoras de este producto, agrupadas en la Confederación de Empresas Distribuidoras de Gas (Confedegas), ha restringir el horario de circulación de sus vehículos: no salen de noche y hay zonas a donde no volvieron por la inseguridad en áreas del occidente y el centro de Colombia, principalmente.

También, junto con la Policía Nacional, elaboraron un banco de datos en el que aparece el modelo y la placa de los carros, la firma a la que pertenecen y los nombres de los conductores y ayudantes, lo que permite el registro pormenorizado de los distribuidores y, por ende, un mejor control.

En Antioquia y la Costa, a los conductores se les ha provisto de radioteléfonos para que reporten cualquier novedad. Estas medidas son todavía muy débiles, pero han servido en casos como el de Antioquia, donde ha disminuido el robo , asegura Fernando Goyeneche, presidente de Colgas de Bogotá.

Pero lejos de ser el robo el principal impacto de la industria casera de los cilindros bomba, es el daño a la población civil el que alerta sobre la utilización de estas armas no convencionales.

El derecho internacional humanitario prohibe los ataques indiscriminados, entre otros los producidos por armas de precaria precisión, es decir cuyas probabilidades de dar en el blanco son mínimas (ver recuadro).

El general Alfonso Arellano, comandante operativo de la Policía Nacional, asegura que los cilindros no son confiables porque su fabricación rudimentaria hace la técnica de difícil control.

Por costos, la guerrilla también fabrica una pólvora casera con azufre, clorato y carbón vegetal. La baja calidad de la pólvora hace que la mitad de la onda explosiva se quede adentro del cilindro que sirve de mortero por lo que la pipeta que sale disparada (ver gráfico) pierde impulso y dirección , agrega el general.

Vecindad peligrosa Las armas caseras que utilizan las Farc, hoy en diálogos formales de paz con el Gobierno, son más destructivas en la medida en que las guarniciones, que son objetivos militares en una guerra, están ubicadas en zonas densamente pobladas por civiles.

Esto ha ocasionado que en sitios en donde la guerrilla ha destruido casas, hoteles, locales comerciales, edificaciones oficiales e incluso escuelas y templos religiosos la población proteste por la vecindad de las unidades militares y de policía.

Así se ha presentado en Cali, en donde en junio del año pasado, tras el ataque con cilindros de gas a la base aérea, los vecinos de los tres barrios del oriente de la ciudad solicitaron el traslado de esta institución. La petición fue reiterada luego del ataque del 18 de septiembre pasado contra la misma sede militar. Y pese a que el bombardeo de cilindros dejó cuatro heridos y 50 viviendas afectadas, la comunidad solo logró que las autoridades la invitaran a denunciar a personas sospechosas y movimientos extraños en ese sector.

Hay casos tan extremos como el de Pasto donde la comunidad lleva 20 años reclamando el traslado del Batallón Boyacá, ubicado en el barrio Parque Bolívar, a tres cuadras del Hospital Departamental.

La polémica sobre la permanencia de sedes militares y de policía en zonas residenciales se revivió por el atentado del martes a la Cuarta Brigada. Los vecinos de la guarnición insisten en su descontento por los continuos daños y riesgos de los ataques.

En esta pelea han entrado a terciar el gobernador de Antioquia, Alberto Builes Ortega, y el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez. El primero aseguró: La Brigada no se mueve ; pero el segundo tiene la idea de que esta guarnición debe estar cerca de la ciudad, más no dentro de una zona residencial.

En el país hay 551 unidades militares y 156 de la Policía (sin contar los comandos municipales), y de estas más del 60 por ciento están ubicadas en zonas urbanas.

Por esto, el general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, dice que hay que afrontar el problema y no creer que se arregla vendiendo el sofá , haciendo referencia al adagio popular del marido que resuelve la infidelidad de su mujer vendiendo el mueble.

Es como decir que para que no secuestren a los colombianos, pasemos a los 40 millones al exterior; o cambiemos las carreteras de sitio para que no las obstaculicen. Hay que afrontar la cosa y no lavarse las manos, pues lo importante es que haya presión de la ciudadanía para el cese de hostilidades , comenta.

Y si bien el derecho internacional humanitario no dice expresamente que las guarniciones tienen que salir de las zonas pobladas, lo que sí es cierto es que los militares están obligados a prevenir que se genere, por causa de ellos, daño a civiles.

Si se descarta el traslado de las guarniciones a lugares aislados de los centros urbanos, como lo ha dicho el general Tapias, hay medidas militares contempladas en el derecho internacional humanitario, que pueden contrarrestar los efectos de la guerra sobre la población. Por ejemplo, el control en las periferias de las unidades castrenses que lleven a reducir los ataques indiscriminados.

FOTO: A las Farc, cuyo jefe militar es el Mono Jojoy , les cuesta unos 300.000 pesos transformar una pipeta de gas en un cilindro bomba, mientras que un mortero de fabricación militar cuesta entre cinco y diez millones de pesos.

Fernando Vergara /Archivo EL TIEMPO A la luz del DIH Si bien los cilindros de gas no son armas convencionales típicamente prohibidas como las minas antipersonales, los gases asfixiantes o las armas inflamables, este tipo de artefactos bélicos generalmente facilita la violación de las medidas de precaución a las que están obligados todos los actores armados porque su impacto produce resultados indiscriminados.

La anterior apreciación resulta de una aplicación por analogía del artículo 51 del Protocolo I de 1977 que dice que se prohíben los ataques indiscriminados y se entiende por estos los que emplean métodos o medios de combate que no puede dirigirse contra un objetivo militar concreto.

En cuanto a las guarniciones, las normas del derecho internacional humanitario que se refieren a la ubicación de objetivos militares son facultativas y solamente obligan a las partes a tomar medidas de precaución para proteger a la población civil de los peligros resultantes de las operaciones militares.

*Información suministrada por Reynaldo Botero, experto en DIH.

Tutela por presencia de estaciones El debate por la ubicación de los cuarteles policiales o militares también llegó a la Corte Constitucional. Pueden o no funcionar esas estaciones junto a escuelas o instituciones civiles? No, es la respuesta de los magistrados del alto tribunal.

El argumento es que los niños no pueden estar en riesgo por la presencia de una guarnición cerca de su sitio de educación. No podemos dejar expuesto a las balas, al fuego, a las amenazas, al sector más vulnerable de la población: los niños , sentenció la Corte.

Se trata del último pronunciamiento sobre el tema y corresponde a un fallo dictado en abril de 1999 en el que se ordenó retirar un cuartel de Policía.

La decisión de la Corte se produjo a raíz de una tutela presentada por una niña de 14 años que consideraba que ella y sus 300 compañeros del Colegio María Inmaculada de Zambrano (Bolívar) estaban en peligro porque tenían como vecina a la Estación de Policía de la localidad.

Según constató la Corte, la estación y la escuela estaban separadas por unos pocos metros, los agentes de policía habían instalado tres barricadas que colindaban con la escuela y existía un serio riesgo de que el municipio fuera víctima de una toma guerrillera. Por eso ordenó su retiro.

Eso era lo que quería Tirofijo , exclamó el general (r) Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Militares, al conocer el fallo. En su criterio, la sentencia ignora la realidad del conflicto que se libra en el país. Es un absurdo , precisó Gilberto Toro, de la Federación Colombiana de Municipios.

Las opiniones de Bedoya y Toro sintetizan la polémica sobre la doctrina de la Corte en relación con la ubicación de la estaciones de policía o guarniciones militares. Los críticos de esa jurisprudencia precisan que fue adoptada a espaldas de la realidad nacional. No estamos en Suiza , agregó Bedoya.

Y qué pasa en la realidad? De acuerdo con un informe de los organismos de seguridad, 168 municipios pueden ser atacados en cualquier momento por la guerrilla o los grupos paramilitares. Otros 400 enfrentan el acoso de organizaciones al margen de la ley. Es más, 140 municipios están en la mira de la subversión y 28 son acosados por los paramilitares. La amenaza de la guerrilla ronda localidades de 20 departamentos. Lo cierto es que más allá de las cifras y hasta tanto la Corte no cambie su doctrina, es esa la interpretación constitucional que deben seguir los jueces del país cuando un ciudadano pida a través de una tutela retirar una guarnición militar o policial.

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